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Tribunales

Anticorrupción cifra en 25 millones de euros el dinero desviado por el PP de Aguirre desde las Consejerías

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Esperanza Aguirre junto con Francisco Granados (d), e Ignacio González (i)
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La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el Partido Popular de Esperanza Aguirre desvió más de 25 millones de euros de dinero público desde las Consejerías de la Comunidad de Madrid para financiarse de forma ilegal en solo cinco años. Según fuentes de la investigación, el Ministerio Público aprecia este desfalco entre 2005 y 2010, a través del supuesto plan que Aguirre y sus antiguos hombres de confianza urdieron desde que accedieron al poder en 2003. Ellos eran a la vez los gobernantes regionales y los líderes de la formación, en un círculo que se retroalimentó.

Según el Ministerio Público, los fondos desviados nutrieron la llamada caja B del Partido Popular de Madrid, una supuesta contabilidad opaca controlada por el exgerente Beltrán Gutiérrez entre al menos 2006 y 2012, y sufragaron de forma encubierta gastos electorales. Anticorrupción trata de averiguar si parte del dinero enriqueció ilegalmente a las personas que favorecieron los amaños investigados.

El Ministerio Público solicitó el pasado viernes al juez por estos hechos la imputación de Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 y del PP de Madrid hasta 2016; así como de sus sucesores Ignacio González y Cristina Cifuentes. Lo ha hecho en la pieza separada del caso Púnica que indaga en esa supuesta caja B.

Falsedad electoral

Los fondos desviados habrían esquivado las cuentas oficiales del PP y las que deben abrir los partidos para canalizar sus pagos en campaña. La ley electoral fija un coste máximo y regula la apertura de cuentas y los gastos electorales; unas normas que, según la Fiscalía, el PP de Madrid se saltó sistemáticamente en 2007, 2008 y 2011.

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Anticorrupción considera, según las mismas fuentes, que Aguirre ejerció un rol protagonista en esa esquema ilegal, a sabiendas de que las campañas buscaban fortalecerla y mantenerla en el poder. Los investigadores denuncian que el planteamiento de las campañas forzaba un derroche incompatible con el cumplimiento de la ley.

El viaje del dinero desviado desde las arcas públicas de las Consejerías hasta la caja B de la formación política se habría canalizado principalmente a través de las sociedades del empresario Horacio Mercado.

Sus firmas recibían el dinero directamente del Gobierno regional o de las entidades adjudicatarias de las licitaciones. La fórmula habitual era el cobro de una mordida de un 1 por ciento del contrato público para una fingida actividad de publicidad. La realidad, según los investigadores, era que el sobreprecio iba a parar al partido.

Además de las adjudicaciones amañadas entre 2005 y 2010 desde las Consejerías –Presidencia, Empleo y Mujer, Economía, Sanidad, Transportes, o Medio Ambiente, entre otras–, otros entes públicos también habrían sido utilizados para la supuesta financiación ilegal. Así habría sucedido a partir de 2011 con la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) o con el Canal de Isabel II, la empresa que gestiona las aguas madrileñas. Ambas, presididas por Ignacio González, que encabezó la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015.

Círculo de confianza

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En ese entramado, la antigua lideresa habría aupado a conciencia precisamente a González y a Francisco Granados para garantizar su protagonismo en las prácticas supuestamente ilegales. Así interpreta Anticorrupción la decisión de Aguirre de desgajar la Consejería de Presidencia respecto de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno de la región, un paso que adoptó en diciembre de 2004. Aguirre nombró a Granados en el primer escalón, y a González en el segundo, dejando en sus manos las empresas públicas que mayores presupuestos manejaban. Años después, en 2016, Aguirre aseguró que de 500 cargos que nombró solo dos le habían salido «rana».

Ambos políticos –convertidos en su círculo de confianza y ejecutores de sus decisiones, según los investigadores, además de Alberto López Viejo– han caído en desgracia. Granados es considerado el cabecilla precisamente de la trama Púnica; y González, de la Lezo, desarrollada a través de la internacionalización del Canal de Isabel II.

Los investigadores destacan que Aguirre firmó el decreto que puso todo el suelo de Madrid al servicio de Granados, al colocar bajo su control la empresa pública Arpegio, que gestionaba el suelo de la comunidad. Y que entregó a González el dominio sobre las partidas de publicidad de cualquier consejería, al otorgar a la Vicepresidencia Primera la Dirección General de Medios.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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