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¿No era previsible, señores gobernantes? Que la Historia y Dios se lo demanden

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Durante demasiados días de la semana pasada, y todavía con alguna réplica aislada y exabruptos políticos, hemos sido testigos de una serie de lamentables actos de vandalismo en diversas ciudades catalanas, especialmente en las calles de Barcelona, en las que las hordas de esa “organización” terrorista que responde a las siglas de CDR, Comités para la Defensa de la República, sobre los que nada más llegar al desgobierno de la Generalidad el nefasto Joaquín Torra, comentaba “orgulloso” y sin inmutarse que “mi mujer y mis hijos pertenecen a los CDR”. Personaje no es más que un mal remedo de la larga lista de iluminados del último siglo -no sólo, pero para no remontarnos demasiado-, encabezada por ese inventado “héroe catalán”, Luis Companys, responsable -entre otras cosas- de más de ocho mil asesinatos en Cataluña en los dos meses siguientes al 18 de Julio de 1936, comienzo de la Guerra Civil, buena parte de ellos por el “terrible pecado” de ser sacerdotes y religiosos o simplemente católicos y sobre el que José Mª Xammar y Sala, líder del Partido Nacionalista Catalán y aliado entonces del “Estado catalán” de ficción que ellos pretenden, dijo: “Me alejé de Companys con el convencimiento de que Cataluña no tenía un presidente, sino un granuja dispuesto a mantenerse en el cargo, aun a costa de la propia y ajena dignidad y, sobre todo, a costa de la dignidad de su patria”.

Pese a lo vivido en aquella desgraciada década de nuestra Historia, hoy parece que muchos olvidaron sus causas y efectos. Algunos -los malos, para entendernos- siguen empeñados en repetir las primeras y otros -los buenos- no debieron tenerlas demasiado presentes cuando quisieron restañar aquellas heridas y creyeron que los segundos (los efectos), sin duda con la mejor intención pero no conociendo bien a los de enfrente, serían tenidos en cuenta por sus “invitados” a la mesa para negociar, en “igualdad de condiciones” -craso error de valoración-, dejar atrás lo que sus padres, con sacrificio, esfuerzo y trabajo, habían conseguido y los de los otros -con alguna reliquia activa en la izquierda-, provocado con sus odios.

¿Tuvo presente esas causas y efectos el hoy Rey emérito, don Juan Carlos de Borbón, elegido a ese título como sucesor precisamente por el propio Francisco Franco -seguramente el “dictador” más blando de la Historia si recordamos a Leopoldo II de Bélgica, el turco Pasha, los rusos Lenin o Stalin, el alemán Hitler, el japonés Tojo, el chino Mao Zedong, el yugoslavo Tito, el coreano Kim Il Sung o el rumano Ceaucescu y a los más recientes y actuales como el cubano Fidel Castro, el chileno Pinochet, los venezolanos el “pajarito” Chávez y su intérprete Maduro o el sucesor coreano Kim Jonh-Un y tantos más en el continente africano-, cuando se decidió por el más mediocre con diferencia de los posibles para nombrar presidente del Gobierno a Adolfo Suárez -q.e.p.d., por supuesto-? ¿O tal vez escogió al más parecido a él -por edad y alguna cosa más- y previsiblemente facilitaba sus propósitos? ¿Era comparable en algo el citado Suárez a otros posibles candidatos, como el propio Torcuato Fernández Miranda que como Presidente del Consejo del Reino preparó la terna final de la que se “cayeron” personajes de la valía de José Mª de Areilza, Manuel Fraga o Antonio Garrigues, para quedar formada finalmente por Federico Silva Muñoz, Gregorio López Bravo y el propio Suárez -que, en un insondable secreto siempre pasó todas las cribas-, todos a mi juicio de mejor perfil y nivel intelectual que el elegido por Su Majestad, y que había sido Ministro Secretario General del Movimiento con Carlos Arias Navarro en el primer gobierno tras la muerte de Franco y no dudó en acabar con esa parcela de la Administración? Claro que todavía no había confesado su “oculta” faceta socialdemócrata -puede que su elector no la conociera, o sí, y por eso lo eligió-, que pudimos conocer muchos en boca del que fuera su Vicepresidente de Gobierno, Alfonso Osorio -q.e.p.d. también y, como algunos de sus primeros ministros, de bastante más nivel que su presidente- que, según nos relató en una de sus últimas apariciones públicas, durante su intervención en la clausura de curso del Aula Política de la Universidad CEU San Pablo hace un par de años o tres, lo llevo a dimitir del cargo. Es triste que el hijo de uno de los iniciadores del desastre, y sin más mérito conocido que ese -claro que en la política actual no se requiere mucho más- sea el número tres de la lista del único partido que puede ser alternativa el próximo 10 de Noviembre.

