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Economía

¿Por qué la luz es más cara en España?

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Raquel Lozano Gascó.- En términos comparables, España es el tercer país de la Unión Europea con la factura de luz más cara, solo por detrás de Alemania y Portugal. En este artículo vamos a explicar por qué la luz en España tiene un precio más alto y cuáles son los motivos de estas subidas.

¿Quién determina el precio de la luz?

Desde la última reforma energética, los consumidores pueden elegir entre contratar la luz en el mercado libre, donde las empresas privadas dictan los precios, o en el mercado “regulado”, en el que el Estado fija los precios de la luz, pero siempre en base a los resultados de la subasta del mercado mayorista de la electricidad, también conocido como pool. La realidad es que las tarifas del mercado libre también pueden encarecerse en función de este mercado mayorista, por lo que podemos afirmar que es el pool quien determina, al menos, el precio más económico por la luz, salvo en muy contadas ocasiones en las que una comercializadora consigue mejorar la tarifa del mercado regulado, llamada tarifa PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor).

¿La culpa es de los impuestos?

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A pesar de lo anteriormente mencionado, el precio resultante de las subastas solo determina el 35% sobre la factura de luz, mientras que un 40% está relacionado con peajes por transporte y distribución de electricidad, y un 25% son impuestos. ¿Significa esto que la luz es más cara en España por los impuestos?

Datos del Eurostat prueban que España es precisamente uno de los países con una menor tasa de impuestos sobre la electricidad, con un 21% sobre el precio de luz frente a más del 50% que pagan en Alemania o Dinamarca, pese a la reciente fin de moratoria del impuesto por generación eléctrica que el Gobierno prometió derogar. Entonces, si no son los impuestos, ¿por qué la electricidad es más cara en España?

El poder en unas pocas manos

Aunque las compañías eléctricas esgrimen que los precios varían según las condiciones climáticas, como las olas de calor o frío, o las sequías o falta de viento que disminuyen la oferta de energía hidráulica o eólica, las organizaciones de consumidores como Facua (Consumidores en Acción) y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios ) apuntan a que las subastas no son transparentes y que no garantizan la libre competencia. Las cinco grandes empresas, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y EDP, son productoras, distribuidoras y comercializadoras a la vez, generando más del 70% de la electricidad y concentrando más del 80% de la compra, especialmente las tres primeras. Se compran y se venden a sí mismas, por lo que ellas deciden a qué coste se venden a sí mismas la electricidad.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha denunciado en varias ocasiones, incluso multado, a las compañías eléctricas por prácticas más propias de un oligopolio que de un libre mercado.
Competencia afirma que el precio de la luz se pacta al precio más caro en los despachos de las grandes empresas eléctricas, no obstante, la CNC no tiene capacidad para detener estas prácticas ya que los beneficios generados por estas son mucho mayores que cualquier multa.

Además Competencia argumenta que en el mercado se presentan demasiados obstáculos para las nuevas compañías, por lo que de esta forma se perpetúa el oligopolio. A consecuencia de esto la luz siempre sube en España, un 85% en los últimos 15 años según datos de Facua, al contrario de lo que sucede en otros países.

Las tres mayores empresas, Iberdrola, Endesa y Naturgy ganaron 5.770 millones de euros en 2018
Un 14,3% más que en 2017, (datos del Comisión Nacional de Mercado de Valores) mientras que la demanda eléctrica solo aumentó un 0.4%, según las cifras de la Red Eléctrica Española.

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Tal y como afirma un estudio del Observatorio de Sostenibilidad, los beneficios de las eléctricas españolas son mayores que los de las eléctricas de Alemania y Reino Unido, posicionándose de esta forma entre las empresas energéticas más rentables de Europa. ¿Y por qué estas prácticas se permiten en mayor medida que en el resto del continente?

No existe una respuesta probada a esta pregunta, tan solo el hecho fortuito de que 25 altos ex-cargos del Gobierno, como presidentes, vicepresidentes y ministros han pasado a formar parte de las plantillas de las grandes eléctricas, destacando los casos de Felipe González, contratado como consejero de Naturgy (ex-Gas Natural Fenosa) y de José María Aznar, asesor de Endesa.

Se trata de un fenómeno denominado como “puertas giratorias”. Mientras tanto se prevé nuevas subidas del precio de la luz que afectarán en mayor medida a los consumidores con menos ingresos.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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