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Tribunales

Dirigentes de la minería de UGT construyeron una residencia sin licencia y en suelo rústico

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Zapatero, Fernández Villa y José Antonio Postigo, en la fiesta de Rodiezmo (León) en 2006
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El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras entre 2006 y 2017, en el que se apuntan graves irregularidades en la gestión de los 1.786 millones de euros ejecutados, sobre todo, en la construcción de la residencia de mayores «La Minería», en Aller (Asturias), por el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana.

Especialmente, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, quien acudió durante varios años a la fiesta minera de Rodiezmo (León), junto con destacados líderes sindicales, entre ellos, José Ángel Fernández Villa, condenado a tres años de cárcel por apropiación indebida, y José Antonio Postigo, dirigente sindical de SOMA-UGT, presidente del Montepío hasta 2014 y detenido en 2017 en la «operación Hulla».

Sobrecostes: Esa residencia para mayores, que es objeto de un proceso penal, se construyó mediante una subvención al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana –ligada al poderoso sindicato minero SOMA-UGT– de 30,9 millones de euros, aunque el coste final se acercó a los 32,5 millones. La propuesta inicial fue de 28,8 millones. El coste de construcción por residente de «La Minería» es, según el Tribunal de Cuentas, el doble del valor promedio de distintas residencias estudiadas de diversas regiones.

Facturas sospechosas: Ese organismo confirma que el Montepío «había incluido indebidamente» dos facturas por importe de 945.500 euros y que había otra factura de 50.225 euros de una empresa cementera, dirigida al contratista de la construcción de la residencia en Asturias, pero que consta que el trabajo se hizo en otra residencia propiedad del Montepío en Los Alcázares (Murcia).

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Sin justificar su necesidad: El organismo fiscalizador afirma que con el objetivo de crear 100 empleos directos en esta comarca minera se proyectó la construcción de esta residencia de 297 plazas «sin justificar su necesidad», ya que el índice de cobertura en Asturias era del 5,74%, superior a la media nacional del 4,53%. «Ello evidencia que no se efectuaron estudios suficientemente rigurosos para valorar la demanda potencial de este tipo de infraestructura en la zona».

Sin licencia de obras: El Tribunal de Cuentas destaca que las obras «se iniciaron con anterioridad a la cumplimentación de los trámites urbanísticos, (entre otros, trabajos de movimiento de tierra), mientras que la licencia de obra fue concedida el 22 de septiembre de 2010, un año y cuatro meses después».

En suelo rústico: El sector de planeamiento urbanístico donde se localizan las parcelas en las que se ubica la residencia tenía, en aquel momento –mayo de 2009– calificación de «suelo rural de uso agropecuario», por lo que la construcción del complejo residencial «se inició al margen de la legalidad urbanística, ya que dicha construcción no era posible sin una previa modificación del planeamiento urbanístico del municipio, lo que requería, adicionalmente, la aprobación de un plan parcial».

Cesión de suelo privado: Sobre las doce parcelas donde se levanta el edificio, varias de ellas cedidas por el ayuntamiento de Aller, esta corporación adoptó un acuerdo de cesión gratuita el 25 de noviembre de 2008, pese a que en esa fecha el suelo aún pertenecía a particulares, según ha confirmado el Tribunal de Cuentas.

Cambio de legislación: El informe apunta también irregularidades en el convenio firmado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), el gobierno del Principado de Asturias –presidido por el socialista Vicente Álvarez Areces– y el Montepío. Este se rubricó el 21 de julio de 2009, días antes de que entrara en vigor el nuevo real decreto, que sustituía al de 2007, para ampliar el límite del 1% de los fondos para la financiación de infraestrucutras de titularidad de entidades sin ánimo de lucro ajenas al sector público. El convenio fue autorizado por el Consejo de Ministros que presidía José Luis Rodríguez Zapatero el 30 de octubre de 2009.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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