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Economía

¡MUY GRAVE! El Gobierno estaría dispuesto a congelar las cuentas bancarias de los españoles, según fuentes vinculadas al Gobierno de EEUU

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Los españoles ven con pánico el futuro económico que les aguarda, sin un solo indicador que alimente un átomo de optimismo. Las perspectivas serían incluso peores si nos atenemos a las informaciones de fuentes bien informadas relacionadas con el Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo a estas fuentes, se teme que ante la situación que va a provocar en España la falta de recaudación en Hacienda, así como los problemas de financiación en la Unión Europea, el Gobierno español estaría dispuesto a congelar las cuentas de los españoles, permitiéndoles que puedan mover cada día una pequeña cantidad de dinero, aún por determinar.

Si se confirmase, sin duda estaríamos ante la mayor crisis financiera y también ante el mayor atropello de los derechos fundamentales de los españoles. La propiedad privada se subordinaría al artículo 132 de la Constitución, según el cual  toda la riqueza nacional está supeditada al interés general . En este caso al interés particular de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias.

Un estado de corte totalitario como antesala del ‘corralito’

 

“Las derivas colectivistas del Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias van creciendo a medida que se alarga el confinamiento de los españoles. Ambos, con la excusa del Covid-19, han conseguido secuestrar a una nación con un estado de alarma inconstitucional, dominar los resortes de la soberanía popular con el cierre casi total del Parlamento, poner a sus milicias callejeras frente a los pacíficos manifestantes para amedrentarlos mientras la policía les censura las redes sociales, han instaurado la ‘paguita’ a modo de cartilla de racionamiento para premiar a los mansos y afines, pretenden la paralización de la justicia, la mordaza a la prensa y a la oposición,  el control de los movimientos de los ciudadanos por medio de sus terminales móviles, la expropiación de materias primas y ahora no anuncian sin disimulo alguno la confiscación del superávit alcanzado durante el pasado ejercicio por las corporaciones locales que  alcanzó los 5.000 millones de euros, una cifra que supone aproximadamente el 4% del presupuesto manejado por las Administraciones locales», escribió recientemente el jurista Rodríguez de Brujón.

Advirtió que el temido «corralito» ya lo intenta aplicar el Gobierno a los ayuntamientos. «No les quepa duda que tras la amenaza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su intervención en el Congreso de los Diputados, para que las administraciones locales aporten el superávit conseguido en el año 2019 “al gran pacto por la reconstrucción”, no se esconde más que el ‘corralito’ a los ayuntamientos para evitar que, en cumplimiento de la ley, devuelvan ese dinero a las entidades financieras para rebajar anticipadamente la deuda contraída, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o utilicen ese dinero en cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos afectados por la incompetencia de este gobierno, como han propuesto varios alcaldes de ciudades importantes españolas».

Denunció también que la ministra quiere expropiar ese dinero «para poderlo destinar a la implantación en la sociedad española de la agenda ideológica marxista de Iglesias, ya que cuando Sánchez solicite el rescate de España por parte de sus socios europeos, estos no le van a prestar fondos sin poner duras condiciones y solamente podrá destinarlos para cubrir necesidades tasadas y con reformas muy austeras que no le van a permitir desviarlo para gastos improductivos».

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Y alertó a continuación: «Detrás se esconde, no sólo secuestrar los fondos del superávit de los ayuntamientos, sino que cuando dilapide pródigamente esos fondos, expropiará los ahorros de los españoles que obran guardados en los bancos. El avance del comunismo no ha hecho más que empezar y nuestros ahorros peligran como no han peligrado nunca. Pablo Iglesias y el silencio cómplice de Sánchez ya desataron el nerviosismo de los españoles tras una rueda de prensa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando Pablo Iglesias publicó en su cuenta de Twitter el artículo 128 de la Constitución Española: ‘Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general’».

«A él le importa muy poco que dicho artículo constitucional, determine que el interés general está subordinado a la economía de mercado, no al comunismo ni a la colectivización», añadió.

Para Rodríguez de Brujón, «la irresponsabilidad de un personaje que premedita todo lo que dice, como Iglesias, y la de una ministra iletrada, va a llevar a los españoles a tener la tentación, de momento, de sacar todo su dinero de los bancos para evitar que se produzca una situación como la que vivió Grecia en 2015».

Recordó en ese sentido que el país heleno inició el ‘corralito’ en junio de 2015, lo que supuso limitar a 60 euros diarios el dinero que cada ciudadano podía retirar del banco, a la vez que se prohibieron las transferencias bancarias al extranjero. Esta medida generó tales colas en los cajeros que a las pocas semanas fue sustituida por un límite semanal de 420 euros, que al menos permitía sacarlo todo de una vez. En estos años, los controles se han ido relajando gradualmente a medida que la economía griega se estabilizaba.

«La demagogia de Iglesias nos puede llevar, también a una situación como la de Argentina, con su ‘corralito’ de hace 15 años. La pesadilla económica del 3 de diciembre de 2001, comenzó cuando Argentina se enfrentó a un ‘corralito’ decretado por el presidente izquierdista Fernando de la Rúa.  Este individuo no era consciente que con su actuación acuñó un término que ahora causa pavor a los españoles y que tiene fama mundial: el ‘corralito’. Lo bueno es que De la Rúa huyó en helicóptero. ¿Huirán en Falcon Sánchez e Iglesias? A cualquier economista con tan solo escuchar los que pretenden los miembros del ejecutivo, le puede provocar escalofríos. A Sánchez, ‘Cum Fraude’, presunto economista, no le causa escalofrió alguno. Las intenciones de la ministra de Hacienda y del vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, no han hecho más que sacar a relucir la ideología comunista del gobierno: ‘¡Exprópiese!’», remachó el experto jurista.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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