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Economía

Esto es lo que nos costará a los españoles la campaña electoral del 10-N

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Los principales partidos del Congreso, excepto el PNV, llegaron a un acuerdo el 2 de octubre para reducir la publicidad electoral del 10-N, por lo que no colocarán banderolas en los lugares reservados como gratuitos por los ayuntamientos, ni contratarán publicidad exterior o espacios comerciales para carteles y otra propaganda.

El acuerdo, propuesto por el PSOE, fue firmado ante notario por PP, Ciudadanos, Podemos, Vox, ERC, JxCAT, y Compromís, y solo el PNV anució que no lo firmaría.

Fuera del convenio quedaba la colocación de carteles y pancartas que se produce de manera tradicional la noche de inicio de la campaña electoral en los espacios gratuitos que los ayuntamientos habilitan para tal efecto, de acuerdo al artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG).

El PP, por su parte, ya aseguró que eliminará toda la publicidad electoral en el exterior, según informaron a principios de octubre en un comunicado en el que se explicaba que se trata de ser “coherentes” con la posición que han mostrado hasta ahora porque creen que los españoles “merecen más propuestas y menos propaganda”.

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Por el contrario criticaron que otros partidos “se volcarán en la campaña electoral” para “tapar el bloqueo” al que ha sido sometido el país en los últimos meses. En concreto, se referían al PSOE y su líder, Pedro Sánchez, a cuya “incapacidad” para negociar atribuyen la repetición electoral.

Ciudadanos, que también firmó el acuerdo ante notario, lamentó que la propuesta socialista no incluya unificar en un envío la publicidad electoral de los partidos a los domicilios que, según cálculos de la formación naranja, supondría un ahorro de 20 millones de euros.

Unidas Podemos lamentó, asimismo, que no se hayan acordado medidas que supongan un mayor ahorro, como la del ‘mailing’ único, y que tampoco se haya contemplado la celebración de dos debates entre los candidatos de los principales partidos, que han propuesto.

Vox argumentó que se sumaba a la iniciativa de “ahorro publicitario” para la campaña electoral porque siempre ha defendido que el coste de los partidos políticos “no puede seguir recayendo en el bolsillo de los ciudadanos a través de indemnizaciones y subvenciones”.

Hay que tener en cuenta que la publicidad exterior mediante carteles y banderolas que emplearon los partidos en la última campaña electoral fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, correspondiente a las elecciones de junio de 2016, costó más de 2,4 millones de euros. En concreto, el importe total del dinero dedicado a estos fines contabilizados por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de las elecciones generales de junio de 2016 asciende a 2.428.508 euros repartidos entre la mayoría de los 18 partidos y coaliciones que se presentaron a aquellos comicios.

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Para esta convocatorio electoral, el Ministerio del Interior ha cifrado el presupuesto destinado en 140 millones de euros (540 millones si tenemos en cuenta las cuatros elecciones desde 2015).

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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