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Economía

Anticorrupción pide la imputación del dueño de Dia por adquirir Zed a «un precio irrisorio»

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Mikhail Fridman posee cerca del 70% de Dia
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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este lunes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que cite a declarar como investigado al multimillonario ruso y máximo accionista de Dia, Mikhail Fridman, por liderar una serie de actuaciones para aprovecharse de la situación de quiebra de la empresa española Zed WorlWide y adquirirla por 20 millones de euros, «un precio irrisorio».

El fiscal José Grinda ha remitido un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que explica que el empresario ruso «tiene el control de los acontecimientos, que junto con la conducta de otros investigados, derivaron en la insolvencia de Zed WordWide», que presidía Javier Pérez-Dolset.

El representante del Ministerio Público ha considerado que la finalidad de las decisiones de Fridman era «el apoderamiento total de una compañía mediante un procedimiento complejo que se vale de actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la compañía (insolvencia), para adquirirla a un precio irrisorio muy inferior al de mercado».

«Raider»

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El escrito apunta que del análisis de toda la información conseguida a lo largo de esta instrucción cabe deducir que el inversor ruso lideró «una práctica que se conoce en el entorno criminal ruso como ‘raider’ (asalto o ataque) o absorción ilegal de empresas».

En noviembre de 2017, unos meses después de explotar la operación Hanta por la que fue detenido Javier Pérez Dolset, Fridman remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se desmarcaba de cualquier responsabilidad en las decisiones empresariales que pudieron haber derivado en la insolvencia de Zed Worldwide en España objeto de investigación.

Sin embargo, un reciente informe policial que obra en el sumario y al que tuvo acceso Europa Press pone en duda esa versión sosteniendo, con un análisis pormenorizado del funcionamiento de las empresas así como con mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de distintos implicados, que Fridman ostenta «el poder fáctico y directo» sobre los directivos y las decisiones que adoptaron causando un perjuicio patrimonial al accionariado español de Zed.

El fiscal describe en el escrito remitido al magistrado instructor toda la operativa llevada a cabo, destacando que Fridman alcanzó una «posición de privilegio frente a cualquier tipo de decisión» del Grupo Zed cuando se convirtió en uno de los principales acreedores de la compañía en 2013. La entidad crediticia Amsterdam Trade Bank, una de las que prestó dinero a la tecnolo*gica para sacar adelante el «Proyecto Zeus», con el que se planeó su salida a Bolsa en el mercado estadounidense Nasdaq, pertenecía a un grupo cuyo propietario es el empresario ruso.

«Presión y ahogo económico»

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Esto se suma a una acción de «presión y ahogo económico» para Zed WorlWide que desarrollaron otros de sus socios rusos, con los que se planificó una «estrategia ilegal de interrupción de pagos de dividendos de las filiales rusas que dio lugar a una falta total de liquidez».

Por otro lado, otras de las sociedades de Fridman, Vimpelcom, aprovechó la situación de «descontrol e irregularidad» del Grupo Zed para «reducir o eliminar» los contratos suscritos con el grupo chipriota Temafon, del que la tecnológica de Pérez-Dolset había adquirido el 50,10% de su capital en 2009, sin que conste que se hubiera producido un incumplimiento del objetivo, ni siquiera una prestación defectuosa de las obligaciones pactadas.

Según el fiscal, el objetivo era lograr la «asfixia económica» de Zed con la «pérdida de capitales en presuntas comisiones ilegales». En este sentido, destaca que Fridman era conocedor de las obligaciones crediticias que el grupo español tenía contraídas, así como su «imposibilidad de hacer frente a dicho préstamo si se producía una reducción sensible de los ingreso procedentes del mercado ruso».

La situación de paralización societaria, la falta de liquidez, el bloqueo de inversores externos llevó a la compañía española a la insolvencia, que dio lugar a que el 30 de junio de 2016 se presentara una solicitud de declaración de concurso de acreedores de Zed WorlWide. Cuatro meses después, los inversores rusos presentaron una oferta de compra por un importe de 20 millones de euros, muy por debajo del que era su valor cuando dieron comienzo las «maniobras» de Mikhail Fridman.

Por último, el fiscal ha pedido también que se cite a declarar como testigo a Edwin Harland, el responsable de la auditoría forense que se realizó al Grupo Zed, después de que Vimpelcom le solicitará una investigación sobre la gestión de Temafon ante el «riesgo de una apropiación indebida de activos».

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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