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Tribunales

Nieto cree que la “alineación” de Trapero con el Govern era “total” en el 1-O

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José Antonio Nieto a su llegada al Tribunal Supremo.
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El exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha afirmado este lunes que la “alineación” del mayor Josep Lluis Trapero con el Govern era “total”, aunque confiaron en que los demás mandos de los Mossos d’Esquadra no darían la “espalda” a la orden de impedir el 1-O, aunque “desgraciadamente no fue así”.

Así lo ha apuntado Nieto, que era el número dos del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido en la etapa del 1-O, en su testifical en el juicio a la cúpula del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, donde ha señalado que tras la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017 la confianza del Gobierno con los Mossos d’Esquadra “ya era mínima”.

Nieto ha indicado que el Gobierno partía con la idea de “confiar” en los Mossos d’Esquadra y que la Policía Nacional y la Guardia Civil auxiliarían a la policía autonómica para cumplir las resoluciones judiciales para impedir el referéndum, aunque progresivamente empezaron a “dudar” de esta confianza.

Entre los hechos que les llevaron a dudar de los Mossos, Nieto ha puesto como ejemplo que durante la Junta de Seguridad del 28 de septiembre le preguntó a Trapero si vería necesario el uso de la fuerza el 1-O en el caso de que sus agentes que fueran a cerrar los colegios se viesen rodeados por activistas a favor del referéndum.

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“Si hay niños y personas mayores, no”, le contestó Trapero, según ha sostenido Nieto, que ha subrayado que tuvo “claro” que se trató de una “excusa” para finalmente no tener que intervenir.

Nieto ha resaltado que los responsables del Ministerio del Interior entendieron que por parte del mayor Trapero -actualmente pendiente de juicio por rebelión en la Audiencia Nacional-, su “alineación” con el gobierno de Carles Puigdemont “era total” en vísperas del 1-O.

No obstante, confiaban en que en la cúpula de los Mossos, la Prefectura, prevaleciera entre los demás comisarios “lo que nunca puede dejar de prevalecer: jamás se puede poner un cuerpo policial de espaldas o de canto ante un mandato judicial”.

“Los Mossos tienen grandísimos profesionales y entendíamos que finalmente se iba a imponer ese criterio (no dar las espalda a la justicia), pero desgraciadamente no fue así”, ha lamentado Nieto. Ha confesado además que la Junta de Seguridad fue “bastante compleja de manejar” y llegó a ser “surrealista” dado que el Gobierno intentaba debatir cómo impedir el referéndum con quienes lo habían impulsado.

“Estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar el 1-O con quienes habían convocado el 1-O”, ha señalado.

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Según ha dicho, en aquella junta ni Puigdemont ni el exconsejero de Interior Joaquim Forn ni Trapero trasladaron al Gobierno “nada que tuviese que ver con un plan operativo” dirigido a impedir la celebración del referéndum sino más bien “excusas que justificaran que no se iba a hacer”.

Por parte del Govern de Puigdemont se les dijo -según ha explicado Nieto- que habría personas “que entendieran” que la ley “era lo que se había aprobado en el Parlament (la ley del referéndum) y no las decisiones posteriores del Tribunal Constitucional y la Fiscalía”.

“Algo que resulta absurdo”, en opinión de Nieto, puesto que la obligación de todos los presentes en esa reunión era “cumplir y hacer cumplir la ley”.

Mientras Puigdemont sostenía que “el bien supremo a proteger” era la convivencia ciudadana, desde el Gobierno se les trasladó que “lo sustantivo” era cumplir con un mandato judicial “muy claro” y “con una serie de garantías, como la proporcionalidad”.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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