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Economía

Casado pide al Gobierno más medidas para frenar una «catástrofe» económica

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El presidente del PP, Pablo Casado, compareció anoche, después de escuchar a Pedro Sánchez, y quiso ser muy tajante, en primer lugar, para compartir la «indignación» con la que, según dijo, la sociedad española vivió la jornada de ayer, con una incertidumbre y una inquietud que el Gobierno no supo resolver hasta última hora.

«El Consejo de Ministros ha declarado el Estado de Alarma día y medio después de que lo anunciase el presidente tras un día de rumores, filtraciones, dudas y aplazamientos que demuestran que una vez más el Gobierno no está a la altura», advirtió, en un tono más duro y contundente que el utilizado en sus comparecencias anteriores de esta semana.

A partir de ahí, Casado reiteró el apoyo del PP al decreto sobre el estado de alarma, por responsabilidad, por sentido de Estado y por una lealtad que, dijo, Sánchez no va a encontrar ni de lejos en sus socios populistas o independentistas. «El Gobierno ha mostrado una profunda división interna en un momento en que lo que se demandaba era unidad y responsabilidad, y ha tenido que celebrar tres consejos de ministros en cuatro días para tomar medidas que le habíamos reclamado hace semanas», afirmó.

Casado se refirió a la presencia de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, cuando debía seguir en cuarentena: «No se puede exigir unidad a la oposición cuando el Gobierno está dividido. No se puede pedir disciplina social a los ciudadanos mientras el vicepresidente se salta la cuarentena ante toda España».

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El líder de la oposición denunció, además, el desafío de dos presidentes regionales, ambos nacionalistas, en un momento tan delicado para la nación como es este, y lo contrastó con la situación leal de los presidentes autonómicos del PP: «Hoy hemos presenciado un desafío de dos presidentes nacionalistas tratando de limitar la capacidad de acción del Gobierno como si el virus atendiera fronteras administrativas o territoriales. En cambio, yo he trasladado al presidente que las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular actuarán con lealtad institucional».

«Negligencia»

Según Casado, el retraso con el que Sánchez ha gestionado esta crisis «ha tenido unas consecuencias evidentes en la propagación de esta pandemia por todo el territorio nacional» e insistió en la «negligencia dolosa» que cometió al permitir y alentar la manifestación del pasado día 8 de marzo, Día de la Mujer.

El PP ha pedido la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso. Casado ve necesarias muchas más medidas, para que la economía sufra lo menos posible. «La catástrofe en el mercado de trabajo puede ser tremenda», alertó. En concreto, demandó una batería de actuaciones de liquidez y de ayudas más amplia, a la espera de conocer las que active el Ejecutivo.

Dentro del PP, el número dos, Teodoro García Egea, endureció la crítica de su formación política ante la gestión de Sánchez en la crisis del coronavirus. En media tarde, y en medio de un Consejo de Ministros que se alargó mucho más de lo previsto, afirmó: «El Gobierno de coalición no estaba pensado para gobernar: incapaces ante una crisis gravísima».

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas señaló que su formación es un partido leal y con sentido de Estado, «al contrario que los socios de Sánchez». «Los españoles llevan demasiados días esperando tranquilidad y respuestas, ante esta crisis necesitamos firmeza y unidad política. Por eso apoyamos las medidas aprobadas por el Gobierno», afirmó, según informa Juan Casillas.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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