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Economía

Las propuestas de los partidos políticos para rebajar la factura de la luz

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Los responsables de Economía de los cuatro partidos políticos principales
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PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos (Cs) han coincidido en el debate que mantuvieron ayer en Efe en la necesidad de rebajar la factura de la luz, si bien PP y Cs han incidido en la necesidad de aligerarla de impuestos y las formaciones de izquierda en cambiar la regulación del mercado.

El popular Daniel Lacalle ha recordado durante el debate en el que han participado responsables de la parte económica de los programas de estos partidos que alrededor de un 60% de lo que se paga en la factura de la luz son impuestos y costes fijos. Hay que sacar del recibo eléctrico los costes y subvenciones “absolutamente desproporcionados” que se pasan al consumidor para sufragar cuestiones como las ayudas al carbón y las primas a las renovables, ha afirmado. Para Lacalle, es un “absoluto desastre para la economía, las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos” traspasarles los errores de planificación energética y ha alertado del riesgo que puede suponer el Plan de Energía y Clima para el déficit de tarifa, que durante el Gobierno del PP se había conseguido solucionar. Este problema o el de la escalada de los precios de la luz no se puede solucionar en su opinión con “un plan E escondido” y ha afirmado que se ha elegido la “alternativa más cara y ladrillera” para conseguir la descarbonización, además de aumentar el uso del gas natural y la dependencia energética de España.

El responsable de Economía en el Comité de Estrategia del PSOE, Daniel Fuentes, ha manifestado que la energía es un sector muy particular, con un “mercado monopolístico” en el que el regulador ha estado capturado más de una vez, especialmente durante las etapas de gobierno del PP. Fuentes ha afirmado que hay que dar unas condiciones de mercado competitivas e incorporar nuevas tecnologías, ambas compatibles con un modelo de transición energética que mire hacia el ecologismo.

El responsable económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, ha dicho que “es necesario intervenir ya” en el mercado eléctrico, donde las compañías han consolidado una sobrerretribución por los que se denominan “beneficios caídos del cielo”, pues se les sigue retribuyendo por inversiones ya amortizadas y con igual precio para las energías baratas que para las caras por el carácter marginalista del mercado mayorista eléctrico. Esos beneficios “inflan la factura eléctrica”, ha afirmado, por lo que su formación política defiende que se fije una regulación sobre esas retribuciones para que la reducción de la factura eléctrica sea posible antes de que ya estén extendidas la energías renovables.

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El secretario de Programas de Ciudadanos, Toni Roldán, ha considerado una “herencia del bipartidismo” del PSOE y el PP el alto precio de la factura de la luz. Roldán, que ha dicho que además de la deuda del sistema está el “capítulo de amiguetes”, ha manifestado que hay que incentivar la competencia en el mercado eléctrico, así como quitar una parte de los impuestos que ahora soporta la factura. Ha alertado también del riesgo de eliminar precipitadamente las nucleares y defender al mismo tiempo un abaratamiento de la luz.

En este sentido, ha pedido que “no nos engañen con propuestas que no son verdad” y ha recordado lo ocurrido en Alemania, donde esa política la ha llevado a depender en un 40% de la generación con carbón.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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