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Economía

El nuevo Gobierno supondrá unos 21.000 millones de euros más de gasto público

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Los 16 ministerios que tenía el primer el Gobierno de Pedro Sánchez costaban a las arcas públicas 56.328 millones de euros, según los datos recogidos en los Presupuestos de 2018, los que actualmente siguen en vigor. La decisión de Pedro Sánchez de contar con cuatro vicepresidentes y 18 ministros supondrá, obviamente, mayor gasto público. Aunque no se ha detallado cuál será el presupuesto de gastos del Estado para estas nuevas secciones, haciendo un cálculo aproximado y teniendo en cuenta la media de gasto actual de cada ministerio, aumentar a 22 las carteras supondrá unos 77.451 millones de euros, lo que significan 21.123 millones más que actualmente, un 37% de incremento.

Hay que tener en cuenta que depende mucho del tipo de ministerio para el gasto que conlleva al Presupuesto general. Así, mientras que la cartera que supone un mayor desembolso es la de Trabajo y Seguridad Social (13.925 millones presupuestados en 2018), que ahora se ve desgajada, hay otras mucho más modestas como Política Territorial (393 millones) o Cultura y Deporte (650 millones).

Actualmente, además de Trabajo, los ministerios con un gasto presupuestado mayor son Defensa (8.735 millones), Interior (7.684), Fomento (5.521) y Transición Ecológica (5.149). Este último además en esta nueva legislatura pasará a ser una vicepresidencia, lo que significará una mayor dotación.

Mayores sueldos

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El mayor gasto vendrá también por el lado de los sueldos de los titulares de cada ministerio y cada vicepresidencia. En el anterior Gobierno, Sánchez contaba solo con una número dos, Carmen Calvo, cuyo sueldo público en 2019 ascendió a los 77.991 euros. Esta cifra ahora se multiplicaría por cuatro -si los salarios continúan siendo los mismos-, al incluir como vicepresidentes a Pablo Iglesias (Asuntos Sociales), Nadia Calviño (Economía) y Teresa Ribera (Transición Ecológica).

Eso sí, habría que descontar de esa suma (312.000 euros anuales) los sueldos que actualmente cobran Ribera y Calviño, que ya formaban parte del Consejo de Ministros y que ascendían a unos 73.000 euros al año , pero al incorporarse seis más el gasto en sueldos de ministros aumentará en unos 438.000 euros.

Ante las críticas que se avecinan por este aumento en el número de ministerios, el PP ya habló ayer de un dispendio extra multimillonario, el Gobierno probablemente se escude, como ha ocurrido en otras ocasiones con Ejecutivos de ambos colores, en que se hace un reparto equitativo de los recursos disponibles. Es decir, no supone una mayor contratación de personal, por ejemplo, sino que van moviendo funcionarios en función de donde se necesiten.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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