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Economía

La OCDE empeora sus previsiones de PIB y déficit para España

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Nadia Calviño, ministra de Economía
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento para España, que este año crecerá a un ritmo del 2,6%, dos décimas por debajo de su anterior pronóstico, para moderarse al 2,2% el próximo ejercicio, frente a su anterior previsión del 2,4%, y al 1,9% en 2020, según recoge la última edición de su informe ‘Perspectivas Económicas 2018’, donde también ha empeorado sus pronósticos de déficit.

De este modo, las nuevas previsiones de la organización internacional coinciden con las del Gobierno respecto a 2018, aunque se muestran ligeramente menos optimistas de cara a 2019, cuando el Ejecutivo prevé una expansión del PIB del 2,3%.

La institución con sede en París señala que las favorables condiciones financieras, la fortaleza del empleo y medidas presupuestarias, como las subidas de los salarios y las pensiones, siguen apoyando el consumo privado, mientras la inversión empresarial continua creciendo impulsada por los bajos costes de financiación y la mejora de márgenes de beneficio.

“La demanda doméstica se ralentizará a medida que el ritmo de creación de empleo se modera y la tasa de ahorro de los hogares comienza a estabilizarse a sus bajos niveles actuales”, apunta la OCDE, subrayando que la demanda doméstica seguirá siendo el principal motor de crecimiento de España, incluso después de que se hayan disipado los “vientos de cola” de los bajos precios del petróleo y menores impuestos.

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Por otro lado, la OCDE ha empeorado sus proyecciones de déficit al 2,7% del PIB este año y al 1,8% en 2019, cuando sus anteriores pronósticos apuntaban a un desequilibrio negativo del 2,4% y del 1,5% respectivamente. Asimismo, de cara a 2020, la institución prevé que el déficit de España se situará en el 1,2% del PIB.

“El Gobierno debería atenerse a los objetivos de consolidación fiscal a medio plazo para garantizar una reducción duradera de la ratio de deuda pública, y cualquier sorpresa positiva del crecimiento debería usarse para reducir más la deuda”, expone la organización.

Luchar contra la temporalidad

En cuanto al mercado laboral español, la OCDE subraya su segmentación, con elevadas tasas de paro juvenil y de larga duración, así como de contratos temporales.

“Continuar los esfuerzos para luchar contra el abuso de la contratación temporal es clave para reducir la dualidad del mercado”, sostiene la OCDE, que recomienda mejorar la coordinación entre servicios sociales y de empleo para reducir el paro y las desigualdades.

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En este sentido, dada la elevada proporción de empleos temporales y a tiempo parcial, la organización espera que el crecimiento de los salarios seguirá siendo moderado, mientras la tasa de desempleo continuará siendo alta.

En sus pronósticos, la OCDE prevé que la tasa de paro de España bajará al 15,3% este año, dos décimas menos de lo anticipado anteriormente, mientras que en 2019 se situará en el 13,8% y de ahí bajará al 12,5% en 2020.

Por otro lado, la institución considera necesario garantizar la implementación de reformas estructurales previas para abordar la fragmentación de los mercados de productos con el fin de generar economías de escala.

Asimismo, la OCDE aconseja incrementar la provisión de educación para niños de 0 a 3 años con el fin de impulsar la incorporación al mercado laboral de las mujeres y mejorar la formación futura, especialmente en el caso de niños procedentes de entornos menos aventajados.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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