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El catedrático de economía Roberto Centeno avisa que Sánchez «expropiará» los ahorros bancarios de los españoles y permitirá a Soros y a los Rothschild «el saqueo de España»

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Por Roberto Centeno.- (*)

En el año 2010, la banda terrorista ETA estaba completamente derrotada, y el guerra civilista Rodriguez Zapatero en lugar de acabar con ella definitivamente, y a pesar de haber asesinado a decenas de socialistas, en un acto inaudito de traición a sus muertos y a España, decidió no hacerlo y blanquear sus restos legalizando Bildu que agrupaba lo que quedaba de la organización terrorista. El Tribunal Supremo votó contra la legalización, pero entonces recurrieron al Constitucional, que es un auténtico cachondeo, donde no se vota en Derecho sino en función de la adscripción política de los magistrados, donde el PSOE y los separatistas tenían mayoría que aprobó su legalización por 6 votos frente a 5.

Zapatero siempre ha sido un experto en relaciones con las organizaciones terroristas, y en particular con los regímenes narcoterroristas sudamericanos, que habían financiado al PSOE y financiarían después la campaña de Pedro Sánchez. Tan extraordinarias eran estas relaciones que le han llevado a actuar como ministro de Asuntos Exteriores de facto de Venezuela por lo que lleva cobrados, según la oposición venezolana, más de 5 millones de dólares, tanto que la fiscalía de EEUU, tiene encima de la mesa un dossier elaborado por la DEA, la agencia antidroga norteamericana, en la que piden que Zapatero sea incluido en la lista de criminales como Maduro, y se ofrezca una recompensa por su captura.

Pero si la actitud de Zapatero no ha sido no solo de traición a su Patria, sino abiertamente criminal, no lo ha sido menos la actitud de Rajoy, que habiendo prometido en su campaña electoral de 2011, ilegalizar a Bildu y acabar definitivamente con la organización terrorista, no solo no lo hizo, si no que consolidó la presencia de ETA en el Parlamento. Por ello la decisión de Sánchez, con su brutal ambición totalitaria de poder y su carencia total de escrúpulos, de incluir a Bildu en la mesas de negociación de lo que falsamente denomina “nuevos pactos de la Moncloa”, tiene toda la lógica criminal de siempre.

Y es que aquí el problema no es la decisión de Sánchez, el problema es la decisión de Casado y de Ciudadanos. ¿ Acaso van a sentarse a negociar nada en una mesa donde esta invitada una organización terrorista? Eso sería de nuevo el colmo de la infamia. Casado se autodenomina “líder de la oposición”, pero hasta ahora ni ha demostrado ser un líder ni ha hecho oposición. Y a pesar de sus bonitos ataques al final se ha limitado a firmar una y otra vez cheques en blanco a Sánchez a pesar de que en su gestión de la crisis del coronavirus, NO SOLO LO HA HECHO TODO MAL, ES QUE ADEMÁS ES IMPOSIBLE QUE LO HUBIERA HECHO PEOR, y es que somos récord mundial en muertes por habitante, en contagios totales y en contagios del personal sanitario.

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Y en cuanto a Ciudadanos, ni está ni se espera en la oposición, es solo una veleta a favor del PSOE. Inés Arrimadas está muy feliz porque ella pidió unos pactos de la Moncloa, sin tener ni la menor idea de en que consistieron, y se cree que Sánchez la ha hecho caso. Sin embargo, nada más lejos, son los timos de la Moncloa.

Los pactos de verdad de la Moncloa fueron un encargo en junio de 1977 al mejor economista de España, el profesor Fuentes Quintana y su equipo, del que yo formaba parte, de un plan de emergencia económica, para salir de la aguda crisis en que la desastrosa gestión de Adolfo Suárez había dejado la economía solo un año y medio después de que el general Franco la dejara en perfecto estado de revista. El Plan de 101 páginas lo entregamos en octubre a todos los partidos políticos y después de dos semanas de debate fue aceptado por todos, lo que evitó el colapso de nuestra economía.

Pero lo que ahora pretende Sánchez no tiene nada que ver con aquello, porque no hay plan alguno que debatir como entonces, y de lo único que se trata es hacer responsables a todos los partidos del desastre que se avecina.

La situación económica que van a encontrarse los españoles cuando salgan del confinamiento va a ser catastrófica y la salida de ella no va a ser en forma de U y menos de V, si no de L, es decir, saldremos mucho más empobrecidos con un paro gigantesco, y una deuda imposible de devolver que arruinará a las futuras generaciones de españoles durante los próximos 50 años.

La clase media va resultar destruida, la brecha social se incrementará y España entrará en una fase de liquidación, donde Soros el amigo de Sánchez va a tener el lugar de privilegio para el saqueo de España, seguida de los Rothschild y demás hermanos mártires. El plan del Gobierno es destruir la nación, vender a precio de saldo los medios de producción, y hacer depender a la población de una renta mínima y una cartilla de racionamiento igual que en Venezuela.

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El jefe de gobierno italiano si que ha puesto en marcha unos pactos para la reconstrucción económica, y para ello ha encargado al ex CEO de Vodafone mundial, el italiano Vittorio Colao junto con un grupo de trabajo compuesto por los mejores economistas y expertos empresariales de Italia , la redacción de un programa de emergencia económica tipo Fuentes Quintana para salir de la crisis.

Mientras que en España lo único que quiere Sánchez es poder echarle la culpa a la oposición del desastre, mientras él pone en marcha un programa bolivariano de nacionalizaciones, incremento del tamaño del Estado, de expropiación de viviendas vacías y de expropiación de los ahorros de los españoles para crear un banco público, y proclamar en España un República totalitaria bolivariana

Abascal ya ha calificado de estafa los pactos propuestos por Sánchez, y ha anunciado que no se reunirá con él por negligente, falsario y desleal. Es totalmente incomprensible como el PP no exige a estos filocomunistas el que se encargue un plan tipo Fuentes Quintana o Vittorio Colao, como condición sine que non antes de sentarse siquiera a hablar con este miserable, que no solo es no tenga ni idea de cómo salir de la crisis, es que aunque la tuviera la salida sería imposible sin que los mercados y la propia Unión Europea, crean que el plan de Sánchez es viable, algo metafísicamente imposible con un gobierno del que forman parte comunistas bolivarianos, terroristas y organizaciones criminales separatistas.

Y es que solo hay una salida: un gobierno de concentración nacional, donde estén todos los los partidos con credibilidad ante Europa y los mercados, y excluya completamente a comunistas, separatistas y terroristas. Hay que estar locos para pensar que puede haber una salida a la debacle económica que se avecina, con un gobierno formado por toda esta chusma canalla.

 

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(*) Roberto Centeno es Catedrático de Economía en la Escuela de Ingenieros de Minas de la UPM

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Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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