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Tribunales

Imputada una tuitera acusada de difundir una noticia falsa sobre menas

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Un juez ha citado como investigada a la primera internauta contra quien se querelló la Fiscalía por una noticia falsa, al difundir un vídeo falso que atribuía actitudes violentas a un grupo de menores no acompañados (menas) para denigrarlos.

Según han informado fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), localidad donde reside la internauta, ha citado el próximo 9 de marzo a la mujer, R.M.M.C., como investigada por un delito contra los derechos fundamentales.

La Fiscalía acusa en su querella a la internauta de difundir el 13 de junio de 2019 en su cuenta de Twitter un vídeo que mostraba las agresiones de un grupo de alumnos en Brasil a su profesora, atribuyéndolo falsamente a un centro de menores no acompañados de España, contribuyendo con ello a agravar los prejuicios contra este colectivo vulnerable.

En el mensaje de Twitter, la internauta adjuntaba el vídeo con el texto: “Te mando un vídeo de un centro educativo para los emigrantes menores de edad que entran ilegalmente en España. Te ruego que lo difundas para que España se entere de una vez como nos agradecen que los acojamos”.

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Según el fiscal de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, mediante la combinación de este texto y el “impactante” contenido del vídeo, de un minuto y 32 segundos, difundido de forma “masiva e indiscriminada”, la investigada pretendía vincular una supuesta violencia en las aulas con los menores no acompañados procedentes de otros países.

“Todo ello con el fin de denigrarlos, asociándolos de forma generalizada con actos incívicos, violentos y de falta de respeto a la autoridad del profesorado, desacreditándolos con ello y contribuyendo de esta forma a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos contra este colectivo de personas, especialmente vulnerables, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de rechazo y hostilidad social frente a ellos”, sostiene la querella.

La Síndica de Greuges de Barcelona (Defensora del Pueblo barcelonés) alertó en julio del pasado año a la Fiscalía de Barcelona de la difusión en internet y en las redes sociales de este mensaje, advirtiendo de que pretendía asociar interesadamente al colectivo de menores inmigrantes con la violencia en las aulas.

A instancias de Fiscalía, los Mossos remitieron dos atestados, uno de los cuales identificaba a R.M.M.C., vecina de Sant Joan Despí (Barcelona), como titular de la cuenta de Twitter que difundió el mensaje a las 16.34 horas del 13 de junio de 2019.

La policía catalana certificó además que el vídeo, en el que se puede observar como dentro de un aula varios alumnos gritan, lanzan papeles a la profesora y tumban mesas y sillas, entre gritos y risas de burla, recoge hechos sucedidos en Brasil y que no tienen nada que ver con menores de edad que hayan emigrado a España.

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En el segundo informe que los Mossos remitieron a Fiscalía se identificaba a otros autores que también habían difundido el mismo vídeo en Twitter y Facebook, en este caso internautas residentes en Cuenca, León, Granada y Madrid, por lo que se remitió a las fiscalías provinciales competentes territoriales para su conocimiento y tramitación.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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