El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha pronunciado hoy sobre la escalada de violaciones perpetradas por inmigrantes en España y ha propuesto “reforzar las fronteras, ilegalizar a las ONG que colaboren con las mafias” dedicadas al tráfico humano, así como “repatriar inmediatamente a los ilegales”.

En ese contexto, Abascal ha apoyado la decisión del Gobierno italiano de Matteo Salvini, refrendada por el Senado, de multar con hasta un millón de euros a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo si entran en aguas italianas.

Para el líder de Vox, “éste es el único camino” para impedir la llegada de inmigrantes e repatriarles.

Abascal ha defendido “la revisión de los tipos penales, y endurecimiento de sus penas, para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares”.

También pretende acabar con el efecto llamada: “Cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración”.

El de Amurrio aboga asimismo por la “persecución efectiva de las mafias de comercio callejero, no solo los vendedores, también la producción y distribución”, así como por “la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal y la revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española”.

Multas y más recursos para combatir la inmigración

Las ONG que salvan vidas en el Mediterránea se arriesgarán a multas de hasta un millón de euros si entran en aguas territoriales de Italia sin autorización del Ministerio del Interior del vecino país, según el decreto antiinmigración impulsada por el primer ministro, Matteo Salvini, y refrendada por el Parlamento, el pasado lunes.

El decreto, que prevé dotar de recursos la batalla contra la inmigración irregular y las mafias, y la contratación de más policías, fue aprobado por el Gobierno de Salvini el 11 de junio y debía de ser refrendado por el Parlamento en un plazo de 60 días, por lo que era preciso hacerlo antes del 13 de agosto.

El decreto, aprobado el 25 de julio en la Cámara de los Diputados, establece la introducción de multas a ONG que salvan vidas en el Mediterráneo, como Open Arms, en caso de entrar en aguas italianas.

También contempla que el ministro de Interior puede limitar o prohibir la entrada de naves en aguas territoriales italianas por motivos de seguridad y las multas pueden alcanzar el millón de euros para los comandantes de incumplan la norma.