¿Tuvo presente esas causas y efectos el citado Adolfo Suárez cuando, con “vacacionalidad” -fue un Sábado Santo, si no recuerdo mal- y precipitación innecesaria, legalizó al Partido Comunista y sentó a la mesa de negociación a Santiago Carrillo, responsable de 5.000 asesinatos en Paracuellos del Jarama? O cuando sentó a la mesa, junto al anterior y al entonces “Isidoro” González I de Suresnes, a los representantes del nacionalismo vasco y catalán, descendientes de Sabino Arana y Luis Companys, entonces disfrazados de corderos pero ya pidiendo máximos que iban quedando a la mitad, pero avanzando y dando claras muestras de que su objetivo era el mismo que cuarenta años antes, dividir España. O cuando tras el demostrado fiasco del “café para todos” de su ministro Manuel Clavero tuvo lugar ese paripé de golpe de Estado del 23-F, montado para mayor gloria de su monarca y todo se desinfló para que la deriva siguiera su curso.

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¿Tuvo presente esas causas y efectos, Felipe González, cuyo partido tuvo mucho que ver en las primeras, cuando aprovechó sus mayorías absolutas y relativas para diseñar un sistema corrupto, moral y económicamente, mediante cambios sustanciales en leyes tan fundamentales como Educación y Presupuestos e inició la desmembración del Estado con su “política de saldos” y transferencias para todos, en esa carrera frenética por tener todos de todo, que ha llevado al desastre en que se ha convertido el ineficaz e insostenible sistema autonómico? Sin duda dejó todo bien “armado” para que se cumpliera la “profecía” de su número dos y “poli malo”, Alfonso Guerra: “Cuando nos vayamos, no va a conocer España ni la madre que la parió”, que no llegó a tanto entonces, pero lo estamos viendo en los últimos quince años los que vivimos los sesenta.

¿Tuvo presente esas causas y efectos, José Mª Aznar, cuando tras su “amarga victoria” de 1996, hablaba “catalán en la intimidad” y firmaba los Pactos del Majestic que empoderaban aún más al principal impulsor del actual separatismo catalán, Jorge Pujol -ya lo había avisado Tarradellas-para conseguir su apoyo y fue el presidente que más transferencias concedió al todavía potencial, hoy ya real, enemigo? En aquel “acuerdo”, más bien “compra de investidura”, aparte de ofrecer la cabeza de Alejo Vidal-Quadras, que molestaba al cacique, Aznar regaló Tráfico a los Mozos de Escuadra además de ampliar considerablemente, entre otras, las competencias en Empleo, Sanidad, Puertos, Justicia y Educación -política lingüística incluida y reducción al mínimo de la alta Inspección del Estado-, saltándose en varios casos la “exclusividad” que en algunas de ellas confería al Estado el Art.149 de la Constitución y suprimió la figura de Gobernador Civil sustituyéndola por la más descafeinada y escasa de contenido de subdelegado de gobierno, que además aparejaba la creación de un nuevo puesto político absurdo, el de delegado de gobierno en cada autonomía. Pero es que después, con su merecida mayoría absoluta de 2000, siguió sin entrar de lleno en la “escuela de adoctrinamiento escolar” que se empezaba a consolidar tras las citadas transferencias en esa materia y que hemos visto que es donde se “educan” para la causa las cabezas de los que después se convierten en manifestantes “pacíficos” en uso de su “libertad de expresión”, que estos días hemos visto defendidas por algunos de nuestros políticos y ministros. ¿Pensaba don José Mª en lo mejor para España cuando no se atrevió a aplazar las elecciones del 14 de marzo de 2004, tres días después del terrible atentado de Atocha y cercanías, organizado sin duda alguna para cambiar el gobierno?

