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Economía

Los ayuntamientos podrán fijar el precio máximo del alquiler

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Los ayuntamientos podrán poner un techo a los precios del alquiler. El acuerdo suscrito entre el Gobierno y Podemos para fijar los Presupuestos Generales de 2019 recoge que los consistorios podrán declarar «una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas». Dentro de estas áreas, estas administraciones podrán «limitar las subidas abusivas del precio».

También se habilitará a los ayuntamientos para que elaboren un índice de precios de alquiler «de referencia de acuerdo con una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica». Esta medida está enfocada a que estas administraciones puedan «regular» el mercado.

El control de los precios del alquiler era uno de los ejes sobre los que giraba la negociación presupuestaria entre Podemos y PSOE. La formación morada había insistido en controlar el precio, una opción que había rechazado inicialmente el Gobierno. De hecho, en julio, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, descartó en declaraciones a RNE fijar un precio tope para el alquiler. Finalmente, el partido liderado por Pablo Iglesias ha conseguido que el Ejecutivo controle las subidas de estas rentas.

El acuerdo recoge más medidas en materia de vivienda. Tal y como había adelantado el Ejecutivo, se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de tres a cinco años. Además, la prórroga tácita, actualmente establecida en un año, se ampliará a 3 para personas físicas y a 7 si el arrendador es una persona jurídica. Serán necesarios seis meses de antelación para comunicar que no se pretende renovar este contrato.

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De igual forma, las comunidades de vecinos podrán vetar el alquiler turístico, una medida anunciada hace semanas por el Ministerio de Industria. Asimismo, no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza superiores a dos mensualidades del alquiler.

Críticas del sector inmobiliario

Del lado de la oferta, se construirán 20.000 viviendas en alquiler a «precios asequibles» en un plazo de cuatro años. Se blindará también la vivienda social con una ley, prevista para 2019, que garantizará su explotación «únicamente para alquiler de personas vulnerables». Por su parte, el Plan Estatal de Vivienda financiará a las regiones para que estas puedan ejercer los «derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas».

El pacto incluye asimismo la necesidad de fijar un marco legal para definir qué es un inmueble vacío y un «tenedor de vivienda», abriendo la puerta a imponer incentivos y sanciones para que estos propietarios saquen al mercado estos pisos. Los grandes tenedores tendrán que «colaborar con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precios razonables».

Los expertos del sector ya han advertido al Gobierno de que intervenir el mercado de la vivienda podía tener un efecto contrario. Esta misma semana, Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de Sociedad de Tasación, explicó en un evento los topes al alquiler «siempre repercuten en los precios». «Los propietarios son conscientes de cómo se aplican estas medidas y exigen una parte del alquiler en ‘B’», señaló.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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