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Economía

Vox se une a la izquierda y tumba en la Asamblea de Madrid el proyecto de rebajas fiscales de PP y Ciudadanos

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La rebaja fiscal que ha propuesto el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha visto la luz este jueves en la Asamblea de Madrid. Vox ha mantenido su enmienda a la totalidad para tumbar la Ley de Deducciones Fiscales de PP y Cs, tal y como había anunciado la portavoz de este partido, Rocío Monasterio. Y así lo ha hecho, tras rechazar la formación naranja los recortes en las subvenciones que habían pactado el PP y Vox.

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, que habían presentado también enmiendas a la totalidad al proyecto de ley, han votado en bloque a favor de sus iniciativas y de la de Vox, por lo que la Cámara regional ha rechazado tramitar la primera ley del Ejecutivo de PP y Ciudadanos de rebajas fiscales aplicadas en el tramo autonómico del IRPF, que beneficiarían a jóvenes, estudiantes y familias con dependientes a su cargo.

La tensión entre Vox y Ciudadanos a cuenta del proyecto de Ley de Rebajas Fiscales la captaban las cámaras de Telemadrid en la gala de Onda Madrid. Monasterio acusó al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado de dinamitar la prosperidad de los madrileños. Vox quiere que los 16 millones de euros que dejará de ingresar la Comunidad por esa rebaja, se compensen con la retirada de subvenciones. Ciudadanos no quiere que haya recortes sociales.

“No dinamites la prosperidad de los madrileños” le reprochó Rocío Monasterio al vicepresidente Aguado en la gala de Onda Madrid. Este jueves finalmente Vox ha mantenido su enmienda a la totalidad. Para Rocío Monasterio sólo hay un culpable, Ciudadanos, a quien acusa de “dinamitar el acuerdo”.

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Al parecer Vox y PP habían pactado reducir subvenciones, como pedía Vox, y el listado lo habría elaborado el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, acuerdo que Monasterio y Fernández-Lasquetty confirmaron que habían alcanzado.

Acuerdo frustrado con el PP

Lasquetty ha reconocido el acuerdo y ha lamentado que su iniciativa no saliese adelante, que incluía rebajadas para jóvenes, vivienda, y dependencia, y les ha indicado a los grupos que están “ante una realidad parlamentaria incompatible con la terquedad y con la obcecación”.

Pero Ciudadanos ha negado que existiera tal acuerdo entre el Gobierno regional y Vox y ha rechazado cualquier recorte.
Aguado y las excusas de Vox

Aguado, ha acusado a Vox de bloquear el proyecto de ley de rebajas fiscales impulsado por el Ejecutivo con la “excusa” de realizar “recortes” en materia de lucha contra la violencia machista, de colectivos LGTBI o de derechos de los más vulnerables.

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Aguado ha pedido disculpas a los 30.000 madrileños que iban a beneficiarse con estas ayudas porque “al final no por culpa del Gobierno, sino por culpa de terceros partidos” esta iniciativa no va a salir adelante.

Ha apuntado que hace unas semanas Monasterio, se inventaba la “excusa” del ‘pin parental’ para condicionar la aprobación de los presupuestos regionales y en esta ocasión se ha inventado una serie de “recortes” que, a su juicio, no tienen “ninguna justificación.

Ayuso lamenta la disputa política

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que lamentaba “que sea una disputa política que no conduce a nada lo que impida aplicar esta Ley tan importante, y lo voy a volver a intentar”.

Ayuso ha agradecido a su consejero de Hacienda estos meses “de debate y de intenso diálogo para intentar aprobar un proyecto de ley tan importante para tantas familias”. “Pido a los grupos que lo reconsideren y que permitan que esto salga adelante. Estas deducciones son muy importantes para muchas familias, para muchos jóvenes, y creemos que van en la dirección que siempre hemos defendido en la Comunidad”, ha subrayado.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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