Los ayuntamientos podrán poner un techo a los precios del alquiler. El acuerdo suscrito entre el Gobierno y Podemos para fijar los Presupuestos Generales de 2019 recoge que los consistorios podrán declarar «una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas». Dentro de estas áreas, estas administraciones podrán «limitar las subidas abusivas del precio».

También se habilitará a los ayuntamientos para que elaboren un índice de precios de alquiler «de referencia de acuerdo con una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica». Esta medida está enfocada a que estas administraciones puedan «regular» el mercado.

El control de los precios del alquiler era uno de los ejes sobre los que giraba la negociación presupuestaria entre Podemos y PSOE. La formación morada había insistido en controlar el precio, una opción que había rechazado inicialmente el Gobierno. De hecho, en julio, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, descartó en declaraciones a RNE fijar un precio tope para el alquiler. Finalmente, el partido liderado por Pablo Iglesias ha conseguido que el Ejecutivo controle las subidas de estas rentas.

El acuerdo recoge más medidas en materia de vivienda. Tal y como había adelantado el Ejecutivo, se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de tres a cinco años. Además, la prórroga tácita, actualmente establecida en un año, se ampliará a 3 para personas físicas y a 7 si el arrendador es una persona jurídica. Serán necesarios seis meses de antelación para comunicar que no se pretende renovar este contrato.

De igual forma, las comunidades de vecinos podrán vetar el alquiler turístico, una medida anunciada hace semanas por el Ministerio de Industria. Asimismo, no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza superiores a dos mensualidades del alquiler.

Críticas del sector inmobiliario

Del lado de la oferta, se construirán 20.000 viviendas en alquiler a «precios asequibles» en un plazo de cuatro años. Se blindará también la vivienda social con una ley, prevista para 2019, que garantizará su explotación «únicamente para alquiler de personas vulnerables». Por su parte, el Plan Estatal de Vivienda financiará a las regiones para que estas puedan ejercer los «derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas».

El pacto incluye asimismo la necesidad de fijar un marco legal para definir qué es un inmueble vacío y un «tenedor de vivienda», abriendo la puerta a imponer incentivos y sanciones para que estos propietarios saquen al mercado estos pisos. Los grandes tenedores tendrán que «colaborar con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precios razonables».

Los expertos del sector ya han advertido al Gobierno de que intervenir el mercado de la vivienda podía tener un efecto contrario. Esta misma semana, Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de Sociedad de Tasación, explicó en un evento los topes al alquiler «siempre repercuten en los precios». «Los propietarios son conscientes de cómo se aplican estas medidas y exigen una parte del alquiler en ‘B’», señaló.