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Sucesos

Bastonazo judicial a Irene Montero: el juez desestima que la edil de VOX le acose por protestar frente al chalet de Galapagar

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La ministra de Igualdad no logró que la justicia ‘castigase’ a Cristina Gómez Carvajal por las caceroladas a las puertas de la lujosa vivienda

Irene Montero cae  de bruces.

La juez desestimó la denuncia de la pareja de Pablo Iglesias contra la concejal de VOX en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal.

Jose Antonio Puglisi.- La ministra de Igualdad la demandó por acoso, debido a que participó en las caceroladas a las puertas del lujoso chalet de Galapagar. Tras una sesión judicial el pasado 10 de julio, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 dictó el sobreseimiento provisional del caso.

La Justicia no dio la razón a Montero, quien afirmó que Gómez Carvajal cometió un supuestos delitos “coacciones” y “acoso diario en su domicilio y redes sociales” por acudir a las manifestaciones diarias realizadas frente a la lujosa vivienda de Iglesias y Montero.

La juez, que escuchó los alegatos de Montero a través de videoconferencia, consideró que la Edil de VOX estaba haciendo ejercicio de su libertad de expresión y de su derecho a la protesta pacífica.

La decisión supone un duro golpe para Irene Montero.

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Es importante recordar que el 23 de junio, la pareja de Iglesias anunció la demanda en televisión y hasta mostró los vídeos grabados por la concejal, esos que ella difundió en Twitter con las protestas.

Según la ministra, siendo cargo público en el Ayuntamiento de Galapagar «agrava e incide en la responsabilidad de su conducta».

También en su denuncia, Montero incluía enlaces con tuits en los que se veían las protestas cerca de su domicilio. En uno de esos vídeos publicados, la concejal de VOX dice que es la «21ª cacerolada» y que «como todos los días no faltamos a nuestra cita».

Todos unos argumentos que no convencieron a la juez, que terminó protegiendo a Cristina Gómez Carvajal y dando un nuevo ‘varapalo’ legal a Podemos. Ya que se suma a toda la polémica del ‘Caso Dina’ y a la condena de prisión contra la violenta Isa Serra.

El ‘bunker’ de Podemos

La decisión de la juez también pudo estar motivada por la elevada protección que cuenta la pareja en su ‘bunker’ de Galapagar.

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Más aún cuando es conocido que, con la autorización de Fernando Grande-Marlaska, todo el perímetro del chalet de Pablo Iglesias está blindado por decenas de agentes de la Guardia Civil que impiden manifestaciones y caceroladas próximas a la lujosa vivienda.

Incluso, se ha visto cómo el exsecretario General del Partido Comunista (PCE), Enrique Santiago, salió del chalet de Pablo Iglesias para encararse y amenazar a los manifestantes que “celebraban” los resultados autonómicos del 12J, donde Podemos quedó fuertemente ‘golpeado’ tras desplomarse en Galicia y País Vasco.

En las imágenes, difundidas a través de las redes sociales, se puede ver cómo Santiago se encara con los ciudadanos. Ante sus protestas, señala a uno y le reconoce que “a ti ya te tengo identificado”.

Sin mascarilla y escoltado por la Guardia Civil, el comunista se encara, señala y acusa a los agentes a los manifestantes que le gritan “fuera comunista” o “Viva España”.

Incluso, uno de los vecinos le recuerda que “a mí, no me señales. A día de hoy puedo grabar a quien yo quiera”. En este sentido, da a entender que aún no se aplican leyes del tipo autoritario como las que han respaldado Santiago y Pablo Iglesias en países como Venezuela, Bolivia o Nicaragua.

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España

“Alvise” Pérez lo vuelve a hacer: el analista destapa un nuevo caso de corrupción en el PSOE

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En las soleadas y acomodadas calles de Sotogrande, el chiringuito Gigi’s Beach era más que un mero refugio costero; se convirtió en ejemplo de cómo la corrupción y el poder se mezclan como el hielo y la ginebra en un vaso de highball.

Entre los clientes frecuentes que Alvise Pérez analizó en escuchas activas, se encontraba el alcalde de San Roque, Ruiz Boix, un personaje sacado directamente de una novela de intrigas políticas.

Su presencia en Gigi’s no era casualidad; su esposa, conocida por su habilidad para intimidar a los camareros hasta conseguir que la cuenta desapareciera, actuaba como la perfecta antagonista en este relato de privilegios no ganados.

Boix, en un juego de apariencias, se reunía a menudo con empresarios locales en una mesa apartada, junto a los alcaldes de La Línea y Algeciras, formando un tridente inseparable de camaradería.

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La rutina era siempre la misma: botellas que fluían libremente, visitas sospechosas al baño, y gestos descarados hacia la nariz que no hacían más que alimentar los rumores de cocaína.

El murmullo del pueblo y los audios grabados tenían nombres y detalles: Juan José Moncayo Agüera, amigo del alcalde y dueño de dos restaurantes, y Carlos Molina Muñoz, un teniente de la Guardia Civil cuya carrera se vio manchada por acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

Se decía que este trío no solo compartía botellas sino que también estaba inmerso en el lavado de dinero procedente del narcotráfico. El ascenso meteórico de Moncayo, de simple barman a magnate de la restauración, fue visto no como un cuento de hadas, sino como una fábula de corrupción.

Coches de lujo, remodelaciones costosas y escapadas europeas.

Todo era impunidad hasta que Alvise Pérez, en lo que muchos critican como “extorsión” y “amenazas inmorales”, logró hace días que uno de ellos proporcionara la información adecuada.

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Ahora, mientras las olas rompen suavemente en la costa, esta Comunidad espera pacientemente, sabiendo que la marea de la justicia, aunque lenta, eventualmente llega a la orilla. 🐿️

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