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Economía

Los inversores huyen de la Bolsa española tras el acuerdo del PSOE con “El chepas”

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EC (R) El mercado financiero español vive hoy su segundo día de pérdidas importantes, tras el anuncio del acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición. Los inversores han decidido, aparentemente de forma masiva, abandonar sus inversiones en las grandes empresas nacionales, ante el temor a una desaceleración de la economía más acusada de lo previsto, así como ante el temor a que algunas medidas concretas del nuevo gabinete resulten dañinas para la cuenta de resultados de algunos sectores. El más castigado por esa venta masiva de acciones en sin lugar a dudas el sector de banca. El compromiso de Pedro Sánchez de que Nadia Calviño ocupará la vicepresidencia económica -un gesto que se interpreta como una clara apuesta por el rigor en materia económica- no ha sido suficiente para tranquilizar a los ahorradores, que han decidido apostar por mantener posiciones de liquidez y abandonar los activos en riesgo.

El IBEX -el principal índice de referencia del mercado bursátil español- anota un retroceso del 1,57% apenas dos horas después de iniciarse la sesión, que se acumula a la baja del 0,86% anotada en la sesión del martes. En el caso de los valores del sector financiero, sin embargo, el temor a nuevos impuestos sobre la banca ha situado la cotización al mismo borde del pánico. Así, Bankinter retrocede un 4,12%; Sabadell el 4,18%; Santander el 3,58% y BBVA el 2,76%.

El caso de Bankia, heredero de Caja Madrid y en el que el Estado tiene una participación mayoritaria en el capital, es aún más significativo. Las acciones del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri perdieron en la sesión del martes un 4,55% de su valor y en la de hoy acumulan otro retroceso adicional en el entorno del 5%. En tan sólo dos jornadas una pérdida cercana al 10%, que parece estar justificada en el temor a que el Gobierno impulse un cambio de rumbo en la entidad, para que actúe como una banca pública y abandone su actual estrategia de comportarse como una entidad privada. La posibilidad de que Bankia pueda convertirse de nuevo en un banco gestionado por políticos, al modo manera de las antiguas cajas de ahorros, despierta numerosos temores.

La prima de riesgo, el diferencial que debe pagar España por su deuda pública en comparación con el bono de referencia de Alemania, también mantiene una tendencia alcista y desde la apertura del mercado de hoy se sitúa en 70,70 puntos, lo que supone 20 décimas más que al cierre del martes. El incremento de este índice supone que crece el denominado «riesgo-país» -crece por tanto el temor ante una quiebra de las finanzas públicas- de tal forma que el Gobierno español estará obligado a pagar tasas de interés más elevadas para endeudarse. Un efecto que, a su vez y de consolidarse este aumento de la prima de riesgo, detraerá recursos para el resto de políticas que quiera desarrollar el nuevo gabinete presidido por Pedro Sánchez.

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En contra de la creencia habitual de que los descensos bruscos de la Bolsa sólo afectan a los ciudadanos más acaudalados que realizan inversiones directas en ese mercado, lo cierto es que sus fluctuaciones tienen un impacto generalizado en amplias capas de la población, incluso en las más modestas. Buena parte de los activos financieros -fondos de inversión- en los que los ahorradores más modestos tienen depositados sus ahorros invierten en Bolsa y sufren o se benefician de sus movimientos. Los mismo sucede con las EPSVs -los fondos de pensiones que en el caso del País Vasco tienen una notable implantación entre los ciudadanos-, ya que una parte de sus activos están precisamente en acciones bursátiles.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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