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Economía

El Gobierno propone a los autónomos una subida de cotizaciones de 260 euros al año

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El Gobierno ha propuesto a las organizaciones de autónomos una subida de cotizaciones para el colectivo de autónomos personas físicas de “como mínimo” 260 euros el próximo ejercicio y de 340 euros al año para los autónomos societarios, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha advertido de que no aceptará la propuesta.

Así lo ha señalado el presidente de la organización, Lorenzo Amor, en declaraciones a Europa Press, en las que avisa de que ATA no aceptará ni la propuesta de hace dos semanas, que era prácticamente el doble, ni ésta última formulada por el Gobierno en la reunión que ha mantenido el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y representantes de Empleo y Seguridad Social con las organizaciones de autónomos.

Amor ha detallado que la propuesta del Ejecutivo es de una subida de las cotizaciones para los autónomos (personas físicas) de “como mínimo” 260 euros al año, y para los autónomos societarios de 340 euros al año, lo que supone que hagan frente a 13 cuotas al año, una más que en el ejercicio actual.

“Si era inaceptable la propuesta de 500 euros, inaceptable es esta también”, ha apuntado Amor, ya que “el 70% no puede pagar más de lo que paga y ATA no va a permitir que los asfixien”.

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Además, ha explicado que el Gobierno ofrece “teóricamente” mejores prestaciones, que ha tildado de “estafa” como la prestación de paro, puesto que “no funciona” al denegarse al 60% de los que lo solicitan.

Por ello, pide que se solucione primero el asunto de las prestaciones y el acceso a las mismas y después se hable de cotizaciones.

En cualquier caso, ATA le hará llegar una propuesta al Gobierno “muy alejada” de la última planteada por el Ejecutivo, pero que “sí pueden pagar los autónomos”, de forma que la base mínima pueda subir lo que ha subido de media los últimos 25 años y se solucione el tema de las prestaciones.

“Si en dos semanas ATA ha podido rebajar a la mitad la propuesta que dijo el Gobierno, espero que tenga la voluntad de saber lo que puedan pagar como mucho los autónomos”, ha enfatizado.

Además, ha recordado que en los últimos días Podemos y su secretario general, Pablo Iglesias, habían asegurado haber acordado con el Gobierno que no se subiría “ni un solo euro” a los autónomos, por lo que espera que tras esta última propuesta se pronuncien al respecto.

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Módulos

Este escollo en el diálogo social se ha producido después de que esta misma mañana ATA haya agradecido que el Ministerio de Hacienda, “tras meses de negociaciones con la Agencia Tributaria”, haya atendido a la petición del colectivo con el anuncio por parte de la ministra del ramo, María Jesús Montero, de la prórroga de los límites de facturación para autónomos por módulos, lo que ayudará a más de 400.000 autónomos a permanecer en este tipo de tributación fiscal en 2019.

En un comunicado, ATA recuerda que de los 3,2 millones de autónomos, 1,5 millones lo hacen mediante la estimación directa, más de 400.000 por el sistema de módulos y el resto como sociedades.

La legislación vigente contemplaba que a partir de 2019 se endurecían los umbrales para tributar por el sistema de estimación objetiva (módulos), de modo que el límite de facturación a partir del cual se vetaba la tributación en módulos bajaba de los 250.000 a los 150.000 euros y, en el caso de facturación a otras empresas, de 125.000 euros a 75.000 euros.

Los límites de exclusión del sistema se mantendrán así: cuando los rendimientos íntegros del autónomo superen los 250.000 euros, cuando la facturación a otros empresarios o profesionales superen los 125.000 euros y cuando las compras en bienes y servicios superen los 250.000 euros.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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