¿Tuvo presente esas causas y efectos, y los intereses generales de España, el hasta hace poco más de un año peor presidente de nuestra reciente Historia, José Luis Rodríguez, cuando en la precampaña de las citadas elecciones de 2004, brindaba desde Zaragoza al entonces presidente de la Generalidad Catalana, Pascual Maragall: “Pascual, aprobaremos en Madrid lo que venga aprobado de Cataluña”? O cuando, después de cargarse la LOCE de Aznar, el Plan Hidrológico Nacional y sacar las tropas de Irak nada más llegar “desde Atocha”, abría la caja de los truenos con su sectaria Ley de Memoria Histórica que despertaba las dos Españas del “Españolito” de Antonio Machado y las no menos de Igualdad y Violencia de Género. Eso, sin entrar en su nefasta gestión económica que dejó España en la peor crisis económica y con la mayor tasa de desempleo de los últimos ochenta años -“No son parados, sino que son personas que se han apuntado al paro”, dijo el “premio Nobel”-. Eso sí, fue muy “creativo” con frases como “Necesitamos que nuestros hijos reciban una buena educación para la ciudadanía para que vean el mundo en colores”, es decir, “quitar conciencias” y que piensen poco, no sea que incordien, o “La Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento” y tuvo una particular “visión” de la Economía “en dos tardes”, situando a España “en la Champions League” y asegurando que “el Euribor, el precio que marca las hipotecas, lo marca el Banco Central Europeo”. Ya he escrito mucho sobre este personaje, del que no entiendo cómo, por sus hechos como presidente y sus posteriores andanzas como asesor de dictaduras comunistas, no está siendo objeto de la aplicación del Art. 102.2 de la citada C. E. La visión de Estado de esta “acémila política” queda reflejada en la respuesta que le da a Pedro J. Ramírez en Abril de 2016 a la pregunta “¿Se sentirá responsable si dentro de 10 años Cataluña inicia un proceso de ruptura con el Estado?, a la que responde: “Dentro de 10 años España será más fuerte. Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos”. Pero las irresponsabilidades de nuestros políticos quedan en el olvido.

¿Tuvo presente esas causas y efectos o previó, el “previsible” Marino Rajoy las consecuencias de no tenerlos, cuando antepuso su “diálogo sin fecha de caducidad” a cualquier acción enérgica -como requería la situación- ante el desafío consumado de Arturo Mas aquel 9 de noviembre de 2014 con su “merendéndum” abierto durante dos semanas, para que votara el que quisiera y las veces que deseara y cuyo único objetivo era subvertir el orden constitucional y consumar la ruptura de España? No lo consiguió entonces tras sus elecciones anticipadas otra vez, en septiembre de 2015, pero dejó el camino abierto y la senda marcada de un gobierno débil, para que su sucesor, el fugitivo Carlos Puigdemont, volviera a intentarlo de la misma manera, desafiando al Estado, y dando un paso más tres años después con la declaración efímera de la constitución de la República Catalana más breve de la Historia.

Desde luego no las tuvo presentes, ni causas ni efectos, porque su ignorancia sólo es comparable con su cara dura y no sabe -tampoco- nada de Historia, el doctor Plagio cum Fraude, Pedro Sánchez, indigno clon del vallisoletano leonés -hasta para eso fue falso-, que en la que pasará a la historia como “la moción de censura a un bolso”, llegó apoyado, precisamente por los mismos que provocaron el Alzamiento Nacional en 1936, un frente popular ante el que, como dijo el que fuera Presidente de la II República, Manuel Azaña, no hubo un golpe de Estado porque “Franco no se levantó contra la República, sino contra la chusma que se había quedado con ella”.

