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Economía

Pensiones, ni para mí… pero tampoco para ti

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María Jesús Pérez.- Bruselas vuelve a tirar de las orejas a España por el tema de la viabilidad del sistema de pensiones. Bueno, más bien por su inviabilidad. Y van… Cierto es que algo se hizo con la reforma de 2013, con Mariano Rajoy al frente del país, pero desde luego no se resolvía el problemón que tenemos aún a día de hoy. No hay ya casi dinero para seguir costeando la caja destinada a la jubilación de los españoles y la última de las decisiones del Gobierno Sánchez es subir precisamente el lado de los gastos. Y si uno incrementa este lado de la balanza, debería aumentar al menos en igual proporción el otro lado, el de los ingresos. Algo que, de momento, no es lo que acordado por el tándem Sánchez-Iglesias.

El caso es que hace ya un año, la Comisión Europea recomendaba a España la urgencia de poner en marcha medidas que hicieran posible la sosteniblidad del sistema de pensiones, porque con lo hecho en la era Rajoy no bastaba, y lo único que se ha hecho desde entonces es desandar lo andado y anunciar justo lo que Bruselas nos dice que no es el camino: vincular de manera permanente las prestaciones a la evolución del IPC, lo que compromete el sistema a medio y largo plazo. Medidas, dicen desde Europa, que, al tiempo que favorecerían sin medidas compensatorias, a los pensionistas actuales, irán en detrimento de las nuevas generaciones. Además, los técnicos del Ejecutivo comunitario han calculado que vincular de nuevo las pensiones a la inflación podría conducir a un incremento en el gasto en pensiones para 2050 de aproximadamente el 4% del PIB, además de que abolir el factor de sostenibilidad -idea del equipo Rajoy- sumaría al menos un 0,7% del PIB al gasto en pensiones en el largo plazo. Lo dicho, ¡lo llevamos claro!

Ahora bien, mientras analizo la reprimenda que lanzan desde Bruselas, reparo en las diferencias que a día de hoy aún existen entre las pensiones vitalicias que nuestros políticos tienen derecho a cobrar por sus servicios prestados y las de cualquier ciudadano de a pie… A bote pronto, me vienen a la cabeza dos grandes diferencias. Una, ministros, diputados o secretarios de Estado, entre otros altos cargos institucionales, por ejemplo, tienen la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones como recompensa a su trabajo. Y dos, mientras que los ciudadanos debemos cotizar a día de hoy durante 35 años -y subiendo- para cobrar la totalidad de la pensión a la que en principio aún tenemos derecho, a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación. Y hay más privilegios, créanme.

Pues señores políticos, y sobre todo del Gobierno, que sepan que todo sale de la misma caja. Y o espabilan, o se acabó el chollo. Para todos.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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