Jueces para la Democracia expresa en un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas" - ALERTA NACIONAL
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Tribunales

Jueces para la Democracia expresa en un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas”

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PR.-  Un juez no está para eso, no está para apoyar a ningún gobierno, ni para militar en él, su función es otra. Su función es aplicar la ley, es la defensa de los valores constitucionales. Nos lo dicen fuentes jurídicas. Jueces para la Democracia, con claridad, ha expresado a través de un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades”. Este comunicado no ha gustado en el resto de la carrera judicial. “Es una barbaridad”, nos dicen algunos jueces. Incluso lo califican de lamentable. Las manifestaciones de “Jueces para la Democracia” quebrantan los principios de independencia y lealtad institucionales, señalan otros jueces consultados. Esta asociación, considerada próxima al PSOE, “ha entrado en un debate político que nos está vedado a los jueces”, dicen.

Para la asociación de jueces Francisco de Vitoria, cada juez es libre de votar a quien quiera, pero no tienen que entrar en Política. Su portavoz, Raimundo Prado, en conversación telefónica con COPE, se pregunta qué es ser progresista. Se presupone que el PSOE es progresista pero no quiso modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, recuerda. Por ello se pregunta “¿ dónde radica su progresismo? ”. Como asociación, como jueces, defienden que la Justicia sea lo más independiente posible, basada en principios constitucionales.

“Lo que se espera de los jueces es que seamos independientes”, nos dice María Jesús del Barco, portavoz de la APM, la asociación mayoritaria. Defiende la división de poderes y critica la intromisión de unos en otros. Con rotundidad, Del Barco asegura, que la Política se hace en la Carrera de San Jerónimo, no desde las asociaciones de jueces.


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Cultura

La Justicia ordena la devolución de los bienes de las parroquias aragonesas

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Imágenes bienes de la Diócesis de Barbastro-Monzón
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El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastro (Huesca) ha ordenado la inmediata devolución de los 111 bienes del patrimonio histórico de las parroquias aragonesas que permanecían depositados en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida. Entre los bienes se encuentran pinturas, orfebrería, libros de gran valor, capas pluviales y casullas. La sentencia dictada por el juez estima íntegramente la demanda presentada por el obispado de Barbastro Monzón en representación de las 43 parroquias que lo integran.

Siete meses después de celebrarse el juicio para resolver la discrepancia entre las diócesis de Lérida y de Barbastro-Monzón, la sentencia desestima en su totalidad los argumentos planteados tanto por el obispado catalán como por el Consorcio de la institución museística y concluye que los bienes son propiedad aragonesa y deben de regresar.

Todo se remonta al 29 de abril de 1995, cuando se constituye la diócesis de Barbastro-Monzón, por el que se ordena que las parroquias de los arciprestazgos de Ribagorza Oriental y Occidental, Cinca Medio, La Litera y Bajo Cinca se transfirieran de la diócesis de Lérida a la de Barbastro, que pasó a denominarse, en virtud del mismo Decreto, diócesis de Barbastro-Monzón.

Una vez concluido el proceso, habían sido transferidas 111 parroquias, todas las cuales se encontraban dentro los límites territoriales de Aragón, con una población de 68.454 fieles.

La transferencia de fieles y parroquias fue aceptada sin objeción alguna por parte de la diócesis de Lérida, pero siempre tuvo reparo a devolver los objetos artísticos o de arte sacro propios de las mismas.

La reiterada negación a hacerlo ha dado lugar a este pleito. Al mediodía se celebrará una rueda de prensa sobre esta sentencia.


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Tribunales

La Fiscalía valorará si hubo delito de los gestores socialistas andaluces por la pérdida de vacunas

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El Gobierno andaluz de PP-Cs ha trasladado a la Fiscalía la pérdida de 1,8 millones de vacunas contra la gripe desde 2012 por parte de los anteriores ejecutivos socialistas, para que determine si ve algún tipo de irregularidad o delito. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha explicado que la semana pasada se derivó a la justicia este asunto, por lo que será ahora la Fiscalía quien tendrá “que pronunciarse sobre si ve algún tipo de irregularidad”.

Bendodo ha defendido en una entrevista en la Cope que durante los anteriores gobiernos socialistas “se inflaron” las cifras, con 1,8 millones de vacunas “desaparecidas, perdidas, extraviadas o descontroladas”, que suponen 6 millones de euros. La Junta lleva esta denuncia a la Fiscalía después de recopilar los datos necesarios sobre lo que han denominado como “vacunas fantasma” para la gripe, ya que según han expuesto en otras ocasiones ni se usaron ni fueron devueltas.

Bendodo ha rechazado las críticas del PSOE a la gestión sanitaria del Gobierno pidiendo en diez meses “lo que no hicieron en 37 años” y ha mantenido que “el gran fraude” del Ejecutivo de Susana Díaz y de los anteriores fue “la sanidad pública”.


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Tribunales

Una fiscal propone que negar la violencia de género sea delito

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La fiscal valenciana contra los delitos de Odio, Susana Gisbert
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La fiscal valenciana contra los delitos de Odio, Susana Gisbert, propone que negar la violencia de género pueda ser considerado delito de odio, del mismo modo en que lo es el negacionismo del holocausto, un tipo penal al que «se aproxima» mucho pues, si el segundo niega el genocidio, el primero pretende hacer invisible la muerte de más de mil mujeres en los últimos años en nuestro país.

«No estoy diciendo que ese negacionismo de la violencia de género sea ahora delito, porque no lo es actualmente, pero sí que se estudie esta posibilidad, porque hay líneas fronterizas muy peligrosas entre ese negacionismo y otro que sí es delito, como el del holocausto, con el que comparte el fundamento de trivializar crímenes muy graves».

La fiscal, que está especializada en violencia de género y ha sido portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, añade que «aunque en el caso de las muertes de mujeres no estemos hablando de un crimen de lesa humanidad, como sucede con el holocausto, el número de mujeres asesinadas empieza a ser de tal magnitud que podría llegar a considerarse como tal».

En todo caso, Gisbert matiza que, en materia de violencia de género, no se debe poner el acento únicamente en el derecho penal, y propone trabajar más en la prevención. «Cuando intervenimos con el derecho penal lo que hacemos es gestionar el fracaso. Aunque nos empeñemos en dar más funciones a los juzgados, nosotros solo actuamos cuando ha ocurrido un delito. Incluso aunque no haya condena, nosotros solo podremos poner medidas cautelares frente a un hecho con apariencia de delito. Sin eso, la Justicia penal no puede hacer nada más que redirigir a la mujer a los servicios sociales».

Como fiscal de delitos de odio, Gisbert pone en práctica medidas alternativas a las que entrañan cárcel, como por ejemplo la prohibición de actuar en redes sociales para condenados por perseguir en sus publicaciones a determinados colectivos por razones de pertenencia a una religión, etnia, orientación sexual…

«Son medidas muy interesantes, más aún teniendo en cuenta que ahora las redes sociales también pueden proveer de un cierto beneficio económico por visitas, por derivar tráfico a una web que recibe publicidad… en suma, se trata de medidas que pueden ser más efectivas que una prisión que, en muchos casos, no va a ser cumplida porque la suspenderá el tribunal, al ser la condena inferior a dos años de cárcel».

 

 


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