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Tribunales

Un guardia civil sobre el 1-O: “Nunca me habían escupido por hacer mi trabajo”

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Un sargento de la Guardia Civil que intervino el 1 de octubre en un colegio de San Andrés de la Barca (Barcelona) ha relatado el “daño moral” que sufrió por las amenazas, insultos y escupitajos que recibieron de los concentrados, y se ha lamentado: “A mi nunca me habían escupido por hacer mi trabajo”.

De ese día, ha explicado el sargento en el juicio del “procés”, se queda con las miradas de la gente, que fue lo que más le “dolió”: “Lo que me ha quedado es cómo me miraban, no se si era por desprecio, por odio o por mi condición de Guardia Civil pero a mí nunca por hacer mi trabajo me habían escupido”.

De hecho, “hasta el día de hoy” no entiende “por qué aquellas personas, que eran del pueblo, se habían comportado, por decir una palabra que no es la adecuada, como delincuentes”.

Según ha dicho, él no sufrió agresiones físicas, pero sí “todo tipo de agresiones verbales y amenazas”. “Lo único que sufrí es un daño moral, no se si me insultaron porque fui a cumplir una orden judicial o es porque era guardia civil”, ha señalado.

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Sí que sufrió una agresión, según ha relatado, uno de sus compañeros del grupo de seguridad cuando uno de los congregados en la puerta del colegio se le “tiró encima”. “Se enzarzaron en una pelea y creo que le mordió la mano”.

Él fue el único detenido de esa intervención pese a que “aquel día se cometieron muchos delitos”. “Si nos hubiéramos dedicado a detener, hubiéramos creado un mal mayor”, ha reconocido.

El sargento ha explicado que aquel 1 de octubre llegó sobre las once, “de paisano”, con una gorra en la cabeza y acompañado de un grupo de seguridad de la Guardia Civil porque aunque sabían que algunos “compañeros” estaban teniendo “muchas dificultades” a la hora de intentar cerrar los colegios, en realidad, “no te hacías una idea”.

Nada más bajar del coche, que aparcaron a unos 40 o 50 metros, los compañeros les encapsularon para que no fuesen “agredidos” y ahí fue cuando, según ha precisado, “se acercaron unas 15 o 20 personas” y les comenzaron a insultar hasta que llegaron a la puerta del colegio.

Allí -ha proseguido- les colocaron a un lado de la puerta ante la imposibilidad de entrar por las “300 o 400 personas” aglomeradas, mientras sus compañeros de seguridad informaban hasta en cuatro ocasiones a los congregados de que debían “cumplir una orden judicial”.

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Pero, según el relato del testigo, la “contestación” de los concentrados, que se encontraban “todos empujando” y “entrelazados de los brazos”, fue que “no iban a cumplir la orden judicial y que no hacían caso a la Guardia Civil”.

Mientras todo esto ocurría, el sargento ha comentado que había ocho mossos “a unos 40 metros” al otro lado de la calle, que “en ningún momento se acercaron” a prestarles auxilio.

“Después de un buen rato”, -ha proseguido- la puerta se abrió por uno de los lados debido a “la fuerza que hacía la gente”, una circunstancia que fue aprovechada por la Guardia Civil, que pudo ir sacando “uno a uno” a los aglomerados.

Cuando consiguieron entrar al colegio, el sargento se llevó “otra sorpresa”. Ha dicho que se encontró a unas 250 personas “de muchas edades” haciendo “un muro infranqueable”, sentados en el suelo.

De ahí, ha dicho que la imagen que se le quedó es cómo los congregados les grababan y una persona decía: “Todos callados, no decir nada”.

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Finalmente, tras intentar no pisar a nadie, el sargento ha indicado que consiguieron llegar al punto de votación donde, sin embargo, no encontraron urnas, tan solo “2.500 sobres, algunas papeletas de votación y una CPU”.

Tras su intervención, emprendieron camino de regreso al coche, de nuevo encapsulados por sus compañeros de seguridad, y allí volvieron a recibir “todo tipo de insultos”: “Nos amenazaron y nos volvieron a escupir”.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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