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Economía

España sufre la mayor caída del ‘ladrillo’ en Europa por el frenazo de la economía y la vivienda

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Por Jaime Caneiro.- España sufrió en septiembre la mayor caída en el sector de la construcción de toda la Unión Europea. La actividad se contrajo un 10% respecto al mismo mes del año anterior, frente al 0,3% que creció en el conjunto de los Veintiocho, por detrás de otros miembros como Eslovenia (-8,1%) o Francia (-2,6%). Los datos, ofrecidos ayer por Eurostat, tampoco son positivos cuando se mira la evolución mensual, ya que la actividad retrocedió un 2,4% respecto a agosto y el país volvió a ser de nuevo el de peor evolución en la UE (+0,3%), situándose también en la cola de la región, sólo por delante de Suecia (-4,9%) y Rumanía (-3,4%).

La desaceleración económica y la normalización del mercado inmobiliario en España han empezado a hacer mella en el ladrillo, después de varios años de recuperación. Basta mirar la evolución de los últimos meses y los últimos trimestres. Por ejemplo, entre julio y septiembre de 2019, la actividad constructora se contrajo un 1,7% en el país, frente al 1% que creció el trimestre anterior.

Fuentes del sector admiten que se está produciendo “cierta debilidad” debido fundamentalmente al frenazo de la economía, tanto a nivel global como a nivel nacional. Bruselas, de hecho, ha rebajado hasta el 1,9% sus pronósticos de crecimiento para el PIB español en 2019, cuatro décimas menos que las previsiones publicadas en julio.

Junto al enfriamiento de la economía, el otro factor que está detrás del batacazo de la actividad constructora en septiembre es el frenazo en el mercado de la vivienda tras varios ejercicios en auge. Las compraventas, por ejemplo, cayeron un 12% en el noveno mes del año respecto al mismo periodo de 2018, según los últimos datos del INE, y hasta ese momento, el número de transacciones había bajado un 3,2%.

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“El sector está viviendo una adecuación de la demanda y la oferta”, apunta Marcos Beltrán, director general del servicer Altamira y responsable del área de Real Estate. “Aunque la evolución depende de las zonas y los nichos de mercado”, matiza. Hay zonas que aún no se han recuperado de la anterior crisis y zonas donde la tensión ha provocado un repunte casi inasumible de los precios, como ocurre en Madrid y Barcelona.

EL PRECIO DEL ALQUILER SUBE UN 2,4%

Los expertos descartan por ahora que la construcción vaya a entrar en terreno negativo, pero la confianza ya ha comenzado a resentirse. Según la Encuesta de coyuntura del sector de la construcción publicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Indicador del Clima de la Construcción (ICC) en España retrocedió hasta un valor de -5,4 puntos en el mes de octubre, 2,5 menos que el mes anterior y 7,4 por debajo del valor que registró en octubre de 2018. La bajada viene motivada por unas peores expectativas de empleo (-1,8 puntos) y en la cartera de pedidos (-8,9 puntos)

“Este año aún vamos a crecer, pero el próximo podríamos encontrarnos con más problemas”, aseguran las fuentes consultadas. De acuerdo con sus estimaciones, en términos de contabilidad nacional se espera un crecimiento entre el 3% y el 4% de media anual. Y lo mismo ocurre con el empleo, donde aspiran a cerrar el año creando puestos de trabajo, frente a la moderación prevista para 2020.

El sector tampoco es ajeno al impacto de la situación política en nuestro país. La fragmentación parlamentaria salida de las urnas el pasado 10 de noviembre deja en el aire numerosas cuestiones regulatorias que podrían acabar afectando a las diferentes actividades de construcción. A priori, el PSOE tenía la intención de aumentar el gasto en infraestructuras, pero todo dependerá de las alianzas que finalmente logre reunir y de la marcha de la propia economía. “Si los Presupuestos son muy rígidos, habrá problemas para garantizar esas inversiones. Si hay que elegir entre construir carreteras o construir hospitales, la elección parece clara”, apuntan desde el sector

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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