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Excluyo de este relato, de -en mi opinión- inexplicable insensatez de unos e ignorancia de otros, a Leopoldo Calvo Sotelo, que sólo estuvo año y medio en la Presidencia de un gobierno decadente que heredó de un “partido” roto tras el “intento de golpe” ya citado del 23-F, “abortado” -si es que llegó a ser concebido, condición previa para el aborto- y que sólo sirvió para que alguien saliera reforzado a costa de unos supuestos responsables que sí perdieron su libertad porque sabían que era necesario un giro de timón ante la que ya se intuía pervertida democracia. Perversión que, en su devenir, no ha hecho más que confirmar el conocido refrán “De aquellos polvos vinieron estos lodos”, porque los cuarenta años de despropósitos no podían dar otro resultado que lo que estamos viendo en estos días, un bipartidismo que hizo aguas, unos nuevos partidos que venían a regenerar y que sólo “regeneraron” sus bolsillos y los egos de sus líderes, un Estado cuestionado que se pliega de nuevo ante una región históricamente rebelde -pese a haber sido la más mimada- que está creando un precedente para que otras sigan ese camino, una parálisis institucional, el desprestigio internacional, etc.

Termino recordando, a quien corresponda, el Art. 8 de nuestra Constitución, que no es la primera vez que lo traigo a cuento en los últimos años: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.” Y el 104: “Las FF y CC de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”, justo lo que este gobierno ha limitado la última semana en Cataluña a Guardia Civil y Policía Nacional. Podría recordar algunos más, pero ya me alargué demasiado.

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No vivimos en la Arcadia Feliz, sino en tiempos de excepción. Por Ernesto Milá.

Ernesto Milá

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Ya he contado más de una vez que el “pare Valls”, el único padre escolapio al que llegué a apreciar, nos contaba cuando éramos párvulos, la diferencia entre “pecado venial” y “pecado mortal”. Y ponía como ejemplo la bata que llevábamos: cuando esa bata se manchaba por aquí o por allí, se lavaba y quedaba renovada, pero si, por el contrario, la bata estaba desgarrada, con costurones y remiendos por todas partes, desgastada por el uso, con manchas que se iban acumulando, no había remedio posible. Se tiraba y se compraba otra nueva. Aquel ejemplo se me quedó en la cabeza. Yo tenía entonces cinco años. Era 1957 y fue una de las primeras lecciones que recibí en el colegio de los Escolapios de la calle Balmes. Es hora de aplicar el mismo ejemplo a nuestro tiempo.

Hay situaciones “normales” que exigen abordarlas de manera “normal”. Por ejemplo, cuando alguien es detenido por un hurto. En una situación “normal”, cuando se da ese pequeño delito -pero muy molesto para la víctima- es razonable que el detenido disponga de una defensa jurídica eficiente, que reciba un trato esmerado en su detención y un juicio justo. Pero hay dos situaciones en las que esta política de “paños calientes” deja de ser efectiva: en primer lugar, cuando ese mismo delincuente ha sido detenido más de 100 veces y todavía está esperando que le llegue la citación para el primer juicio. En segundo lugar, cuando no es un delincuente, sino miles y miles de delincuentes los que operan cada día en toda nuestra geografía nacional.

Otro ejemplo: parece razonable que un inmigrante que entra ilegalmente en España pueda explicar los motivos que le han traído por aquí, incluso que un juez estime que son razonables, después de oír la situación que se vive en su país y que logre demostrar que es un perseguido político o un refugiado. Y parece razonable que ese inmigrante disponga de asistencia jurídica, servicio de traductores jurados y de un espacio para vivir mientras se decide sobre su situación. Y eso vale cuando el número de inmigrantes ilegales es limitado, pero, desde luego, no es aplicable en una situación como la nuestra en la que se han acumulado en poco tiempo, otros 500.000 inmigrantes ilegales. No puede esperarse a que todos los trámites policiales, diplomáticos y judiciales, se apliquen a cada uno de estos 500.000 inmigrantes, salvo que se multiplique por 20 el aparato de justicia. Y es que, cuando una tubería muestra un goteo ocasional, no hay que preocuparse excesivamente, pero cuando esa misma tubería ha sufrido una rotura y el agua sale a borbotones, no hay más remedio que actuar excepcionalmente: llamar al fontanero, cerrar la llave de paso, avisar al seguro…

Podemos multiplicar los ejemplos: no es lo mismo cuando en los años 60, un legionario traía un “caramelo de grifa” empetado en el culo, que cuando las mafias de la droga se han hecho con el control de determinadas zonas del Sur. En el primer caso, una bronca del capitán de la compañía bastaba para cortar el “tráfico”, en el segundo, como no se movilice la armada o se de a las fuerzas de seguridad del Estado potestad para disparar a discreción sobre las narcolanchas desde el momento en el que no atienden a la orden “Alto”, el problema se enquistará. De hecho, ya está enquistado. Y el problema es que hay que valorar qué vale más: la vida de un narcotraficante o la vida de los que consumen la droga que él trae, los derechos de un capo mafioso o bien el derecho de un Estado a preservar la buena salud de la sociedad. Si se responde en ambos casos que lo importante es “el Estado de Derecho y su legislación”, incurriremos en un grave error de apreciación. Esas normas, se han establecido para situaciones normales. Y hoy, España -de hecho, toda Europa Occidental- está afrontando situaciones excepcionales.

