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Tribunales

Nuevo fraude a la Seguridad Social desde Sevilla: Peonadas falsas por coger ajos, cebollas o naranjas

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Pagaban a una trama de empresas ficticias para simular un trabajo y poder cobrar después ayudas públicas. Así operaba la mayor red de peonadas falsas detectada hasta la fecha enSevilla para beneficiarse del subsidio agrario. Empresarios, testaferros, conseguidores y falsos trabajadores forman parte de la última gran estafa contra las arcas públicas que deja al campo andaluz y sus trabajadores reales como víctimas colaterales de este fraude. Ya está en manos de la Justicia y los investigados ya superan el centenar. Algunas fuentes del caso apuntan que podrían alcanzar los dos centenares, lo que refleja la magnitud de una trama con epicentro en Sevilla.

«No estamos ante un hecho puntual, sino que se viene desarrollando desde, al menos, el año 2016 hasta ahora por personas que, valiéndose de sus conocimientos mercantiles, han creado un entramado empresarial con el fin de dar credibilidad a relaciones laborales entre mercantiles tanto para la emisión de facturación falsa como para dar de alta para el cobro de ayudas y subvenciones estatales de forma fraudulenta».

Y para llevar a cabo estas operaciones financieras «se necesita de un grupo de personas que, desarrollando cada una su papel: administrador de la empresa, conseguidor de clientes para facturación falsa y captador de personas para ser dadas de altas».

Estos párrafos se incluyen en uno de los atestados de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional entregados al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que desde el año 2017 investiga una nueva macroestafa en la provincia a la Seguridad Social que gira en torno a empresas ficticias, facturas falsas y el cobro de peonadas para acceder al subsidio agrario.

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El número de personas investigadas hasta la fecha en esta causa, cuya instrucción se prevé larga en el tiempo, supera el centenar, según han trasladado fuentes del TSJA. En concreto, la Policía Nacional, tras su investigación, expone que los hechos investigados podrían constituir delitos de grupo organizado, fraude de prestaciones y falsedad documental y en su comisión habrían participado hasta 139 personas. El número de imputados, según fuentes del caso consultadas, irá a más porque la instrucción no está cerrada.

Trabajadores que nunca llegaron a trabajar y que pagaban 20 euros por jornadas reales para obtener las 35 peonadas necesarias para el subsidio agrario; facturas falsas; contratos cuyo objetos no eran realizados; empresas que nunca contrataron a nadie ni tenían movimientos bancarios para pagar salarios,… son sólo algunos de los hechos investigados.

Estos hechos vuelven a demostrar que los delincuentes tienen en su punto de mira el engaño a la administración estatal. De hecho, la última Memoria de la Fiscalía de Andalucía refleja que en 2018 se registraron 42 causas como delitos económicos en los juzgados de Sevilla y provincia, sin tener en cuenta Dos Hermanas.

De éstos, una quincena de estas investigan delitos contra la Seguridad Social y seis, fraudes de subvenciones. En los primeros, según señala la Fiscalía Superior de Andalucía, conlleva la imputación de los ficticios empresarios y, además, de los ficticios trabajadores. En este caso concreto los falsos empleados ascienden a 130.

Empresa para tapar actividades ilegales

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El atestado policial refleja que tanto Labransur como Interservi fueron «creadas expresamente con la única intención de dar apariencia legal a diversas actividades ilegales». En la causa también obra un informe emitido por la Unidad Especializada de la Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.

Entre su habitual modo de proceder, cobraban 20 euros por día de trabajo a cada persona que quisiera que le dieran de alta para poder acceder a las 35 jornadas necesarias para obtener el subsidio agrario. «Si tenemos en cuenta que, según la Inspección de Trabajo, Labransur declaró 3.387 jornadas reales en función de los 459 trabajadores supuestamente contratados y si todos ellos hubiesen sido dados de alta con ese propósito estafador de beneficiarse de las ayudas, los responsables investigados habrían recibido 67.740 euros», expone la Policía, que sugiere que estas cantidades pueden aumentar «considerablemente» si se tienen en cuente los dados de altas por Interservi.

