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La semana de desencuentros entre PSOE y Unidas Podemos evidencia la fragilidad del Gobierno de coalición

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La mesa de coordinación de PSOE y Unidas Podemos se reunirá el próximo jueves, día 12, tras las tensiones de los últimos días. Esta reunión será la segunda que se convoca desde la formación el pasado mes de enero del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, tras la celebrada el 19 de febrero en el Congreso de los Diputados. La mesa de coordinación se creó en el marco del “Protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo del gobierno progresista de coalición”, firmado por ambos partidos un día después de la investidura del presidente socialista, Pedro Sánchez, con el objetivo de coordinar la acción del Ejecutivo y la parlamentaria.

Desde la conformación del Gobierno de coalición el pasado 8 de enero, PSOE y Unidas Podemos han protagonizado distintas situaciones de fricción que han generado mucha tensión entre ambas formaciones, y que ponen sobre la palestra la dudosa conveniencia del acuerdo. Entre ellas, las llamadas ‘devoluciones en caliente’, la Ley de Libertad Sexual, el Caso Couso, o la gestión del coronavirus. Asimismo, las presuntas irregularidades financieras del Rey emérito Juan Carlos I también se prevé que van a traer dolores de cabeza a Sánchez próximamente.

‘Devoluciones en caliente’

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, evidenció el jueves pasado las discrepancias en el Gobierno de PSOE y Podemos en política migratoria al insistir en que las devoluciones en caliente no son una “práctica” compatible con los derechos humanos. Una posición que Asens, líder de En Comú Podem, expresó en los pasillos del Congreso un día después de que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, asegurara que el Ministerio del Interior continuará con los “rechazos en frontera” por ser una acción legal, tal y como avaló hace poco la Justicia europea.

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Ley de Libertad Sexual

La polémica se produjo el pasado martes y se debía a que la mencionada ley promovida por el Ministerio de Igualdad (que encabeza Irene Montero, Unidas Podemos) tenía estipulada una norma integral que suponía la reforma del Código Penal. En concreto incluía, ya en su borrador, eliminar el término abuso o incluir como agravantes las agresiones en pareja o el uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima. El problema, para el PSOE, radicaba en que se solapaba con el proyecto de la reforma del Código Penal que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encargó al ministro de Justicia, Juan Carlos Crespo (PSOE). Esto generó un distanciamento entre ambas formaciones, pero tras horas de tensión, el propio Gobierno trató de zanjar al polémica publicando en redes sociales: “La ley de libertad sexual tiene un consenso total en el Gobierno de coalición. Es un proyecto legislativo ilusionante”. Recordemos que antes de esto, Pablo Iglesias había llegado a afirmar que la oposición a la aprobación del proyecto planteado por Montero se debía a que había “mucho machista encubierto”.

‘Caso Couso’

Unidas Podemos mostró este miércoles su disconformidad con la decisión de la Abogacía del Estado de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a la familia del cámara de Telecinco José Couso, muerto por un disparo estadounidense en Irak en la guerra de 2003. El Ejecutivo de coalición que lidera el socialista Pedro Sánchez había decidido antes recurrir la mencionada sentencia porque entiendía que la decisión judicial extiendía el derecho de protección consular de tal manera que sería “inasumible para el Estado”. Así se lo explicó la propia ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya a la familia Couso, con la que se reunió la semana pasada para explicarle esta decisión.

Gestión del coronavirus

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El Gobierno ha aclarado este jueves que todas las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a adoptar para afrontar la enfermedad las emite el Ministerio de Sanidad, después de la polémica suscitada por una guía difundida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por la podemita Yolanda Díaz. A este respecto, Moncloa ha sido tajante y anunció que no iba a seguir las directrices. Mientras tanto, la propia Díaz decía públicamente que no va a retirar la guía para empresas y trabajadores con las recomendaciones por el coronavirus.

Juan Carlos I

Además, Podemos abrió ayer otro frente con el PSOE al anunciar que promoverá una comisión de investigación en el Congreso sobre las “presuntas actividades corruptas” del rey Juan Carlos, pesquisas parlamentarias que fuentes socialistas ya han avanzado que no apoyarán. Pese a que no tiene visos de prosperar, la propuesta de Unidas Podemos, que ya han solicitado formalmente ERC, Más País y Compromís, ha supuesto una nueva discrepancia con su socio de Gobierno en una semana en que, como se ha explicado, se han visibilizado desencuentros a cuenta de la ley de libertad sexual, el “caso Couso” o el papel del Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, en el coronavirus.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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