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Economía

Las tarifas de gas natural suben un 8,4 % de media

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Las tarifas de último recurso (TUR) de gas natural, las que tienen principalmente los consumidores domésticos, subirán a partir de mañana, lunes, un 8,4 % de media respecto al tercer trimestre del año, debido a la importante subida del coste de la materia prima, del 22,7 %.

Estos nuevos precios regulados del gas, que se revisan trimestralmente, estarán vigentes desde mañana y hasta que acabe el año.

En esta nueva revisión para los últimos tres meses del año, las tarifas TUR de gas natural acumulan una nueva subida, después de que en la revisión para el periodo julio-septiembre repuntaran un 3,6 %, tras haber caído un 3,4 % para el periodo abril-junio.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han explicado que el nuevo incremento de las tarifas se debe exclusivamente a la subida del coste de la materia prima, pues la parte regulada de la factura de gas -los peajes que se cobran por el uso de las infraestructuras y por el coste de la energía- están congelados para 2018 por cuarto año consecutivo.

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Los factores que han impulsado al alza los precios regulados del gas natural son la cotización del barril de petróleo Brent, que se ha incrementado un 5,8 % respecto al periodo de referencia anterior para el cálculo de la tarifa, y los precios de los futuros del gas natural en el mercado de referencia europeo, que se sitúan cerca de los 30 euros el megavatio hora (MWh), un 50 % por encima de los valores de septiembre de 2017.

A todo ello hay que añadir que el euro se ha depreciado un 2,8 % frente al dólar.

La subida media de las tarifas reguladas de gas natural que entrarán en vigor mañana es la mayor que ha habido en todo 2018 y está por encima de la que hubo cuando arrancó el año, cuando se produjo un repunte del 6,2 % en los precios a aplicar en el primer trimestre.

La tarifa TUR es una de las modalidades para contratar el gas natural y su precio, que está en vigor durante tres meses, lo fija el Gobierno en revisiones trimestrales.

Es una tarifa para viviendas y consumidores domésticos, y el límite para poder acogerse a ella son 50.000 KWh anuales, de forma que los clientes con consumos superiores deben contratar el gas en el mercado libre.

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En España, hay 1,8 millones de clientes de gas natural que tienen tarifas TUR y 7,8 millones que son suministrados en el mercado libre.

Existen dos tipos de tarifas reguladas, la TUR 1, a la que están acogidos fundamentalmente los clientes que utilizan el gas para el suministro de agua caliente y cocina y cuyo consumo no excede de los 5.000 kilovatios hora (KWh) al año, y la TUR 2, que emplean consumidores que, además, tienen calefacción de gas.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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