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Economía

El hachazo fiscal que prepara Sánchez: subidas anuales de hasta 3.000 € por contribuyente en Madrid

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El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, prepara ya su artillería fiscal. En caso de que conserve el poder tras este 10-N su plan de subida de impuestos generalizado para todos los españoles será de un mínimo de 1.000 euros por contribuyente y año. Pero ese cálculo sólo incluye el impacto de los hachazos sobre los impuestos nacionales: IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuestos Especiales y los nuevos tributos que recogen los socialistas en su programa fiscal. Esa cifra se dispara al sumar los hachazos fiscales que preparan para los impuestos autonómicos: ahí pretenden quitar libertad a las comunidades autónomas y el golpe llega hasta los 3.000 euros por contribuyente y año en el caso de la Comunidad de Madrid.

El plan socialista para los impuestos autonómicos pasa por impedir el alto grado de rebajas de impuestos que han practicado algunas de las comunidades del PP. Y como máximo exponente la Comunidad de Madrid. Sánchez quiere impedir llevar casi hasta cero impuestos como Sucesiones, Donaciones y Patrimonio.

Eso supone un fuerte golpe teledirigido a la forma de hacer política de los populares. El PSOE lo vende como una “armonización fiscal”. Pero lo cierto es que es un mecanismos para sacar recursos de las comunidades gobernadas por el PP para enviarlos a otras. Por ejemplo, Cataluña, donde las promesas de Pedro Sánchez necesitan encontrar una vía de financiación.

Armonización fiscal

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Si se produjera esa supuesta armonización fiscal, tal y como está planteando el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, se traduciría para las regiones con menores impuestos, y en concreto para los madrileños en una subida masiva de impuestos. En total, los contribuyentes de la Comunidad de Madrid tendrían que hacer frente a una subida fiscal de 5.900 millones de euros anuales si se igualase, por ejemplo, a la fiscalidad de Asturias, donde ha gobernado tradicionalmente el PSOE.

Esto afectaría prácticamente a todos los impuestos de competencia autonómica, como el tramo cedido a las autonomías en el IRPF, el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). El desglose por tributos del efecto de la subida de impuestos a los madrileños sería el siguiente:

Los 5.900 millones de euros de subida serían equivalentes a unos 2.000 euros por contribuyente madrileño al año. Además, hay que añadir el coste de la subida de impuestos nacionales que ha anunciado Sánchez, y que si continua en el Gobierno, supondrá 1.000 euros más a cada contribuyente madrileño.

Esta subida de impuestos, además, de 3.000 euros por contribuyente equivale a:

– El 11% del salario medio anual de un trabajador en la Comunidad de Madrid (sueldo bruto anual de 27.759 euros en 2018).

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– Más de lo que ingresa un hogar madrileño 1 al mes (la renta media anual de los hogares madrileños es de 33.055 euros anuales, es decir, 2.754 euros mensuales). 1 El número de hogares madrileños es de 2.589.000, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos de gasto utilizados corresponden a la Estadística de Presupuestos Familiares de 2018.

– Más del 70% de lo que gasta una familia madrileña al año alimentación (4.223 euros).

– Casi el doble de lo que gasta una familia madrileña en Ocio y Cultura al año (1.643 euros).

– Dos terceras partes de lo que gasta cada madrileño al año en vivienda (4.727 euros).

– Tres veces lo que gasta anualmente un hogar madrileño en telecomunicaciones (internet, teléfonos, televisión: 964 euros)

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– El 80% de lo que gasta un hogar madrileño en desplazamiento y transporte de todo tipo (3.790 euros).

– El doble de lo que gasta cada madrileño en hostelería y restauración al año (1.522 euros).

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2 Comentarios

1 Comentario

  1. Avatar

    Ramsés

    09/11/2019 at 14:10

    ¿Que ha ocurrido con el traductor? Es una pena, yo compartía en redes como Minds y Gab y me venía muy bien para publicar en inglés.

    • Avatar

      Lx7qK23CMx

      09/11/2019 at 16:04

      Tienes toda la razón, Ramrock. Se pondrá un traductor aún mejor que el anterior. Faltaría más… tu no lo sabes, pero nos conocemos desde hace más de 10 años. Ya hablaremos, camarada. 🙂

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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