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Economía

La picaresca del IVA

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Por Jaime Caneiro.- Apenas un puñado de días para finalizar el año y las comunidades autónomas siguen sin cobrar el IVA que les adeuda la Administración Central, por la liquidación de finales de 2017.

Y no sólo eso: en su ronda de llamadas a los presidentes regionales, Pedro Sánchez, que inició el pasado martes con Iñigo Urkullu, Quim Torra y Alberto Núñez Feijóo, no se comprometió a pagarlo. Son 2.496 millones de euros, en total. Una cantidad que equivale, por ejemplo, a todo el presupuesto anual del Ministerio de Hacienda, que es el que mantiene esos fondos bloqueados, a ojos de los populares.

Y más de la mitad de esa cifra, 1.339 millones, corresponden a las comunidades gobernadas por el PP, según sus propios cálculos. Fuentes cercanas a los barones populares aseguran que ésta es una línea roja a la hora de emprender una legislatura de «reducción de la tensión territorial», como ha planteado Sánchez. Y que darán la batalla hasta sus últimas consecuencias.

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se lo dijo al jefe del Ejecutivo en su conversación telefónica: si no les paga, se produciría «la mayor tensión territorial que se recuerda». A Galicia se le adeudan 198 millones por este concepto. Y a él se unen a pie juntillas los barones de Madrid (Isabel Díaz Ayuso), Andalucía (Juanma Moreno), Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco) y Murcia (Fernando López Miras).

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Todos ellos exigen el pago «inmediato» de los fondos que les debe el Estado, y recalcan que se trata de cientos de millones de euros que se destinarían a políticas educativas, sanitarias y sociales, así como al pago de las facturas de los proveedores. Sin embargo, si no cobran, sus cuentas se desequilibrarán, incluso incurriendo en déficit en algún caso. Por eso hacen frente común en la exigencia de que se liberen ya los fondos, antes de que finalice 2019.

Los 2.496 millones de euros adeudados a las 17 autonomías se deben al desfase del IVA que se generó en diciembre de 2017 tras la implantación del Sistema Inmediato de Información (SII). Los populares demandan que se liberen los fondos de inmediato, aunque sea a través de un préstamo no remunerado, que luego se cancelaría. La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, y el portavoz económico del Grupo Parlamentario Popular, Mario Garcés, ya registraron en la Cámara Baja una proposición para instar al Gobierno a que conceda ese préstamo a tipo cero a las comunidades autónomas para solventar sus problemas de liquidez. Las cantidades prestadas se compensarían después, con la liberación efectiva del IVA.

La comunidad que más beligerante ha sido Madrid, que presentó un recurso contencioso administrativo contra el Ejecutivo central por los 377 millones que le corresponden del IVA de diciembre de 2017. La Audiencia Nacional lo admitió y solicitó a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Gobierno central los expedientes referidos a la liquidación de la financiación autonómica de ese ejercicio.

TEMOR DOBLE EN ANDALUCÍA

En Andalucía el temor es doble: por un lado, por los servicios sociales. Por otro, por la monitorización de sus cuentas, que en la Junta consideran una «intervención». «Si los 537 millones de euros del IVA no llegan a Andalucía, Sánchez estará poniendo en riesgo nuestra economía», apuntan en la Junta. «Si no nos paga, nos llevará al déficit y a más intervención. Nos quiere tener con una mano al cuello», subrayan fuentes cercanas a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

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En Murcia elevan el tiro y hacen «una enmienda a la totalidad a la financiación territorial del Gobierno de Sánchez». «El Gobierno central ha contribuido a agravar nuestra asfixia financiera». El IVA que se le debe a esta región supera los 85 millones de euros, según el equipo de López Miras. «Mucho más urgente que la convocatoria de una Conferencia de Presidentes es convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lleva sin reunirse desde hace un año y medio (julio de 2018) pese a la obligatoriedad de celebrar al menos uno al año», explican en el Gobierno murciano.

Precisamente, uno de los mandatos de la última Conferencia de Presidentes, celebrada en enero de 2017, fue que se acometiera la reforma del sistema de financiación autonómica, que estaba ultimada en 2018 y que, según los populares, «frenó Pedro Sánchez cuando alcanzó La Moncloa».

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha alertado también a Sánchez de que «el Gobierno de la Comunidad estará enfrente si lo que pretende es incumplir los compromisos con Castilla y León». Y le ha pedido que «abone las cuantías que debe a las distintas comunidades autónomas» cuanto antes. En su caso, el IVA adeudado asciende a 142 millones de euros.

UN DESFASE MILLONARIO

2.496 millones. El desfase del IVA generado en diciembre de 2017 por la implantación del Sistema Inmediato de Información generó un desfase millonario a las CCAA.

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1.339 nillones. Las cuatro comunidades que gobierna el PP con Ciudadanos y Galicia, también del PP, soportan los mayores retrasos por el pago del IVA.

537 millones. Andalucía, ‘intervenida’ precisamente por el Gobierno, espera el pago de 537 millones. Y Madrid, 377; Galicia, 198; Castilla y León, 142, y Murcia, 85.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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