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Tribunales

Investigan 500 títulos de Derecho obtenidos por abogados italianos en la Universidad Rey Juan Carlos

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El Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid investiga si medio millar de títulos de Derecho fueron otorgados por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) de forma irregular a ciudadanos italianos.

Con el título de la URJC evitaban cursar un máster en Ciencias Jurídicas exigido en Italia para ejercer la abogacía, que cuesta en torno a 18.000 euros, cuando en España solo debían pagar menos de la mitad.

Todo ello con el objetivo último de colegiarse en España ante las enormes dificultades que supone hacerlo en Italia, ya que con el título obtenido en España y colegiados en nuestro país, los ciudadanos italianos podían ejercer en toda Europa, incluida Italia.

Desde la universidad aseguran a Efe que se tratan de unos hechos que tuvieron lugar en 2016 y a raíz de que estallara toda la polémica con el Instituto de Derecho Público en el ‘caso máster’ la policía se puso en contacto con la URJC para retomar este tema.

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La institución destaca que desde mayo están “colaborando en todo momento con la policía” y les están “aportando toda la documentación” que está requiriendo para esclarecer los hechos.

Bajo la dirección del juzgado, la investigación la está llevando a cabo la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid.

La Policía señala que “gran parte de la información” que manejan apunta a que “esta universidad estaría relacionada con los ciudadanos italianos que están siendo investigados por colegiarse como abogados en distintos colegios de España, al parecer, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos”.

Así consta en un documento policial remitido al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid que investiga al catedrático Enrique Álvarez Conde por un delito de malversación pero que menciona parte de la investigación del Juzgado 40.

En base a ello, la Policía citó a Pablo Acosta, quien sustituyó a Álvarez Conde al frente del Instituto de Derecho Público, epicentro de todas las irregularidades del denominado ‘caso master’, al objeto de esclarecer la posible relación de la URJC con los investigados, ya que los títulos eran otorgados por el instituto de Álvarez Conde.

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El origen de esta causa se remonta así a julio de 2016, cuando el Observatorio contra la Corrupción presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por un presunto fraude de la URJC en la convalidación de los títulos de licenciado en Derecho a unos 500 ciudadanos italianos, que podrían haber pagado hasta 11.000 euros.

El escrito, al que tuvo acceso Efe, señalaba que el 28 de mayo de 2016 se celebró “un examen o prueba de conjunto a un número muy elevado de alumnos, todos de nacionalidad italiana -más o menos unas quinientas personas- con el fin de obtener, al margen del procedimiento de homologación, el título de Licenciado en Derecho”.

Añadía que de este modo podían comenzar su actividad profesional “mediante la simple colegiación en España, es decir, sin someterse a la vigente prueba de acceso a la profesión de abogado”.

Y especificaba que el procedimiento utilizado habría sido el de “la convalidación de los estudios realizados por tales alumnos en Italia por una parte de la Licenciatura de Derecho seguida de ese posterior examen o prueba de conjunto”.

Un procedimiento que, según la denuncia, contraviene la norma según la cual la homologación convalidación de estudios extranjeros no permite la obtención de un título distinto a los de Grado o Máster.

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La denuncia aludía al “muy llamativo” hecho de que el día 18 de mayo hubiera habido hasta ocho autobuses desplazándose desde la estación de Atocha de Madrid hasta la universidad “como si fueran de excursión”.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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