La Generalitat tenía previsto presentar a Cataluña como un Estado ante el gobierno chino, con el que negoció un préstamo de hasta 11.000 millones de euros para crear el futuro banco central catalán, alegando que fue “ocupada militarmente en 1714” por las tropas francesas y españolas y que desde entonces ha mantenido su “dignidad nacional” y ha realizado esfuerzos por lograr su independencia.

Así se expone en un reciente informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, aportado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En él se incluyen las diapositivas de la presentación en inglés preparada en octubre de 2015, con el gobierno de Artur Mas, para explicarles la viabilidad de la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

El documento encontrado en el análisis del pendrive incautado al exsecretario de Hacienda de la Generalitat Josep Llúis Salvadó, procesado por dicho juzgado, se titula ‘Presentación de Cataluña como Estado’, cuyo segundo punto trataría de su Historia. En este sentido, comienza relatando que “hace mil años, Cataluña emergió del Imperio carolingio como un país independiente y mantuvo su propia organización política hasta el siglo XVIII”.

Asimismo, afirma que “Cataluña alcanzó su apogeo como potencia económica, política y de desarrollo cultural en el Mediterráneo, entre los siglos XIII y XV”, pero que tres siglos más tarde fue “ocupada militarmente” por Francia y España “perdiendo su independencia política y sus instituciones de autogobierno”, pues su “lengua y cultura fue perseguida”. “Desde entonces, ha mantenido su dignidad nacional y se ha esforzado por recuperar su independencia”, concluye la diapositiva.

LAS DUDAS DE CHINA

Según los investigadores, todo ello guarda relación con el correo electrónico que se encontró también entre los archivos de Salvadó y que fue enviado en mayo de 2016, comentando las preguntas que al parecer se estaba formulando el gobierno chino acerca del futuro banco central catalán y la declaración unilateral de independencia.

El ‘power point’, que estaba preparado meses antes, recalca la posibilidad de una ruptura con España tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015 gracias a que un “48 por ciento” votó a favor de la independencia y por ello el Parlamento catalán “podría crear su propia legitimidad a través de la legislación”.

Así, presentarían dos vías para la independencia: a través de un referéndum, que no “podrá ser evitado” por el Gobierno español, pese a su oposición, dice el documento; o bien con la decisión del Parlament a hacer una “separación unilateral”, por lo que el Govern actuaría “como si Cataluña no fuese parte de España”.

OPCIONES ANTE LA SEPARACIÓN

En el caso de que se optase por el segundo camino, la Generalitat explicaría a las autoridades chinas que el Gobierno español tendría la opción de actuar como si Cataluña siguiese permaneciendo al Estado y por tanto “no se boicotearían las infraestructuras, no se interrumpirían los movimientos fronterizos”, se continuarían “pagando las pensiones y las transferencias de la Seguridad Social” y “no se recurriría a la violencia”, señala el informe.

Por el contrario, si se acepta la separación, consideraban en ese documento que España “sufriría una crisis de deuda con una contracción del 20 por ciento del PIB y una reducción de sus ingresos por la disminución de los impuestos y contribuciones sociales provenientes de Cataluña”. La presentación de power point concluía afirmando: “ganará el que más resista”.

Uno de los guardias civiles que examinó la documentación incautada a Salvadò declaró el pasado mes de marzo en el Tribunal Supremo en el juicio por el ‘procés’ independentista, donde recalcó que la búsqueda de financiación internacional en China, se debía la “preocupación” de los miembros del Govern para “sobrevivir económicamente” desde la declaración de independencia y la puesta en marcha de la Agencia Tributaria Catalana.

También señaló que se necesitaba sumar otros 6.000 millones procedentes de los Ayuntamientos y otros 1.300 millones de ingresos propios para el mantenimiento económico de la hipotética República catalana.