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Tribunales

La amenaza de un segundo juicio por desobedecer con los lazos planea sobre Torra

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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, el pasado lunes camino al TSJC para ser juzgado por desobiediencia
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La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado llevar a la vía penal al presidente catalán, Quim Torra, por desoír una orden suya del pasado mes de septiembre para que retirara del Palau una pancarta de apoyo a los políticos presos con un lazo amarillo.

En un auto, que cuenta con el voto particular de uno de los cuatro magistrados, el TSJC resuelve deducir testimonio contra Torra ante la sala penal del alto tribunal por no haber descolgado la pancarta, dentro del plazo de 48 horas que le dio, a raíz un recurso que la asociación Impulso Ciudadano presentó para mantener la neutralidad del edificio incluso fuera de período electoral.

De prosperar este proceso penal, esta sería la segunda causa abierta a Quim Torra por negarse a quitar símbolos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos dentro de los plazos establecidos, lo que el lunes pasado ya le llevó a juicio ante el TSJC, en este caso por desobedecer presuntamente a la Junta Electoral.

El TSJC ordenó el pasado 20 de septiembre a Torra que retirara la pancarta, con el lema «Libertad presos políticos y exiliados» y flanqueada con un lazo amarillo, al considerar que debe garantizarse la «neutralidad institucional» del edificio, como medida cautelar mientras resuelve el recurso presentado por Impulso Ciudadano, asociación liderada por el exdiputado de Cs en el Parlament José Domingo.

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El presidente de la Generalitat, no obstante, desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d’Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los presos del Palau «de forma inmediata».

Ante ese segundo requerimiento dirigido a la policía catalana, el 27 de septiembre personal de mantenimiento del Palau retiró la pancarta, tras lo que cuatro activistas independentistas -los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Silvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals- desplegaron otra con el lema «Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos».

En su auto, fechado el 4 de noviembre -antes del juicio a Torra-, la sala contenciosa desestima el recurso que presentó el presidente catalán y le advierte de que la pancarta y el lazo son símbolos «cuya naturaleza no es neutral y, por ende, inevitablemente partidista».

En su recurso, Torra invocaba la libertad de expresión, pero la sala le recuerda que el presidente tiene ocasión de ejercitarla «en todos los foros y en todos los formatos a su alcance, en el Parlament y en los medios públicos y privados de comunicación», sin invadir los derechos de libertad ideológica y neutralidad institucional planteados por Impulso Ciudadano.

La sala acuerda además deducir testimonio contra el presidente de la Generalitat, y remitirlo a la sala civil y penal del TSJC para que lo investigue, después de que el 27 de septiembre constatara, a través de su secretaria judicial, que la pancarta seguía en el Palau pese a haber expirado el ultimátum a Torra.

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Por ese motivo, el tribunal decidió requerir al comisario de los Mossos que diera instrucciones a sus fuerzas para descolgar la pancarta, lo que no fue necesario porque, a las 15.40 horas de ese mismo 27 de septiembre, la policía catalana levantó acta constatando que se había retirado.

Voto particular

Como ya hizo cuando el tribunal dio el ultimátum a Torra el pasado 19 de septiembre, el magistrado Eduard Paricio se desmarca de la sala en un voto particular al considerar que una pieza de medidas cautelares no es el marco «idóneo» para adoptar decisiones que responden a cuestiones de fondo.

El juez alega que en este caso se discute sobre cuestiones de una «notable complejidad jurídica» ya que afectan a los límites del derecho de los cargos a la libertad de expresión, al alcance y naturaleza de la neutralidad que se puede exigir a las instituciones y a los derechos de los ciudadanos al respecto.

Por este motivo, concluye en su voto particular que antes de adoptar medidas como las que han asumido sus compañeros de sala se tendría que permitir que las partes desplegaran con profundidad sus razonamientos y que pudieran aportar las pruebas que consideren necesarias.

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A su entender, en el actual momento procesal de esta causa no se presenta con «suficiente claridad» el debate «como para permitir que entre en juego el principio de apariencia de buen derecho en la toma de una decisión cautelar».

El auto del TSJC se ha hecho público dos días después de que el TSJC dejara visto para sentencia el juicio por desobediencia contra Torra, para quien la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación por desoír una orden de la Junta Electoral para que retirara el lazo del Palau en la campaña del 28A.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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