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Economía

Guaidó solicitó a May que el Banco de Inglaterra le negase los lingotes de oro solicitados por Maduro

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Juan Guaidó
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El autoproclamado presidente “encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, ha solicitado a la primera ministra británica, Theresa May, detener la repatriación de las 31 toneladas de oro que el Gobierno venezolano tiene en el Banco de Inglaterra, según una carta enviada por el propio político.

Desde el año pasado, el país latinoamericano ha intentado en varias ocasiones retirar el oro que tiene en la institución británica por el temor a sanciones internacionales y posibles embargos económicos, en un momento en el que la nación petrolera atraviesa una crisis de liquidez tras la caída de su producción de crudo.

Guaidó, reconocido como presidente interino por más de una docena de países encabezados por Estados Unidos, ha pedido en una carta enviada a May, fechada el pasado 26 de enero, detener “esa transacción ilegítima (…) si el dinero se transfiere será usado por el régimen de Maduro para reprimir al pueblo”.

La misiva también fue entregada al gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney. El Banco y la oficina de May no han respondido a la solicitud de comentarios por parte de la agencia Reuters, así como tampoco lo ha hecho el Gobierno venezolano.

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Venezuela realizó el pasado mes octubre la petición, cuando tenía 14 toneladas de oro en el banco británico. Pero en el proceso de gestión para intentar movilizar los lingotes, el emisor venezolano duplicó su cantidad de oro depositada en esa institución a 31 toneladas, equivalentes a 1.200 millones de dólares.

Esa acumulación de lingotes se debió al pago que el Gobierno de Nicolás Maduro habría hecho a finales de año al Deutsche Bank para conseguir recuperar unas 17 toneladas de oro que había colocado en garantía de un préstamo de hace tres años.

Las autoridades británicas han sido reacias a movilizar los lingotes solicitados por Maduro pese a las gestiones del presidente del Banco Central, Calixto Ortega, para repatriar el oro, cuyo transporte es increíblemente costoso.

La Administración de Maduro no ha detallado el motivo por el que quiere ahora recupera el oro, aunque desde el pasado año ha optado por exportarlo a países como Turquía, que se ha convertido en su más reciente aliado.

Guaidó, por su parte, ha afirmado en las cartas enviadas a May y Carney que la repatriación era ilegal porque la designación de Ortega como presidente del Banco Central no fue aprobada por la Asamblea Nacional y ha añadido que esos activos deben ser guardados “para apoyar la recuperación de Venezuela”.

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El Parlamento venezolano trabaja en un acuerdo de recuperación de activos en el exterior. El país petrolero ya lleva cinco años en recesión con hiperinflación, lo que ha llevado a la migración de unas tres millones de personas desde 2015, según Naciones Unidas.

Maduro culpa de la crisis a la “guerra económica” lanzada desde Estados Unidos y el sector privado, pero economistas y críticos al Gobierno dicen que la contracción de la economía se debe sistema de intervención estatal.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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