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Economía

IRPF, pensiones, autónomos, alquiler… todos los cambios de los Presupuestos de 2019

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han firmado este jueves en el Palacio de la Moncloa el acuerdo sobre el proyecto de ley de presupuestos para 2019, que incluye diversas novedades:

Aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019. Actualmente el SMI está situado en 735,9 euros mensuales, por lo que elevarlo a 900 euros supone un incremento porcentual del 22,3%, el equivalente a 164,1 euros más. El pacto que tenía el anterior Gobierno (cuando Mariano Rajoy era presidente) incluía un incremento continuado hasta que en 2020 se alcanzaran los 850 euros. Esta medida implica 50 euros más y se pondrá en marcha un año antes.

Reforma de la cotización de los autónomos. El objetivo es que aquellos que tengan unos ingresos menores, cuenten con una cotización más baja. También se pretende poner coto a la proliferación de los llamados ‘falsos autónomos’, además de evaluar y revisar el régimen especial de criterio de caja en el IVA.

Modificación del IRPF para las rentas más elevadas. El tipo máximo del este impuesto se elevará dos puntos para las rentas a partir de 130.000 euros en 2019 y aumentará cuatros puntos para los ingresos superiores a 300.000 euros. Actualmente, se sitúa en el 45% en el tramo estatal. Asimismo, está revisto que se incremente hasta cuatro puntos porcentuales la fiscalidad del ahorro para rentas superiores a los 140.000 euros, hasta el 27%.

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Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2019. El resto de las pensiones aumentarán un 1,6%, según el IPC previsto para el año que viene.

Dos nuevos tramos de cotización en el sistema especial de empleadas del hogar. Esta modificación en materia de Seguridad Social es un paso previo a una plena integración en el Régimen General, que no podrá demorarse más allá de 2021.

Subida del Impuesto de Patrimonio. En concreto, el acuerdo alcanzado implica que se incremente en un 1% a las fortunas de más de 10 millones de euros.

Nuevo mínimo en el Impuesto de Sociedades. Se creará un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros. No afectará a Pymes.

Otras modificaciones de impuestos. Adicionalmente, para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos el tipo de gravamen será del 18%, dado que cuentan con un tipo nominal incrementando del 30%, frente al 25% general. También se limitan las exenciones por dividendos y plusvalías generados en el exterior. Por su parte, las Pymes que facturen menos de un millón de euros se reduce el tipo nominal del 25% al 23%.

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Las Sicavs, bajo el control de la Agencia Tributaria (AEAT). Las operaciones de este instrumento de inversión colectiva exigen un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes. Aparte del control por la AEAT, se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las Sicav del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva.

Cambios en el alquiler de viviendas. Entre las novedades destaca que los ayuntamientos podrán declarar la existencia de una zona tensionada (de manera temporal y excepcional) por tener precios abusivos. Además, se incrementará en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles a lo largo de un plan a cuatro años. Está previsto que se modifiquen los plazos mínimos de arrendamiento, las prórrogas o las garantías o la revisión de renta. Por último, los residentes podrán prohibir el alquiler turístico en la comunidad de vecinos. Todo esto se llevará a cabo con un aumento presupuestario del 38% hasta 2020.

Incremento de la prestación por hijo a cargo. El acuerdo de los Presupuestos incluye que se llegue a los 473 euros para combatir la pobreza infantil severa. Esta medida tendrá un impacto de 180 millones de euros el próximo año. Posteriormente, está previsto que se cree un programa de garantía de renta para familias sin ingresos, o con ingresos muy bajos.

Eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas. Se llevará a cabo de forma progresiva, empezando en 2019 por los pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad de 800 euros mensuales, en 14 pagas, lo que afectaría a unos 5 millones de personas. También para pensionistas que pertenecen a familias con renta anual inferior a 9.000 euros con un hijo o más a cargo y que representa a 1,8 millones de personas.

Más inversión en I+D+i. Subirá la partida de proyectos de investigación y facilidades para contratar gente a cargo de ellos y la destinada a la convocatoria regular de proyectos de I+D+i de ámbito estatal se incrementará en 85 millones más respecto a los 393,7 de 2018. Se aumentarán los contratos predoctorales y posdoctorales.

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Reducción de la deuda para entrar en la lista de morosos. Este importe pasará del millón de euros a 600.000. Al mismo tiempo, se reducirá a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales pueden realizar en efectivo en el seno de su actividad. Actualmente la limitación se sitúa en 2.500 euros para todos los ciudadanos.

Prohibición de las amnistías fiscales. Se imposibilitará por ley expresamente la posibilidad de realizar amnistías fiscales en el futuro debido a la “gran injusticia social” que suponen. La última amnistía fiscal fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012. Además, se estudiará modificar el umbral de punibilidad por fraude en 50.000 euros.

Desarrollo del modelo de transición energética. Se presentará un proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de final de año. Además, se revisarán los “beneficios caídos” de las eléctricas y nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Impulso al vehículo eléctrico. El plan de ayudas, que será estable e ininterrumpido hasta 2020, contará en ese momento con al menos el 30% de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel producida por el cambio normativo para dichas actuaciones.

Aumento de las ayudas a la dependencia. Se destinarán 515 millones de euros más para mejorar las cuantías del Sistema de Dependencia, hasta los 1.800 millones, un 40% más respecto al ejercicio anterior, así como 315 millones de euros para recuperar las cuotas de la Seguridad Social de 180.000 cuidadores familiares de los dependientes.

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Los permisos de paternidad y maternidad serán iguales, intransferibles y estarán remunerados por ley. Esta equiparación se llevará a cabo de acuerdo con un calendario: 8 semanas en 2019, 12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021. La regulación actual de los permisos de paternidad y maternidad establece 16 semanas para la madre y cinco para el padre.

Reforma del bono social. Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita del hogar vulnerable será el único criterio de adjudicación. También se pondrán en marcha diversas medidas que favorezcan el autoconsumo y la creación de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas (con una duración de cuatro años y con una movilización de 400 millones cada año).
Las horas extras volverán a cotizar.

Mejoras en las becas y reducción de las tasas universitarias. El sistema de becas para el curso 2019-2020 se simplificará para hacerlo más transparente, priorizando las ayudas concedidas por razones socioeconómicas. El acuerdo incluye una dotación de 50 millones de euros para material escolar gratuito en las etapas obligatorias y la reducción de las tasas universitarias a los niveles previos a 2012.

Universalización de la escuela entre 0 y 3 años. Para ello, se facilitará que las corporaciones locales puedan destinar parte de su superávit a financiar a las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones, lo que supone un impacto de 300 millones de euros. Asimismo, habrá una partida de 30 millones para los municipios que, no contando con superávit, planifiquen inversión en escuelas infantiles.

Reforma de la ley electoral. Las novedades son: un ‘mailing’ electoral único (para evitar gastos innecesarios y garantice un auténtico pluralismo e igualdad entre los partidos políticos concurrentes a las elecciones), establecimiento de ‘listas cremallera’, eliminación de las trabas del voto rogado y la búsqueda de una fórmula para mejorar la proporcionalidad del sistema electoral.

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Modificación de varios artículos del Código Penal. Los mayores cambios se encuentran en la regulación de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona y del 315, que castiga los piquetes de huelga. El texto pactado incluye también importantes modificaciones en la denominada “ley mordaza”.

Delitos sexuales y violencia de género. Se impulsará una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación. El objetivo es eliminar la diferenciación entre delito de abuso sexual y el de agresión. Con estos prepuestos, se aumentará un 10% la dotación presupuestaria para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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