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Economía

El Estado REGALA 21.000 millones del rescate a Bankia (Pero nuestros jubilados tienen que pagarse el dentista y las gafas)

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El Estado invirtió 24.069 millones en salvar Bankia entre 2012 y 2013. Por aquel entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy inyectó esta cantidad para evitar la quiebra de la entidad financiera con dinero solicitado a la Unión Europea. A día de hoy, las arcas públicas tan solo han recuperado 3.303 millones de euros de ese total.

Bankia ha devuelto el dinero directamente a través del pago de dividendos, que han sumado un total de 1.180 millones de euros en los últimos seis años. La venta de participaciones completa la cifra de devoluciones: en 2014 el Estado colocó capital por 1.304 millones de euros, a los que sumó otros 818 millones en 2017. Pero los dividendos y las colocaciones han dejado todavía un saldo negativo de 20.766 millones.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que depende del Ministerio de Economía, controla una participación del 61,8% de la banca nacionalizada. Ahora, si la fusión con Caixabank prospera, pasará a obtener aproximadamente, entre un 14% y un 17%. Es muy complicado que se recuperen las ayudas con esa participación, que estaría valorada en menos de 2.000 millones de euros.

Bankia, velar por el interés de los contribuyentes

El FROB apuntó el jueves por la noche que buscaría que la operación aportara valor para el contribuyente, pero la llegada de dinero todavía se retrasará porque aunque no se conocen los términos que los que se puede negociar la fusión, lo que se produciría es un cambio de cromos -acciones de Bankia por títulos de la nueva Caixabank-.

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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha asegurado que «en el caso de que esas conversaciones y estudios concluyan en una propuesta de acuerdo de fusión, el FROB los analizará con completa objetividad desde la perspectiva de generación de valor y optimización de su capacidad de recuperación de ayudas.»

«Como se ha señalado reiteradamente, el Gobierno tiene una prioridad en relación con Bankia: proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país. Estos son los principios que guiarán cualquier decisión en este ámbito», han defendido.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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