Con las últimas cifras del desempleo en la mano, se entiende cabalmente el empeño del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en adelantar el debate electoral al lunes pasado. Porque los datos que tenía que hacer públicos el Ministerio de Trabajo son demoledores si se ponen a la luz de los mensajes de optimismo y relajación con los que el Gabinete socialista viene despachando las alertas y advertencias sobre el frenazo de nuestra economía. Y que el candidato del PSOE, como hizo durante el citado debate, exhiba como gran solución el anuncio del nombramiento de un vicepresidente del ramo, no contribuye, precisamente, a tranquilizar a una opinión pública que mantiene muy presente el nombre de otro fichaje estrella socialista, Pedro Solbes, que acabó atrapado entre el mero voluntarismo político y la cruda realidad. Porque, una vez más, los hechos acabarán por imponerse sobre el discurso electoralista de la izquierda. No sólo porque en este mes de octubre el incremento del número de inscritos en las oficinas de empleo sea el más alto desde 2012, sino porque el número de contratos indefinidos lleva ocho meses seguidos cayendo a plomo, con un acumulado anual del 4,8 por ciento.

Asimismo, aunque las cifras interanuales nos dicen que se sigue reduciendo el desempleo, con 77.000 parados menos con respecto a octubre de 2018, se trata del peor dato de los últimos cuatro años. En 2016 la caída del paro fue de 411.000 trabajadores, y los dos años siguientes, incluso ya camino de la parálisis política, la reducción nunca fue inferior a las 250.000 personas.

Podríamos seguir desgranando más cifras negativas, como el incremento del 7,2 por ciento del paro juvenil o la subida del 11,6 por ciento de las prestaciones por desempleo, hasta los 1.591 millones de euros, pero sería abundar en lo expuesto, porque lo que importa es el plano general de una economía que se desacelera insensiblemente y que, como siempre ocurre en España, golpea primero al mercado de trabajo. Que en estas circunstancias el partido que sostiene al Gobierno en funciones haya tratado de eludir el debate forma parte de la más elemental estrategia electoralista, pero no dice nada bueno de lo que podemos esperar de su futura gestión.

Más aún, si ésta viene condicionada al final por las exigencias de una extrema izquierda populista, que nutre su programa de la barra libre del gasto público, compensada, eso sí, en el incremento de unos hipotéticos ingresos tributarios que, de llevarse a efecto, acabará por asfixiar a las empresas y a las clases medias trabajadoras. Tal vez, la crisis en Cataluña, grave y con perspectivas de empeorar a medida que se aproxima la cita con las urnas, sea un factor prioritario en el discurso de todos partidos políticos, pero no se debería sustraer a la sociedad española este otro debate económico, cuya trascendencia no escapa a nadie.

Es cierto, y no queremos obviarlo, que las señales que emite la economía mundial son contradictorias.
De hecho, muchos de los ingredientes de la sospechada recesión son de carácter político, como las restricciones al libre comercio de la Administración Trump o el Brexit, y que, como tales, pueden revertirse. Pero, igualmente, estamos asistiendo a la reducción paulatina del crecimiento de las grandes y medianas economías, con clara incidencia en la Unión Europea. Con el agravante para el caso español de que nuestra deuda pública está ya al límite de lo tolerable y el margen de reacción es mucho menor que el que había al principio de la anterior crisis financiera mundial.

Es imperativo que los candidatos, en esta recta final de la campaña, planteen a los electores qué medidas piensan adoptar ante un cambio de escenario y, sobre todo, cómo prevén ajustar los presupuestos del Estado. Porque de promesas maravillosas, ya tenemos bastante.