La naturalidad con la que el PSOE está negociando con Esquerra Republicana de Cataluña la investidura de Pedro Sánchez es algo más grave que un ejercicio de oportunismo táctico. Representa una desnaturalización constitucional de la izquierda española, quizá definitiva, para consumar una alianza con el separatismo que garantice el acceso y la permanencia en el poder durante varias legislaturas. Las coartadas esgrimidas por el PSOE para justificar lo injustificable -la culpa es del PP, como suele sentenciar Carmen Calvo- sólo acentúan el tránsito de este partido a un espacio político compartido con lo peor que ha generado la democracia española desde 1978. Un espacio en el que acampan los herederos de ETA, cada día más convencidos de la legitimidad de la violencia terrorista; el populismo comunista, defensor de las dictaduras más execrables y avalista de cuanto agrede el orden constitucional y la unidad nacional; y el separatismo delincuente, que observa con indisimulada satisfacción cómo el PSOE se humilla con tal de acceder a un poder precario y espurio.

Comportamientos como los del PSOE son los que se estudian en la historia de las democracias como los causantes de crisis institucionales y sociales de consecuencias imprevisibles. Los españoles deben ser conscientes de que si Sánchez es presidente del Gobierno gracias al apoyo pactado con Esquerra Republicana, la democracia entrará en una etapa que obligará a defender activamente valores que hasta ahora se creían compartidos por izquierda y derecha. El PSOE debería no olvidar que también en democracias no militantes, como la española, hay bandos: está el de los que desprecian la ley, incumplen las sentencias, promueven la violencia, rompen la igualdad y siembran odio; y el de los que creen en los valores de la solidaridad, la libertad y la igualdad entre españoles y la unidad de la nación española. Quien pacta con Esquerra Republicana o busca los votos de Bildu no puede, al mismo tiempo, definirse como un partido constitucionalista. Es una contradicción indigerible incluso para las amplias tragaderas de Pedro Sánchez y Carmen Calvo.

Que Esquerra Republicana ponga como precio de su apoyo a Sánchez «un gesto» de la Abogacía del Estado en sus alegaciones al Tribunal Supremo sobre la sentencia europea de la inmunidad de Junqueras dice mucho de los términos de la negociación abierta entre separatistas y socialistas. Es hacer «lo que sea», como dijo Miquel Iceta, para lograr el apoyo de Esquerra Republicana. Las consecuencias de este pacto no se medirán sólo con términos relativos a la estabilidad del futuro gobierno. Lo que menos debe preocupar a los españoles es el futuro que espera a Sánchez. Lo grave, lo verdaderamente grave, es el futuro que le espera a España.