Más del 50 por ciento de los trabajadores dados de alta por Labransur tienen sus domicilios fuera de Sevilla y más de la mitad son extranjeros, en su mayoría rumanos. Los implicados con el fin de intentar eludir cualquier tipo de investigación «no han dudado» en realizar gestiones comerciales bajo el mismo prisma de fraude en diferentes lugares tanto de Sevilla como de Córdoba y con empresas ubicadas en Madrid o Albacete.

La Inspección de Trabajo, en su informe donde incluye la sanción a los trabajadores para que devuelvan los subsidios, expone que los servicios contratados por otras empresas a Labransur recogidos en sus respectivos contratos para la recolección de ajos, cebollas o naranjas en fincas de Cantillana, Lora del Río, Palma del Río, Fuente Palmera o Albacete nunca llegaron a realizarse. En Albatece, Labransur sólo tuvo una persona contratada.

Dispuestos a devolver las prestaciones indebidas

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Esto es, facturas sin una contraprestación real, falsas. Además, dicha facturación servía de soporte a trabajos que se realizaron por terceras personas pero que «por diversos motivos (jubilación, desempleado,…) no podía facturarlos».

No existen movimientos bancarios relacionados con el pago de nóminas o salarios. En definitiva, Labransur vendió facturas falsas, no tuvo actividad agrícola y no tuvo trabajadores, como admitió el testaferro J.E.P.A.

Una de las abogadas de los trabajadores, Rosario Serrano, ha dicho: «Es cierto que ha existido compra de peonadas agrícolas, algo, incluso un número importante de trabajadores lo han reconocido y están dispuestos a devolver las prestaciones, pero también los hay que sí han prestado sus servicios por cuenta ajena para Labransur, desconociendo dichos trabajadores quién era su empleador real. Labransur ficticiamente ocupa la posición de la empresa real, creándose una falsa apariencia empresarial para eludir obligaciones y responsabilidades».

¿Quién es quién en esta trama?

La Policía Nacional, en el marco de la investigación a Labransur e Interservi, hace una radiografía de quién es quién en toda esta trama delictiva para estafar a la Seguridad Social con base en Burguillos y cuyas redes alcanza otros rincones de la provincia, Córdoba y Castilla-La Mancha, en la que participan empresarios y trabajadores.

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R.A.R. es el cabecilla. Responsable de ambas mercantilesy persona de referencia en otras empresas que también han dado de alta a personas para que puedan acceder a las ayudas estatales, lo que demuestra que «no se está ante un hecho asilado, sino que ha hecho de esta actividad su forma de vida» . F.J.R.M. tiene un papel al mismo nivel que el anterior implicado.

J.E.P.A. aparecía como administrador único de Labransur pero al final era un mero testaferro de los dos anteriores.

J.E.P.A., su madre y las parejas de los dos líderes eran los encargados de sacar dinero de las cuentas de estas sociedades para desviarlo a cuentas particulares. J.E.P.A. cobraba 300 euros cada vez que iba a un banco. Además, tenía una nómina de 800 euros de Interservi.

«Escasa cantidad para una persona que administra dos mercantiles con 1.000 personas dadas de alta y que genera unos volúmenes de negocio por un importe de 1,3 millones». Los «conseguidores» de personas dispuestas a pagar por las peonadas eran tres, dos de ellos hermanos. Según la Policía, existen, al menos, cinco personas que se ofrecieron para que las sociedades investigadas le hicieran facturas falsas para justificar sus trabajos. Y el elemento fundamental para esta trama son los trabajadores ficticios. Hasta 130, según la Policía Nacional. Por cierto, la sede social facilitada a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria se situaba en Burguillos en una vivienda «en avanzado estado de deterioro, inhabitable desde hace bastante tiempo».

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Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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