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Economía

EE.UU. amenaza con aplicar un arancel del 25% a los productos europeos si se aprueba la tasa Google

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, no descarta aplicar “represalias arbitrarias”, como un arancel del 25 % a la importación de productos europeos como los automóviles, si la Unión Europea no se muestra más flexible con su intención de imponer la tasa digital conocida como tasa Google.

Durante su intervención este miércoles en el Foro Económico de Davos en una mesa redonda en la que también participaba el ministro británico de Economía, Sajid Javid, Mnuchin ha declarado que si “algunos países imponen de forma arbitraria tasas digitales” a compañías estadounidenses, el país impondrá “también de forma arbitraria” aranceles a productos europeos. En concreto, se ha referido a la posibilidad de gravar con un 25% la importación de automóviles.

El ministro británico ha alegado que el impuesto aprobado en el Reino Unido entra en vigor en abril, pero “de forma temporal”, a la espera de que la OCDE establezca un gravamen a nivel europeo. El estadounidense ha rebajado el tono de su amenaza y ha asegurado que mantendrá conversaciones bilaterales con su homólogo británico, al tiempo que se ha mostrado convencido de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará lo mismo con el primer ministro británico, Boris Johnson.

Estados Unidos, ha dicho el secretario del Tesoro, está deseando cerrar un acuerdo comercial con el Reino Unido, extremo que ha confirmado el ministro británico, que ha indicado que se trata de “la máxima prioridad” del Gobierno una vez que se haga realidad la salida del país de la Unión Europea, el próximo 31 de enero.

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Mnuchin se ha referido también al conflicto comercial entre China y Estados Unidos, y ha recordado que ambos países trabajan en la implementación de la primera fase del acuerdo, que debería estar listo antes de un mes; en cuanto a la segunda fase, se podrá completar “antes o después” de las elecciones presidenciales de noviembre de este año.

En todo caso, ha añadido, Estados Unidos mantendrá los aranceles hasta que se llegue a la segunda fase del acuerdo.

 

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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