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Dia anuncia el despido de 2.100 personas en España tras cerrar 2018 con unas pérdidas de 352,58 millones

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La cadena de supermercados Dia ha anunciado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que va a iniciar un plan de despidos que afectaría a un máximo de 2.100 personas en España tanto en la distribuidora como en su filial Twins Alimentación, S.A. Todo ello, en la jornada en que tiene también ha presentado su nuevo Plan de Negocios y en la que ya ha dado a conocer sus resultados de 2018.

Desde la compañía han asegurado que el plan de despidos tiene por objetivo «asegurar la sostenibilidad futura de la compañía y reforzar la posición global». En este sentido, según los resultados presentados también hoy la distribuidora ha cerrado el año pasado con unas pérdidas de 352,58 millones de euros, frente al beneficio de 101,20 millones de euros de 2017, según ha informado a la CNMV. Concretamente, solo en España, las ventas brutas han caído un 2,4% durante el año pasado hasta los 5.148 millones de euros. En paralelo, las ventas online han crecido un 37% hasta los 78 millones de euros.

En esta línea, Dia ha alcanzado una cifra de negocio de 7.288,8 millones de euros en 2018, frente a los 8.217,67 millones de euros de un año antes. La cadena de supermercados ha presentado sus resultados la misma semana en la que LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, que posee el 29% de la compañía ha lanzado una OPA sobre la compañía a 0,67 euros por título.

Nuevo Plan Estratégico

La distribuidora también ha dado a conocer este viernes las líneas maestras de su Plan Estratégico 2018-2023, en el que fija como objetivos el crecimiento en un dígito de las ventas, la mejora del Ebida a partir de 2020 y una contención de la inversión este año, para recuperar «los niveles de la compañía» desde el siguiente ejercicio.

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Para ello, la distribuidora quiere focalizarse «en la transformación, modernización y futuro de la compañía» con la meta de aumentar su cuota de mercado (hoy del 7,4%). Para ello, apuesta por bajar los precios (hacerlos más «competitivos») vía promociones personalizadas y «una racionalización del surtido enfocada a las necesidades de los clientes». Además de aumentar la apuesta por la marca propia.

De igual modo, «El Nuevo Dia» apuesta por la modernización de las tiendas impulsando las entregas online en el menor tiempo posible y habilitando para ello un espacio específico. Además de potenciar «la atención y fidelización de los consumidores que confían en Dia». También ha anunciado la compañía que intensificará la relación con sus franquiciados, «con una revisión del sistema de incentivos, invirtiendo en formación y en sus objetivos».

En este sentido, desde la distribuidora también han anunciado su intención de reforzar la cultura corporativa para lo que apostarán por el talento y la capacidad de sus empleados. «La transparencia y apertura para robustecer la marca forman parte también de este Plan Estratégico», han apuntado en un comunicado.

 

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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