Aunque Pedro Sánchez viene defendiendo estos días la condición del PSOE como partido constitucional y su respeto «desde el primero hasta el último», lo cierto es que en el apartado del modelo territorial de su programa electoral, el PSOE muestra su rechazo a la utilización del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

En PSOE considera que «la crisis actual del modelo territorial» está derivada por el «crecimiento de las aspiraciones independentistas en Cataluña, ante la inacción del Gobierno del PP». Ante ese escenario, el PSOE se compromete a «liderar» las reformas en este sentido. Se remite la Declaración de Granada de 2013 y la Declaración de Barcelona de 2017. Ambos son proyectos que rechazan el derecho de autodeterminación a cambio de «un nuevo impulso del autogobierno».

Instalado en su habitual equilibrio en la materia, los socialistas rechazan el conocido como derecho a decidir pero también cuestionan la idoneidad de aplicar el 155: «Ni desde el derecho de autodeterminación ni desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155 de la Constitución Española, puede construirse el futuro».

El PSOE plantea un modelo de Estado en el que exista un «reconocimiento expreso en la legislación» de los instrumentos y procedimientos de colaboración entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. En este sentido, Sánchez plantea que la conferencia de presidentes autonómicos sea una reunión «periódica y obligada».

Además, vuelve a plantear algún tipo de reforma del Senado, aunque el programa no pasa de las buenas palabras: «El Senado debe convertirse en un lugar de encuentro de las comunidades autónomas con el Gobierno de España y de éstas entre sí, para que contribuya de manera más eficaz al funcionamiento integrado del modelo territorial».

Defienden también los socialistas «la participación de las comunidades autónomas en las actuaciones y decisiones del Gobierno de España» para favorecer «una auténtica integración». Por ejemplo «la participación en el ejercicio de competencias del Estado por su carácter supraterritorial». Pero también que las autonomías tengan un papel «en la designación de los integrantes de instituciones del Estado o distintos organismos económicos y reguladores» cuya actuación tenga incidencia sobre las comunidades autónomas.

En esa reforma constitucional habría una «mejor delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas» y establecer que «todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica». En ese sentido, el PSOE quiere incluir en la Constitución «los principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios».

Los socialistas proponen «el reconocimiento de las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos de Autonomía». Se trataría de «una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos», además de una organización institucional y territorial «adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios».