España
La nueva ley de memoria histórica que quiere aprobar el PSOE: hasta dos años de cárcel por afirmar que Franco construyó pantanos
Published
5 años agoon
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Redacción
El secretario de Justicia del PSOE. Andrés Perelló propuso a la ejecutiva federal socialista «que el Gobierno convierta la propuesta de ley del PSOE en proyecto de ley». Parece claro que si Pedro Sánchez logra formar ganar las elecciones del 10-N, tendremos una nueva ley de memoria histórica. Se trataría de establecer una versión única de la historia a la vez que el castigo judicial de cualquier español que refute esa versión. Es una imposición que proviene de la izquierda más revanchista, pero que contará con el apoyo de todos los grupos separatistas.
El secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE ya indicó que la nueva ley recogerá que «las exhumaciones tendrán que ser políticas públicas, se planteará la nulidad de todos los juicios del franquismo, se dará solución a la situación del Valle de los Caídos y se prohibirá la apología del franquismo y del fascismo para equipararnos a los democracias europeas más consolidadas porque una nación demuestra su decencia cuando trata bien a sus muertos, y tenemos una deuda histórica con los muertos y con sus familias».
El PSOE, recordó Perelló, «tiene un compromiso importante y prioritari o con la memoria histórica desde hace años, como se demuestra con la ley de memoria que se aprobó durante la legislatura del gobierno de Zapatero».
Así, se considerará “apología franquista” destacar por ejemplo los logros del régimen anterior en cualquier campo.
Sostener que, con la creación de la Seguridad Social por parte de Franco, España experimentó un notable progreso social, afirmar que l régimen de Franco construyó decenas de pantanos, defender que las universidades populares propiciaron la integración universitaria de los hijos de los trabajadores o identificar el desarrollo de la industria turística española con los ministros de Turismo nombrados por Franco, podrían convertirse en pronunciamientos delictivos.
También se obliga al Ministerio de Educación a incluir en los programas educativos “la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, así como a la formación de profesores con los nuevos datos obtenidos de la investigación sobre la memoria democrática, la inclusión en el currículo de todas las edades (de Primaria a la Universidad) de la memoria democrática y la promoción de investigaciones sobre la “represión franquista”.
Por otra parte, la ley que prevé sacar adelante el PSOE instará a los medios de comunicación públicos, a promocionar “el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación y mediante la cobertura informativa de actividades relacionadas con la materia” y dando difusión al relato de las víctimas. Asimismo, se elaborará un manual de estilo para el adecuado tratamiento de la información en materia de memoria histórica.
En lo que respecta a las medidas represivas contempladas por la nueva ley socialista, se impondrán multas de 2.000 a 10.000 euros de multa para quienes se nieguen a cumplir una resolución sobre la retirada de un símbolo por considerarse franquista. Ha habido muchos casos de este tipo al querer retirar cruces por considerarse franquistas.
De 200 a 2.000 euros de multa para los que exhiban públicamente elementos contrarios a la Memoria Histórica.
De uno a cuatro años de prisión para los que públicamente “fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo por su condición”.
También para quienes distribuyan o vendan escritos con la misma condición del apartado anterior.
Se destruirán los libros que cuestionen los dogmas ideológicos de la Memoria Histórica.
Se contemplan asimismo penas de seis meses a dos años cárcel para quienes enaltezcan o justifiquen el franquismo y se destruirán los libros que se atrevan a cuestionar los dogmas ideológicos de la Memoria Histórica.
En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo por un tiempo superior entre tres y diez años de la pena por privación de libertad que se le imponga por el delito relacionado con faltar a la Memoria Histórica.
Se aprueba la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos… que den soporte a los delitos de los apartados anteriores.
Para los funcionarios públicos que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado voten en contra de medidas que supongan la aplicación de la memoria democrática, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas, será castigado con entre un año y medio a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de empleo o cargo.
España
Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”
Published
7 horas agoon
04/05/2024By
AGENCIAS
Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.
Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.
Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.
Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.
Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.
Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».
Repercusiones
Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.
Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.
Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.
Ataque frontal a la Justicia
Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.
«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.
Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.
Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.
Comienza la cacería de medios de comunicación críticos
El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.
A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.
Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.
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