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Economía

El PP acusa a Ciudadanos de poner “una alfombra roja” a unos PGE “nefastos” que son un “agravio” para pymes y autónomos

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El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes (d), durante una de sus intervenciones en la sesión plenaria
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El Grupo Parlamentario Popular ha respaldado una Proposición No de Ley (PNL) de Ciudadanos cuyo objetivo es apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la Castilla y León, a pesar de que, a juicio del procurador ‘popular’ Salvador Cruz la iniciativa de la formación naranja es una “contradicción” después de que hayan puesto una “alfombra roja” a unos Presupuestos Generales del Estado “nefastos” y que precisamente suponen un “agravio” para pymes y autónomos.

El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, ha defendido ante la Cámara la iniciativa a través de la que se solicita, entre otras cuestiones, el desarrollo de una batería de medidas eficaces destinadas a intensificar la digitalización de las pymes a través de líneas de ayudas que acerquen las nuevas tecnologías, con especial atención a las microempresas en el mundo rural.

Asimismo, en la iniciativa Fuentes también ha defendido la necesidad de pedir al Gobierno central que ante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 paralice la aplicación del impuesto al diésel a tenor del “grave castigo fiscal” que representa para los autónomos y microempresas.

El portavoz de Ciudadanos ha reclamado además que el Presupuesto se comprometa a que cualquier incremento del SMI no repercuta en un castigo a los autónomos con un aumento de la base de la cotización de la Seguridad Social.

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“Abandonen la desidia y abran camino de futuro a los autónomos, las pymes y los autónomos de Castilla y León”, ha aseverado.

No obstante, el procurador ‘popular’ Salvador Cruz ha garantizado su voto favorable por tratarse de acciones de apoyo que ya se desarrollan en Castilla y León, sin embargo ha considerado que el argumentario de la iniciativa “parece sacado de un manual de cuarto de la ESO”.

“Falta de rigor y de concrección, es una Proposición No de Ley que se podría haber presentando en cualquier cámara legislativa, no hay ni una sola referencia a la realidad de las pymes en Castilla Y León”, ha aseverado Cruz, quien ha defendido que las empresas de Castilla y León han crecido en todos los sectores como consecuencia de las “importantes medidas” que se han llevado a cabo en la Comunidad a lo largo de esta legislatura.

Tras esta reflexión, Salvador Cruz ha considerado que Ciudadanos se ha convertido en el “salvavidas del doctor Sánchez”. “Ya lo fueron cuando anunció que la legislatura estaba acabada, ellos movieron el árbol y ustedes recogieron el fruto con la moción de censura y ahora ponen alfombra roja para aprobar los presupuestos”, ha aseverado.

“Han puesto una alfombra roja a unos Presupuestos Generales del Estado nefastos y que son un agravio para pymes y autónomos”, ha concluido.

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No obstante, el procurador socialista Ángel Hernández ha argumentado su voto a esta iniciativa, ya que el PSOE la respaldó casi en su conjunto aunque votó en contra de la petición de Cs de paralizar la aplicación del impuesto al diésel o a la puesta en marcha de un ‘cheque formación’.

Así, Hernández ha defendido ante la Cámara que respaldar el Presupuesto General del Estado supone un apoyo explícito a que “70.000 personas de Castilla y León van a ver aumentado su sueldo por la subida del SMI”, al igual que “612.000 pensionistas verán incrementada su pensión” o los universitarios “reducidas las tasas”. “Estas son las ocurrencias que van a el pacto para aprobar los Presupuestos Generales del Estado”, ha concluido.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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