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Tribunales

Denuncia del bipartidismo (3): Perspectiva económica de la estafa

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Javier Marzal
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Javier Marzal.- En un artículo anterior informamos de la denuncia de ANVIPED contra el autoritarismo de la Seguridad Social, del Presidente de Gobierno Sánchez y su antecesor Rajoy, así como de dos Ministros de cada uno de ellos y de varios cargos nacionales y provinciales que la prensa calificó como “estafas” de la “mafia de los recortes”.

Sobre la Seguridad Social se dice en la denuncia lo siguiente: “2.- La Seguridad Social es la mayor aseguradora española; es un organismo público y sus servicios son obligatorios“.

Se continúa diciendo: “3.- No sólo es la mayor aseguradora, sino que es la mayor organización económica de España. Según el resumen de ejecución de presupuesto de 2017, publicado en su website, éste ascendió a 149.592,60 millones de euros. Esta cifra de negocios es un 9% superior a las diez mayores empresas no financieras y un 240% mayor que el mayor sector de actividad económica que es el comercio al por menor en establecimientos no especializados. Por el enorme tamaño de esta aseguradora, su incidencia en la economía es muy alta; por ello, las actuaciones aquí denunciadas empobrecen a la población. Este empobrecimiento es el principal objetivo institucional, como lo acredita también el hecho del favorecimiento a las empresas financieras, de energía, telecomunicaciones y grandes constructoras por parte de los cuatro poderes públicos (legislativo, ejecutivo, judicial y constitucional). En este sentido, cabe recordar las palabras de un catedrático en 2016, cuyo nombre se omite, pero está publicado por un medio relevante y accesible desde Internet: “Con instituciones como las suecas, España progresaría como Suecia”. esta estrategia se utiliza incluso en los programas europeos con fondos europeos, se utilizan para empobrecer a la población”.

Efectivamente, si la Seguridad Social española fuera un país, sería el 52 más rico, entre Venezuela e Irak.

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Cabe preguntarse la razón por la que el coste de la Seguridad Social ha crecido en más de 5 veces desde que se creó la pensión de jubilación y es mayor que todo el sector público de finales del siglo 19.

En la denuncia también se refieren las más de 20.000 sentencias judiciales que cada año otorgan las incapacidades laborales que miles de funcionarios de la Seguridad Social han denegado. Estos funcionarios son políticos, médicos y abogados, que dedican su tiempo pagado con nuestro dinero para vulnerar intencionadamente las coberturas del seguro que pagan los trabajadores. Además, originan más de 20.000 procedimientos judiciales, malversando los fondos públicos destinados a los mismos.
A pesar de ello, 20.000 trabajadores consiguen cobrar lo que han pagado, pero hay una cantidad mayor que desisten ante la intimidación administrativa y la poca confianza en los jueces.

Por otro lado, en la denuncia se dice “totaliza 113.669 trabajadores a los que se les ha retrasado la jubilación, […] que asciende a un impago de 4.546.760.000 euros”.

Siendo la mayor aseguradora, la Seguridad Social está haciendo la competencia desleal a todo el sector de los seguros.

¿Estos funcionarios defienden el interés general o defienden el interés de los políticos que con el dinero estafado, inventan nuevos derechos y así compran más votos, aumentando el clientelismo de la insostenible sociedad subsidiada?

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Estando involucrados los Gobiernos del PP y del PSOE, esta información acreditada en la denuncia, cuestiona no sólo a la Seguridad Social, sino todo el dinero que nos confisca el sector público, porque pagamos a cambio de servicios que sólo recibimos si los funcionarios quieren. Como suele decirse, cada día pagamos más por menos servicios.

Una minoría, incluyendo a los políticos, pagan menos impuestos de lo que deberían, una mayoría paga más impuestos de lo que deberían y no tenemos garantía alguna de recibir lo que pagamos. Estos son los motivos por lo que cada día más personas afirman que somos esclavos del sistema. El régimen del PPSOE (PP+PSOE) ni siquiera cumple sus malas leyes y perjudica el interés general.

El volumen económico de la Seguridad Social hace que sea el principal culpable de la decadencia y ésta forma parte de la documentación de la Unión Europea, donde se dice que las actuales generaciones de jóvenes viven peor que las de sus padres.

En posteriores artículos seguiremos informando sobre otros aspectos de las 42 páginas de esta denuncia y de su tramitación.

Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)

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2 Comentarios

1 Comentario

  1. Avatar

    Ramón

    07/07/2019 at 13:21

    Este señor NO DICE MAS QUE TONTERÍAS, y me parece lamentable QUE USTEDES PUBLIQUEN ESTAS CHORRADAS.
    Creo que voy a dejar de leerles, pues no vale la pena.

  2. Avatar

    Ramón

    10/04/2019 at 18:46

    Este señor NO DICE MAS QUE TONTERÍAS, y me parece lamentable QUE USTEDES PUBLIQUEN ESTAS CHORRADAS.
    Creo que voy a dejar de leerles, pues no vale la pena.

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Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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