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Tribunales

Una mujer reconoce haber cobrado durante 20 años la pensión de su padre muerto

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Una vecina de Huelva de 71 años acusada de haber cobrado la pensión de su padre durante 20 años después de que éste falleciera en 1996 ha reconocido los hechos este lunes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial y ha mostrado su arrepentimiento.

“Me arrepiento horrores, era ignorante de todo esto”, ha asegurado A.A.R. al final de la vista, cuando el presidente del tribunal le ha dado la última palabra.

Antes, había reconocido los hechos, algo que le ha valido para que la Fiscalía haya modificado sus conclusiones y haya rebajado la petición de condena para ella de cuatro años y diez meses de cárcel a dos años por un delito de fraude de prestaciones, y la multa solicitada de 300.000 a 135.000 euros.

Asimismo, ha reducido la petición del período de privación de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social de seis a cuatro años.

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Sí que ha mantenido la Fiscalía la petición de indemnización en concepto de responsabilidad civil que ha de pagar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la cual fija en 101.279 euros -por las pensiones satisfechas y aún no reintegradas-, cantidad de la que también deberá responder la entidad Caixabank como responsable civil subsidiario.

A esta calificación final se han adherido tanto el abogado de la Seguridad Social, que ejercía la acusación particular, como la defensa.

En el juicio ha declarado como testigo quien, a partir de 2013, fue director de la sucursal de la entidad bancaria donde la acusada tenía la cuenta con su padre, quien ha indicado que no le consta que se hiciera ninguna comprobación de supervivencia del perceptor de la pensión durante este período.

Por su parte, el subdirector de Incapacidad Permanente y Control de Prestaciones de la Dirección Provincial de la Seguridad Social ha explicado cómo se percataron del cobro indebido de la pensión al efectuar un control sobre pensionistas con fechas de supervivencia incoherentes.

Según los hechos reconocidos por la acusada, desde el 17 de mayo de 1994 ella era cotitular de una cuenta de la entidad financiera El Monte Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla -absorbida posteriormente por Caixabank-, en la que cobraba la pensión su padre, fallecido en junio de 1996 y cuya muerte no comunicó.

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La cuantía total de la pensión ingresada en la cuenta bancaria desde 17 de junio de 1996 hasta el 30 de septiembre de 2016 asciende a 134.289 euros.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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