«Con seis añitos me dijo que era una niña, me entró miedo porque no sabía nada de la transexualidad, hasta que llegué a Arelas y me ayudaron muchísimo». Así explica la gallega Mónica Rodríguez cómo empezó el proceso de su hija Paula, que con tan solo nueve años acaba de conseguir que un juez autorice su cambio de nombre y sexo en el DNI. Desde el año 2007 hay una ley estatal que permite el cambio de nombre y sexo en el registro civil a los adultos trans que demuestren dos años de tratamiento. Pero los menores están en el limbo en esta legislación. Hasta tal punto que el Supremo ha presentado ante el Constitucional un requerimiento para que le aclare si es constitucional excluir a los menores de edad de este derecho, aún pendiente de resolución.

En Galicia desde hace unos años se concede el cambio de nombre. Hace dos y medio un menor de Valencia logró también que se reconociese su sexo sentido en el DNI, así que Cristina Palacios, presidenta de la asociación de familias de menores trans, Arelas, no se lo pensó. «El primero en Galicia fue Pablo, un chico de 15 años, pero nunca lo habían concedido a una niña tan pequeña, hay en autonomías que ni con 9 ni con 16».

Paula no ha tenido ningún problema en su entorno. Amigos, colegio, compañeros de gimnasia, «todos la aceptaron perfectamente», cuenta Mónica. Al principio en el centro educativo se sentían un poco reacios a que hiciese el tránsito tan pronto, «pero después no hubo ningún problema, los profes bien, los niños bien, en gimnasia la recibieron con mucho cariño… Hemos tenido muchísima suerte y no es lo normal», admite la madre de Paula.

Paula y su familia lo consiguieron, pero la demanda de esta asociación va más allá. «El proceso depende del juzgado, del juez y del fiscal, en la ley no están reflejados los menores por lo que depende del criterio de estos profesionales», cuenta Mónica. Es por eso que reclaman un cambio en la ley, para que incluya también el derecho de los menores a cambiar en el registro tanto su nombre como su sexo. Miguel Vieito, jurista, ha llevado estos procesos de solicitud ante los registros civiles de Galicia, y asegura que se produce una discriminación en el caso de los menores.

El problema es que ahora existe mucha discrecionalidad, ya que la autorización depende de cómo se interpreten varias normas, por lo que hay juzgados que conceden el cambio y otros que no, normalmente al recurrir la fiscalía.

Fuente: La Voz de Galicia