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Economía

La propuesta de VOX: una «perspectiva de familia» en todas las políticas públicas ante la crisis post covid-19

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Vox propone crear un Ministerio de Familia, prestación universal por hijo a cargo y cheque escolar para afrontar la salida de la crisis post covid-19. Vox defiende que “la familia ha vuelto a erigirse como la institución más eficaz y solidaria en tiempo de crisis”.

Vox ha elaborado un documento de Propuestas para la Comisión de la Reconstrucción Social y Económica que se ha celebrado durante las últimas semanas en el Congreso en el que reclama «10 rectificaciones urgentes» al Gobierno porque «un proyecto de reconstrucción no puede sustentarse en una agenda de demoliciones».

Entre las rectificaciones reclamadas se encuentra reconocer el número real de muertos durante la pandemia, liquidar la mesa bilateral «con los sediciosos de Cataluña al margen de la soberanía nacional», renunciar a la subida de impuestos, reducir los altos cargos o quitar a Pablo Iglesias de la comisión del CNI.

Además, la formación liderada por Santiago Abascal llama a reforzar el sistema sanitario para preparar a España frente a futuras pandemias mediante la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública, la revisión del Plan Nacional de Epidemias de virus respiratorios, la creación de la especialidad de Medicina de Emergencias, el cribado de coronavirus a viajeros o la dotación de servicios adecuados a las residencias de ancianos, entre otras medidas.

En clave económica, Vox critica «la tentación de subir impuestos», una reducción drástica del cuerpo legal regulatorio que afecta al Comercio y la Industria, mejorar la eficacia en la gestión de los fondos europeos, el apoyo a los autónomos medianteuna tarifa plana hasta 2021, el impulso de varios planes nacionales de reindustrialización, digitalización, infraestructuras y política energética o la promoción del consumo nacional.

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El documento también contiene un apartado dedicado al fortalecimiento de los pilares sociales, en el que subraya que «la familia ha vuelto a erigirse como la institución más eficaz y solidaria en tiempo de crisis que hace necesario introducir una perspectiva de familia en
todas las políticas públicas».

En este sentido, VOX propone la creación de un Ministerio de Familia «que impulse una política integral de protección de la familia natural que la reconozca como institución anterior al Estado» con el objetivo de alcanzar la media europea en cuanto a prestaciones familiares.

En concreto, la formación verde plantea crear una «prestación universal por hijo a
cargo para las familias españolas, creciente a partir del tercer hijo
» ya que la familia se ha mostrado como la «red de protección más eficaz» durante la crisis.

Además, Vox reitera que «el derecho a la vida es el primero de los derechos y debe defenderse desde la concepción hasta la muerte natural». Así, reclama la retirada de la ley de eutanasia que se tramita en el Congreso porque «desprotege a los mayores y dependientes». En esta línea, se pide que las mujeres en riesgo de aborto dispongan de «información veraz, asistencia y alternativas».

Respecto del reto que supone el invierno demográfico que padece España, Vox puesta por diseñar una estrategia nacional para la atención de la población anciana mediante planes de fomento del envejecimiento activo o la mejora de los sistemas de dependencia.

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Vox también reivindica entre sus propuestas el respeto al derecho de los padres a elegir con libertad sobre la educación de sus hijos mediante la puesta en marcha de un sistema de cheque escolar.

(actuall)

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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