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Economía

La “huelga” de los taxistas

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Francisco Hervás Maldonado.- Estamos padeciendo en Madrid y Barcelona sendas huelgas salvajes de taxistas. En realidad no son huelgas sino cierres patronales coordinados de pequeños empresarios autónomos. Por tanto, primer error: hay que valorar la legalidad del hecho, que no está clara. Los coches no pueden estar circulando por la calle, sino en sus garajes o aparcados.

Y menos si miramos los antecedentes de conducta impresentable de muchos de esos taxistas que protestan: taxímetros manipulados (últimamente parece que no, pero antes era frecuente), vueltas y revueltas para alargar los trayectos (acabo de padecer un caso así hace pocos días y me tuve que poner farruco con el taxista, un extranjero a sueldo del verdadero propietario del taxi), abuso de subcontratados (800 euros al mes por doce horas de trabajo diario, generalmente de extranjeros, con beneficios cobrados en B) el escándalo de la venta de licencias por precios superiores a los de los pisos, (sobrepasan los 100.000 euros en Madrid, mientras que la licencia “de novo” no llega a los 5.000 euros) y no siempre están limpios los taxis ni permiten usar wifi o tampoco tienen botellas de agua, como los VTC.

Ahora bien, gracias a Dios, la inmensa mayoría de los taxistas son gente normal y estas barbaridades las organizan unos sinvergüenzas, aparentemente, pues eso de tirar piedras a los VTC, quemar contenedores, bloquear carreteras, etc., es propio de gentuza inculta y delincuente. Esto no lo hace una persona con un mínimo de educación, sin duda.

Por otra parte, las administraciones central, autonómica y local tienen buena culpa de ello, pues ni se puede consentir el traspaso de licencias de taxis, ni tampoco la libertad de precios, ni se pueden reducir enormemente los impuestos a taxistas, impuestos nacionales, autonómicos y locales por poder trabajar, ni tampoco la sociedad debe de consentir esas rebajas en el combustible o en los nuevos taxis, etc. Por tanto, empiecen igualando los impuestos ustedes, señores políticos, con el resto de los ciudadanos, a ser posible a la baja para todos. Y bájense sus sueldos y prebendas, disminuyan la ingente cantidad de instituciones duplicadas y triplicadas. En definitiva: puede que algunos taxistas roben, pero son unos aprendices a su lado, si no unos compinches. No se puede ni se debe permitir que sigan destrozando entre todos nuestra sociedad, nuestra convivencia y, en definitiva, nuestra patria. No son ustedes creyentes, pero van camino de arder en los infiernos. Son la hez de nuestra sociedad, la vergüenza de España.

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Porque ni saben una palabra, ni están preparados, ni siquiera intentan aprender algo. Son unos inútiles, señores políticos, que solo saben hacer daño en beneficio propio. Y lo digo con conocimiento de causa. Algún día les hablaré de las maniobras que he tenido que soportar a cargo de un incompetente político disfrazado de gestor, robando a espuertas. Dispongo de escritos que lo prueban.

Pero todo esto ya lo sabemos, como también sabemos la solución. Si ustedes no pueden acabar con los VTC, déjense de rebuznar y cocear, y conviértanse en VTC ustedes también, pues solo así competirán con ellos al mismo nivel, que les están ganando en todos los terrenos. Me explico. En lugar de ser taxis en general, sean taxis de empresa o de asociación de empresarios. Ya lo han intentado, pero no en lo fundamental, por eso no les ha salido bien. Les voy a dar diez consejos, como mínimo, para que les salga bien:

1º) Tarifiquen por zonas. Dividan Madrid o Barcelona en zonas y apliquen precio fijo según el número de zonas que haya que recorrer entre dos puntos. Precio tarifado previamente e inalterable en virtud del tiempo que se tarde. Fuera los taxímetros y dentro los móviles corporativos.

2º) Pidan licencias colectivas y no individuales, que saldrá mucho más barata una licencia de grupo que una de un solo automóvil. Los políticos se la tienen que envainar, quieran o no. Por supuesto, de ninguna manera comercien con las licencias. Eso es hasta repugnante, diría yo; porque se trata de un abuso terrible sobre una pobre persona que intenta ganarse la vida honradamente, pues se le obliga a pagar una cantidad salvaje e injustificada, con el visto bueno de nuestras indecentes autoridades.

3º) Premien a quien mejor tenga el coche: más limpio y con más servicios. Incluso nombrándolo taxista del mes, o algo similar.

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4º) Asignen taxis turísticos con precio fijo para recorridos del mismo tipo por la ciudad y sus alrededores, incluso con guía.

5º) Asignen taxis de grupo con precio adaptado, como sucede, por ejemplo, en Berlín. También pueden ser turísticos.

6º) Ofrezcan servicios extras, como transporte de comidas adquiridas en determinados puntos, transporte de paquetería reducida o de pequeñas compras, concertados con los grandes almacenes.

7º) Ofrezcan lecciones de conducción a profesionales, así como de mecánica de mantenimiento de los vehículos.

8º) Ofrezcan wifi gratis, agua, refrescos y snacks (almendras, etc.) a los usuarios. El wifi lo necesitarán, de todas formas, para sus teléfonos corporativos.

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9º) Creen redes sociales para informar a los usuarios de todo lo que hacen, con información actualizada cada día en ellas y en internet, así como ofertas de Navidad o vacaciones, etc.

10º) Exijan una reducción sustancial de impuestos sobre los vehículos y combustible, pero para todos los vehículos, incluidos los taxis. Solamente así lograran recuperar a una clientela explotada hasta la fecha.

Se me ocurren bastantes más, pero no acabaríamos. Desde luego, lo que no se puede ni se debe hacer es la berrea borriquera ni la violencia, propias más bien de animales que de seres civilizados. No creo que tengan gente adecuada entre sus dirigentes “sindicales”, cuya incultura llama ya la atención y les va a llevar a la ruina. A este paso los hunden, no les quepa duda. Mucho ojo con quienes eligen como representantes, que los que ahora tienen no valen un pimiento.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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