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Vayamos a otro terreno: el que Ceuta y Melilla estén sufriendo desde hace 40 años un proceso de marroquinización creciente, puede ser fruto de la proximidad de ambas ciudades a Marruecos y al deseo de los sucesivos gobiernos de España de no empeorar las relaciones con el único enemigo geopolítico que tiene nuestro país, el “enemigo del Sur”. Pero, cuando se sabe que el narcotráfico en Marruecos está regulado por el majzén y por personas próximas al entorno de la familia real marroquí, uno empieza a pensar que la situación no es “normal”. Esa sensación aumenta cuando se percibe con una claridad meridiana que el Ministerio del Interior español no despliega fuerzas suficientes para cortar de raíz el narcotráfico con Marruecos y que, incluso, boicotea a los policías y a las unidades más eficientes en su tarea. Ítem más: lo normal hubiera sido, por ejemplo, que España mantuviera su política exterior en relación al Sáhara inconmovible (las políticas exteriores fiables son las que no cambian, nadie confía en un país con una política exterior oscilante y variable). Pero Pedro Sánchez la cambió en el peor momento: sabiendo que perjudicaba a Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural. Y, además, en un momento en el que el conflicto ucraniano suponía una merma en la llegada de gas natural ruso. Pero lo hizo. Luego ha ido entregando créditos sin retorno, cantidades de material de seguridad, ha permanecido mudo ante las constantes reivindicaciones de “marroquinidad” de Ceuta, Melilla y Canarias. Y esto mientras el ministerio del interior se negaba a reconocer que la comunidad marroquí encarcelada en prisiones españolas es más que significativa o que el número de delincuentes magrebíes es en gran medida responsable del repunte solo en 2023 de un 6% en la delincuencia. O que Marruecos es el principal coladero de inmigración africana a España. O el gran exportador de droga a nuestro país: y no solo de “cigarrillos de la risa”, sino de cocaína llegada de Iberoamérica y a la que se han cerrado los puertos gallegos. Sin contar los viajes de la Sánchez y Begoña a Marruecos… Y, a partir de todo esto, podemos inferir que hay “algo anormal” en las relaciones del pedrosanchismo con Marruecos. Demasiadas cuestiones inexplicables que permiten pensar que se vive una situación en la que “alguien” oculta algo y no tiene más remedio que actuar así, no porque sea un aficionado a traicionar a su propio país, sino porque en Marruecos alguien podría hundir a la pareja presidencial sin remisión. Sí, estamos hablando de chantaje a falta de otra explicación.

¿Seguimos? Se puede admitir que los servicios sanitarios españoles apliquen la “sanidad universal” y que cualquiera que sufra alguna enfermedad en nuestro país, sea atendido gratuitamente. Aunque, de hecho, en todos los países que he visitado de fuera de la Unión Europea, este “derecho” no era tal: si tenía algún problema, me lo tenía que pagar yo, y en muchos, se me ha exigido entrar con un seguro de salud obligatorio. Pero, cuando llegan millones de turistas o cuando España se ha convertido en una especie de reclamo para todo africano que sufre cualquier dolencia, es evidente que la generosidad puede ser considerada como coadyuvante del “efecto llamada” y que, miles y miles de personas querrán aprovecharse de ello. Todo esto en un momento en el que para hacer un simple análisis de sangre en la Cataluña autonómica hay que esperar dos meses y para hacer una ecografía se tardan nueve meses, sin olvidar que hay operaciones que se realizan con una demora de entre siete meses y un año. Una vez más, lo que es razonable en períodos “normales”, es un suicidio en épocas “anómalas”.

