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Economía

La EPA certifica el frenazo del empleo: ‘sólo’ 69.400 ocupados más en verano

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El enfriamiento económico sigue haciendo mella en el mercado laboral. La Encuesta de Población Activa (EPA), difundida este jueves, refleja un aumento del empleo de 69.400 personas en el tercer trimestre. La cifra es muy inferior a los 183.900 nuevos ocupados que se registraron en el mismo periodo de 2018.

Es decir, 114.500 menos, a pesar de que el verano es la época más propicia para el empleo, por el empujón de la temporada turística.

La desaceleración también se nota en las oficinas del paro. Entre junio y septiembre, el desempleo descendió en 16.200 personas. En los mismos meses del año pasado, el número de parados bajó en 164.100, según la encuesta elaborada por el INE. El dato de 2019 es el peor en siete años y deja el número de parados en 3.214.400. La tasa cae por debajo del 14% por primera vez en diez años, para quedar fijada en el 13,92 %.

Tras el incremento del empleo se encuentra, como es habitual cada verano, el tirón del sector servicios, impulsado por la contratación en restaurantes, hoteles y comercios.

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Los datos del INE muestran los efectos claros de la desaceleración en el mercado laboral. Para encontrar un dato similar de ocupación hay que remontarse al año 2013, cuando se crearon 69.400 puestos de trabajo en el tercer trimestre. Desde entonces, la ocupación ha ido creciendo con fuerza, hasta alcanzar un pico de 226.500 en 2016.

La EPA también recoge un dato negativo. El número de hogares con todos sus miembros activos en paro vuelve a superar la barrera simbólica del millón. Crece en 17.200, hasta 1.010.000 unidades familiares. Mas de la cuarta parte son hogares unipersonales (270.000).
Fuerte contratación en servicios

Según la encuesta del INE, buena parte del aumento de la ocupación se concentra en el sector servicios, ligado al negocio turístico. Entre junio y septiembre se generaron 87.700 personas. Le siguió la industria, con 51.20o. En el lado opuesto se sitúan la agricultura, con 63.000 ocupados menos; y la construcción (6.500 menos). En los últimos 12 meses, los servicios acumulan más de 248.000 nuevos ocupados. Le sigue a mucha distancia la industria (90.100) y la construcción (29.700).

En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 346.300 personas (162.200 hombres y 184.200 mujeres). La tasa de variación anual de la ocupación es del 1,77%, lo que supone un descenso de 61 centésimas respecto al trimestre anterior.
Los jóvenes, los más afectados por el paro

Por grupos de edad, se observan descensos del paro este trimestre entre las personas de 55 y más años (–19.500) y de 25 a 54 años (–15.200). Por el contrario, el número de parados sube en 17.200 entre los de 20 a 24 años y en 1.300 entre los de 16 a 19 años. Por nacionalidad, el paro sube este trimestre entre los españoles en 9.300 y disminuye entre los extranjeros en 25.600. La tasa de paro de la población española es del 13,11%, mientras que la de la población extranjera es del 19,34%.

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Reparto por CCAA

En cuanto a la distribución regional del empleo, los mayores incrementos en el tercer trimestre tienen lugar en regiones con fuerte implantación de las empresas turísticas. A la cabeza están las Islas Baleares, con 41.000 ocupados más. Le siguen Cataluña (31.300) y Comunitat Valenciana (16.700). En el extremo opuesto se alinean Andalucía (–35.000), País Vasco (–15.100) y Canarias (–8.500).

Si se efectúa un balance anual, Madrid estaría a la cabeza en la creación de empleo, con 104.500 puestos generados. Le siguen Cataluña (68.500 más) y Andalucía (68.100).

El comportamiento del paro es similar. Las mayores bajadas trimestrales del desempleo se dan en Balears (–24.700), Comunidad de Madrid (–10.500) y Cataluña (–9.200). Por su parte, los mayores incrementos se producen en Andalucía (30.300 parados más), Región de Murcia (6.000) y País Vasco (5.600).

(El Independiente)

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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