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Sucesos

Condenan a 36 años de cárcel a un policía nacional por abusar sexualmente de tres menores

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La Audiencia de Alicante ha impuesto penas que suman 36 años de prisión, pero cuyo cumplimiento efectivo no podrá superar los 20, a un policía nacional de la ciudad que abusó sexualmente de tres menores e intercambió fotografías y vídeos sexuales con ellos y otros seis chicos.

La sentencia declara a V. B. C. autor de tres delitos de abusos continuados a menor de 16 años, otros tres de abusos simples, cuatro delitos de corrupción de menores y un delito de exhibicionismo y provocación sexual. Sin embargo, le absuelve por falta de pruebas de acciones similares que la Fiscalía le atribuía respecto a otros dos menores. Los hechos ocurrieron entre junio y septiembre de 2016, cuando el implicado, que trabajaba en la comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante, contactó con las nueve víctimas, de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, a través de las redes sociales ‘Grindr’ y ‘Wapo’.

La Sección Tercera de la Audiencia alicantina ha determinado, contrariamente a lo que manifestó durante el juicio el propio acusado, que ésta «era conocedor de la minoría de edad» de todos los chicos.

Según el tribunal, el policía mantuvo relaciones sexuales completas con dos de los adolescentes, ambos de 15 años, en febrero de 2016: con el primero en dos ocasiones, en su propio domicilio de Alicante, y con el segundo en su coche, en un descampado de la vecina localidad de San Vicente del Raspeig. En junio de ese año se desplazó a Almoradí, en el sur de la provincia, y mantuvo allí relaciones sexuales dos veces con otro menor, también de 15 años, aunque en ninguna de ellas utilizó la violencia o la intimidación, añade el fallo.

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El agente, que también entrenaba a un club de fútbol juvenil de un barrio de Alicante, fue detenido en octubre de 2016 por estos hechos y se encuentra desde entonces en prisión provisional. La Audiencia ha descartado que la intervención de su teléfono móvil, en los que la Policía encontró varias pruebas de los delitos, vulnerara sus derechos fundamentales por la ruptura de la cadena de custodia.

Asimismo, ha confirmado que V. B. C. intercambió fotografías y vídeos de contenido sexual con otros seis menores, como hizo también con los anteriores, a lo largo del verano de ese mismo año. Aunque a varios de ellos les propuso mantener encuentros sexuales, solo uno, de 17 años, accedió a sus pretensiones. El fallo, que puede ser recurrido por la defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, le obliga a indemnizar a los menores con cantidades que suman 20.000 euros por los daños morales.

Recientemente se ha registrado otro caso de abusos sexuales a menores en la provincia de Valencia, concretamente en la población de Buñol. A principios de este mes de septiembre, la Guardia Civil detuvo a dos hombres en el citado municipio por prostituir y abusar sexualmente de diez menores, la mayoría de ellos residentes del centro de recepción de la localidad, tras una investigación que duró varias semanas. Uno de los presuntos pedófilos es un jubilado de 62 años y su arresto causó un gran revuelo entre los vecinos. El otro detenido es un marroquí de 23 años que captaba a los menores.

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España

“Alvise” Pérez lo vuelve a hacer: el analista destapa un nuevo caso de corrupción en el PSOE

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En las soleadas y acomodadas calles de Sotogrande, el chiringuito Gigi’s Beach era más que un mero refugio costero; se convirtió en ejemplo de cómo la corrupción y el poder se mezclan como el hielo y la ginebra en un vaso de highball.

Entre los clientes frecuentes que Alvise Pérez analizó en escuchas activas, se encontraba el alcalde de San Roque, Ruiz Boix, un personaje sacado directamente de una novela de intrigas políticas.

Su presencia en Gigi’s no era casualidad; su esposa, conocida por su habilidad para intimidar a los camareros hasta conseguir que la cuenta desapareciera, actuaba como la perfecta antagonista en este relato de privilegios no ganados.

Boix, en un juego de apariencias, se reunía a menudo con empresarios locales en una mesa apartada, junto a los alcaldes de La Línea y Algeciras, formando un tridente inseparable de camaradería.

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La rutina era siempre la misma: botellas que fluían libremente, visitas sospechosas al baño, y gestos descarados hacia la nariz que no hacían más que alimentar los rumores de cocaína.

El murmullo del pueblo y los audios grabados tenían nombres y detalles: Juan José Moncayo Agüera, amigo del alcalde y dueño de dos restaurantes, y Carlos Molina Muñoz, un teniente de la Guardia Civil cuya carrera se vio manchada por acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

Se decía que este trío no solo compartía botellas sino que también estaba inmerso en el lavado de dinero procedente del narcotráfico. El ascenso meteórico de Moncayo, de simple barman a magnate de la restauración, fue visto no como un cuento de hadas, sino como una fábula de corrupción.

Coches de lujo, remodelaciones costosas y escapadas europeas.

Todo era impunidad hasta que Alvise Pérez, en lo que muchos critican como “extorsión” y “amenazas inmorales”, logró hace días que uno de ellos proporcionara la información adecuada.

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Ahora, mientras las olas rompen suavemente en la costa, esta Comunidad espera pacientemente, sabiendo que la marea de la justicia, aunque lenta, eventualmente llega a la orilla. 🐿️

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