Hubo un tiempo “normal” en el que el gobierno español construía viviendas públicas. Ese tiempo hace mucho -décadas- que quedó atrás. Hoy, ni ayuntamientos, ni autonomías, ni por supuesto el Estado están interesados en crear vivienda: han trasvasado su responsabilidad a los particulares. “¿Tiene usted una segunda residencia?” Pues ahí puede ir un okupa. En Mataró -meca de la inmigración en el Maresme- hay en torno a medio millar de viviendas okupadas. Así resuelve el pedrosanchismo el “problema de la vivienda”… Esta semana se me revolvieron las tripas cuando un okupa que había robado la vivienda de una abuela de ochenta y tantos años, decía con chulería a los medios que “conocía la ley de los okupas”. Eso es hoy “normal”, lo verdaderamente anormal es que los vecinos y el enjambre de periodistas que acudió a cubrir el “evento”, no hubieran expulsado al par de okupas manu militari y restituido la vivienda a la que había sido vecina de toda la vida.

Un penúltimo ejemplo: si un régimen autonómico podía ser razonable en 1977 para Cataluña o el País Vasco, lo que ya no fue tan razonable fue lo que vino después de la mano de UCD: “el Estado de las Autonomías”, una verdadera sangría económica que se podría haber evitado.
Hubo un tiempo en el que se reconocían más derechos (“fueros”) a las provincias que habían demostrado más lealtad; hoy, en cambio, son las regiones que repiten más veces en menos tiempo la palabra “independencia”, las que se ven más favorecidas por el régimen autonómico. También aquí ocurre algo anómalo.

Y ahora el último: si se mira el estado de nuestra sociedad, de la economía de nuestro país, del vuelco étnico y antropológico que se está produciendo con una merma absoluta de nuestra identidad, si se atienden a las estadísticas que revelan el fracaso inapelable de nuestro sistema de enseñanza, el aumento no del número de delitos, sino especialmente del número de delitos más violentos, a la pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios, al salvajismo de la presión fiscal y a la primitivización de la vida social, a la estupidez elevada a la enésima potencia vertida por los “gestores culturales”, a la corrupción política que desde mediados de los años 80 se ha convertido en sistémica, unida al empobrecimiento visible del debate político y de la calidad humana, moral y técnicas de quienes se dedican hoy a la política o a las negras perspectivas que se abren para la sociedad española en los próximos años, y así sucesivamente… lo más “anómalo” de todo esto que la sociedad española no reaccione y que individuos como Pedro Sánchez sigan figurando al frente del país y de unas instituciones que cada vez funcionan peor o, simplemente, han dejado de funcionar hace años.

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Vale la pena que la sociedad española empiece a meditar con el hecho de que, si aspira a salir de su estado de crisis, no va a poder hacerlo por la “vía normal”. El cáncer está tan extendido que, hoy incluso podría dudarse de la eficacia del “cirujano de hierro” del que se hablaba hace algo más de 100 años. Lo único cierto hoy, es que, para salir de situaciones excepcionales, hacen falta, hombres excepcionales dispuestos a asumir medidas de excepción y a utilizar, de manera implacable, procedimientos de excepción que no serían razonables en situaciones “normales”, pero que son el único remedio cuando las cosas han ido demasiado lejos.

Esta reflexión es todavía más pertinente en el momento en que se ha rechazado la petición de extradición formulada por el gobierno de El Salvador, de un dirigente “mara” detenido en España. La extradición se ha negado con el argumento de que en el país dirigido por Bukele “no se respetan los derechos humanos”. Bukele entendió lo que hay que hacer para superar una situación excepcional: en dos años El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser un remanso de paz, orden y prosperidad. Porque, en una situación “normal”, los derechos de los ciudadanos, están por delante -muy por delante- de los derechos de los delincuentes. Priorizar los derechos de estos por encima de los de las víctimas, es precisamente, uno de los signos de anormalidad.

Se precisa una revolución. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para restablecer estándares de normalidad (esto es, todo lo que fortalece, educa y constituye el cemento de una sociedad), excluyendo todos los tópicos que nos han conducido a situaciones anómalas y que han demostrado suficientemente su inviabilidad. “Revolución o muerte”… sí, o la sociedad y el Estado cambian radicalmente, o se enfrentan a su fin. Tal es la disyuntiva.

 

Ernesto Milá. 

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